Firmas ligadas a Rubén Núñez suman quejas
En páginas web aseguran que tienen convenios con gobiernos de 29 entidades Instituciones como el ISSSTE y la Ssa , entre sus supuestos clientes
Empresas relacionadas con la CNTE aseguran tener convenios con gobiernos de 29 estados y acumulan 211 denuncias de usuarios ante la Profeco.
La empresa Ediciones, Tratados y Equipos S.A. de C.V. (ETESA), que las autoridades relacionaron con la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), por depositar a sus líderes comisiones ilegales, junto con sus dos filiales, presume convenios con instancias federales como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Secretaría de Salud (Ssa) federal y con los gobiernos de 29 entidades.
ETESA y sus filiales Ábaco y Refácil han sido señaladas por cobros abusivos y cláusulas ilegales en los contratos de prestación de servicios que firman los trabajadores para obtener un crédito, por los cuales han sido sancionadas por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Considerada en el esquema de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades no Reguladas (Sofom ENR) por la Condusef, Refácil fue sancionada en 2012 por no tener “a la vista y de manera notoria” sus listas de comisiones en las sucursales u oficinas de atención al público; en 2013, la Condusef la señaló por cobrar al mismo tiempo inte- reses moratorios y comisión por pago tardío, no pago, cobranza o cualquier otro concepto equivalente, lo que es ilegal porque facilita que las empresas cobren un mismo cargo dos veces.
Mientras que Ábaco y Refácil acumularon 211 reclamaciones de usuarios ante Profeco en 16 meses, de enero de 2015 al primer trimestre de este año.
A pesar de ello, en sus páginas de internet, ETESA, Ábaco y Refácil presumen “presencia nacional”, puesto que entre sus clientes están los gobiernos de 29 entidades y, además de ofrecer sus servicios a instituciones educativas, también lo hacen con trabajadores del sector salud federal: del Hospital General, del Hospital Infantil de México, de los institutos de Neurocirugía y Psiquiatría, IMSS e ISSSTE, por ejemplificar algunas de las instituciones con las que estas empresas han firmado convenios.
ETESA y Consorcio Peredo S.A. de C.V., empresas ligadas al diputado federal por el Partido Nueva Alianza Bernardo Quezada Salas, son mencionadas en la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como parte del grupo de compañías que firmaron convenios ilegales con los líderes de la Sección 22.
El reporte señala que les entregaban a Rubén Núñez Ginez, secretario general, y a Aciel Sibaja Mendoza, secretario de Finanzas, comisiones de 3.5% sobre los descuentos quincenales que hacían a la nómina de los profesores. La investigación revela que las empresas y los liderazgos diseñaron un esquema de concentración de recursos para evadir controles legales de lavado de dinero, “con el claro fin de impedir el conocimiento de tales cuentas y recursos, así como el origen, propietarios y destino final de las mismas”.
La comisión de 3.5% la entregaban a cambio de la autorización para ofrecerles artículos de electrónica, línea blanca, muebles, cómputo, telefonía celular, motocicletas, automóviles y préstamos en efectivo a los maestros, con un sistema de pago que incluye descuentos directos a la nómina.
En internet, ETESA se presenta como empresa “líder con más de 20 años de experiencia atendiendo a un importante grupo de clientes entre los que figuran Magisterio Federal y Es- tatal, Sector Salud, ISSSTE, Trabajadores del Estado, etc. (...) ofreciendo las mejores marcas de prestigio, sin enganche, sin aval, sin costo de entrega en cualquier parte del país”.
ETESA tiene dos filiales: Abastecedora de Coches S.A. de C.V., Ábaco, de venta de automóviles; y Refácil Servicios Integrales S.A. de C.V., de otorgamiento de créditos personales por hasta 80 mil pesos. Las tres piden a los profesores talones de pago, identificación oficial y que la institución en la que trabajen tenga convenios con la empresa. Ofrecen no checar el buró de crédito y no cobrar comisiones por apertura de crédito, ni enganche.
Estas compañías, sin embargo, cobraban intereses de hasta 180%, y según quejas de trabajadores, han llegado a descontar hasta 90% de la nómina para cobrar los créditos, de acuerdo con solicitudes disponibles en la página de transparencia del ISSSTE.
En la solicitud 0063700195113, del 10 de mayo de 2013, un particular preguntó al ISSSTE el monto máximo que le podían descontar de su sueldo para pagar su deuda con ETESA: “¿Es posible y legal que el Instituto descuente a un trabajador 90% de su sueldo por cualquier concepto? ¿Cuánto es lo máximo que se le puede descontar sobre la nómina?”. El ISSSTE respondió que los descuentos no podrán exceder 30% del salario total.