Héctor de Mauleón
“Varios municipios de Guerrero pactaron la protección de jefes criminales”.
Durante el pasado proceso electoral en Guerrero, el entonces candidato a la alcaldía de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, fue llamado a un rancho de la Tierra Caliente. El rancho es propiedad del jefe de plaza en Altamirano, un sujeto que usa indistintamente los nombres de José Pineda y Rodolfo Maldonado Bustos, y al que apodaban El JP o Don José. El propio Soto denunció más tarde que le habían pedido que se abstuviera de participar en la contienda.
No lo hizo, como se sabe, pero una vez que tomó posesión del cargo, en septiembre de 2015, el dueño de plaza le exigió el pago de un millón de pesos y le indicó a quién debía colocar como tesorero y director de Obras.
En una entrevista concedida meses después, Soto Duarte aseguró que Los Caballeros Templarios se habían infiltrado en por lo menos la mitad de la policía preventiva del municipio y dijo que aunque 58 elementos no habían aprobado los controles de confianza, la administración anterior los había mantenido en la nómina “porque el jefe de plaza no quería que los corrieran”.
“Las autoridades municipales están al servicio del jefe de la plaza, la gente de Seguridad Pública, de Tránsito, de Reglamentos, todos responden a ellos”, se quejó.
El alcalde interpuso entonces una denuncia ante la PGR. Por esos días, con el relanzamiento del operativo Tierra Caliente, la presencia de fuerzas federales se amplió considerablemente en la zona. Aunque no por mucho tiempo.
El 18 de octubre, Soto Duarte recibió un mensaje en su celular: “Se le pidió que se arrime a platicar, no se arrimó, es en buen plan, y usted no quiere… para mañana lunes (el jefe) quiere los 3 millones… si pasa un día será el doble”.
El gobierno federal tiene datos sobre El JP desde octubre de 2012, cuando siete sicarios detenidos con armas cortas y fusiles M-16 A2 con aditamentos lanzagranadas admitieron que formaban parte “del grupo de seguridad de José Pineda González y/o Rodolfo Maldonado Bustos, Don José, jefe regional de Los Caballeros Templarios”.
Los sicarios declararon que el brazo operativo de El JP era un sujeto apodado El Zarco (José Luis Espinosa Zarco), y que él mismo se encargaba del cobro de piso a los comerciantes, a quienes sólo era necesario decirles: “Le manda esto don José”.
Un reporte de inteligencia del gobierno de Guerrero afirma que el 14 de diciembre de 2015, El JP reclamó a Soto Duarte, a través de un video subido a YouTube, el pago de tres millones de pesos. El informe indica que el alcalde pidió ayuda al senador Armando Ríos Piter y obtuvo, de este modo, una escolta federal. Que el alcalde anduviera escoltado en un municipio sacudido por el secuestro y la extorsión provocó “infinidad de críticas” entre los ciudadanos, según el documento.
Días antes de su muerte, Soto Duarte se quejó de que el gobierno hubiera sacado a las fuerzas federales del municipio, puesto que la extorsión y el secuestro volvieron a enseñorearse. “Nos vamos a tener que armar”.
El pasado 5 de julio, en el vertedero municipal de Cutzamala, y dentro de una bolsa de plástico, apareció el cadáver de Sebastián Soto Rodríguez, primo y jefe de seguridad del alcalde. El cuerpo mostraba señas brutales de tortura y perforaciones de bala en cráneo y tórax.
El alcalde envió un tuit al presidente Peña Nieto: “Mataron a mi primo, estoy amenazado… ya es hora de actuar… Tierra Caliente lo necesita”.
Pungarabato es un municipio en el que los cuerpos de seguridad han detectado la presencia de una de las últimas células de La Familia Michoacana: la que encabezan Johnny Hurtado Olascoaga, alias El Pez, y su hermano José Alfredo, apodado El Fresa. Según el reporte de inteligencia elaborado por el gobierno de Guerrero, varios municipios de Tierra Caliente han pactado la protección de estos jefes criminales para “defenderse” contra el secuestro y la extorsión.
En ese turbio contexto se dio el asesinato del perredista Soto Duarte: lo esperaron en el sitio conocido como La curva del cajón. Ahí hicieron 600 disparos contra él, su chofer y los escoltas que lo acompañaban. El gobernador priísta Héctor Astudillo dijo que “llama la atención” que el alcalde hubiera elegido “una hora inconveniente” (las once de la noche) para viajar por una zona de alta peligrosidad.
Ignoro qué quiso sugerir. Lo que queda perfectamente claro es que el perredista recibió amenazas durante once meses y recurrió a todas las instancias posibles en demanda de ayuda.
“Llama la atención” que al gobernadorAs tu dil lo nada de esto le hubiera llamado la atención.