El combate a la corrupción, tarea de todos
México abre un periodo histórico en materia de sanciones penales y administrativas para prevenir, investigar y combatir los hechos de corrupción.
La entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción es resultado de la aportación de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso y, de manera significativa, de la sociedad organizada, que impulsó iniciativas ciudadanas de interés público y de gran calado.
Con este sistema, los servidores públicos y los particulares vinculados a hechos de corrupción, serán sujetos a sanciones penales y administrativas, en otras palabras, podrán ser castigados con prisión y restitución del daño al erario público.
Le hemos dado el poder a la ciudadanía y, por primera vez, la lupa que vigilará y dará seguimiento a la evolución patrimonial de los servidores públicos estará en manos de la sociedad a través de un Comité Ciudadano.
Es de dominio público que la corrupción ha sido un tema cotidiano en México, esa fue la principal razón por la que se convirtió en una de las primeras iniciativas que presentó e impulsó el presidente Enrique Peña Nieto en el Congreso de la Unión.
La sociedad ha demostrado su hartazgo ante los partidos políticos, la policía, los gobernantes, los legisladores, jueces y otros actores públicos, al identificarlos entre las figuras que menos confianza generan.
El daño causado por la corrupción a la credibilidad del sector público, impacta en la competitividad, en el valor de la justicia, en la calidad de vida y hasta en la convivencia social y familiar. Si queremos extirpar la corrupción y la impunidad, tenemos que pasar de la queja y del escándalo público a los hechos a través de la denuncia y la aplicación estricta de la ley.
Es tiempo de transitar de la evidencia en los medios de comunicación a la denuncia ante la autoridad. Los abusos en contra de haciendas públicas, el enriquecimiento ilícito, el conflicto de interés, el cohecho, las licitaciones a modo, los moches, deben ser erradicado desde los frentes que forman los tres órdenes de gobierno, los poderes públicos e incluso el ámbito empresarial.
Estoy convencido de que el problema de la corrupción, en gran parte, reside en la tolerancia de algunas autoridades para castigarla, es decir, el encubrimiento que promueve la impunidad en la que se queda la mayoría de los casos. Preocupa que en la actualidad las autoridades únicamente castigan 2% de los delitos de servidores públicos; con el Sistema Anticorrupción que promulgó el presidente Peña Nieto esta realidad va a cambiar.
Con este modelo, pasamos de la acusación a la denuncia y al castigo de quienes abusan del cargo para beneficio personal. Este es el inicio de la recuperación de la integridad pública y debe ser el fin de la impunidad.
Estoy convencido que México y todos los mexicanos, trabajaremos muy fuerte en la próxima década para eliminar la etiqueta indeseable de la corrupción, y mejorar nuestros estándares en el contexto internacional.
Esto es sólo el inicio, aún queda pendiente la revisión de otras legislaciones, pero sobre todo, las acciones contundentes que sean prueba de que queremos tener un país más justo. Todos los mexicanos debemos aportar a consolidar nuestro Sistema Nacional Anticorrupción.
Iniciamos con el pie derecho, el acto valiente y de madurez política del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al ofrecer una disculpa pública sobre la casa blanca durante la promulgación de estas leyes, confirma su sensibilidad y determinación ante un tema que lesiona la integridad del servicio público, al tiempo que muestra su compromiso por un México honesto y transparente.
Asumir nuestros errores nos permite cambiar y mejorar, demos paso a una transformación histórica, a una verdadera revolución del servicio público, a una nueva forma de entender la política y a una etapa de retorno de la confianza perdida. Juntos, sociedad y gobierno, somos corresponsables de fortalecer y aplicar este nuevo modelo de combate frontal a los hechos de corrupción para eliminar la impunidad en México.