ANÁLISIS Rogelio Gómez Hermosillo.
Los cambios realizados por Inegi en la aplicación del Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015 (MCS) resultaron incomparables e increíbles. Y por eso, este martes, Inegi y Coneval anunciaron en un comunicado conjunto que los nuevos datos del MCS no serán utilizados para una nueva medición de la pobreza. Al menos no en este momento.
Y es que si bien en el lenguaje coloquial, algo incomparable e increíble es algo muy bueno, en el lenguaje técnico perder la comparabilidad es algo muy grave y serio. Si se rompe la continuidad de una serie de datos, se pierde la posibilidad de conocer la evolución de una realidad o situación. En este caso de la pobreza.
Y lo que pasó con la supuesta mejora aplicada por Inegi es que los datos resultaron además increíbles: la “mejora operativa” produjo un aumento de los ingresos de los hogares más pobres superior a 30% en un año.
Con este ajuste estadístico se saca de la pobreza a casi 11 millones de personas entre 2014 y 2015. Lo cual, evidentemente, no sucedió en realidad. Si hay menos pobres hoy, es que ya los había antes. Por eso nadie se puede colgar esa “medalla” y empezar con los discursos triunfalistas a justificar sus programas y acciones de gobierno.
Esta “mejora operativa” que no fue informada a la sociedad, que no fue planeada adecuadamente y que no fue probada y fundamentada técnicamente, ha abierto un escenario que permite todo tipo de especulaciones. Nos regresa a escenarios ya superados de discusión sobre la cantidad de personas en pobreza y la metodología para medirla.
El titular de Coneval en su comparecencia ante senadores y diputados de la Comisión Permanente del Congreso reiteró que no pueden usar esos datos. Porque si bien las estadísticas pueden y deben mejorar, el proceso de mejora requiere ser transparente, planeado con tiempo y probado en su rigurosidad antes de ser aplicado. Tiene razón. La ley no obliga a tener datos nacionales y estatales este año.
Por su parte, el titular del Inegi ha reconocido que no hubo comunicación suficiente. (Por cierto, hay que dejar claro que estas decisiones se tomaron antes de que el actual presidente, el doctor Julio Santaella, asumiera el cargo.) En la comparecencia ante el mismo grupo de senadores y diputados ha dicho que la decisión se tomó sin conocimiento de la Junta de Gobierno. Y que la decisión corresponde al nivel operativo. Al área responsable de las encuestas socioeconómicas. Grave responsabilidad.
¿Qué sigue? El mismo comunicado informa que se ha creado un grupo de trabajo entre Coneval e Inegi que evaluará si es posible dar comparabilidad a los datos. En la comparecencia, el titular de Inegi ofreció trabajar, de manera transparente, en conjunto con el sector académico y con la sociedad civil. Esto es imprescindible.
Sin embargo, hay un gran riesgo al pretender recalcular resultados mediante un ejercicio estadístico. El grupo de trabajo no debe romper los principios de certeza y transparencia que han sido parte de las fortalezas logradas por Coneval.
Pareciera entonces que más bien el reto del grupo técnico es evitar que se afecte también el levantamiento de la nueva Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016 que iniciará en unas cuantas semanas. Esta encuesta debe ser comparable con 2014. Esa es la prioridad.
Los datos de los municipios, que son los únicos que se requieren por ley para 2015, se pueden usar aunque no sean comparables. El debate no es sobre el rigor o precisión del dato. El grupo técnico debe dar las pautas para su uso. Lo importante es no pretender “arreglar” o recalcular resultados estatales o nacionales pues eso abre un gran espacio de discrecionalidad que no conviene a nadie.
La “mejora operativa” usada por el Inegi para medir la pobreza, al no estar bien fundamentada, nos regresa a escenarios ya superados de discusión sobre la cantidad de personas en pobreza y la metodología para medirla