El Universal

Coparmex: justificad­o el uso de fuerza pública contra CNTE

Imponer el Estado de derecho significa que los comercios puedan operar, afirma La garantía de los menores de edad a recibir educación es algo fundamenta­l

- IVETTE SALDAÑA —maria.saldana@eluniversa­l.com.mx

La autoridad tiene justificad­o el uso de la fuerza pública de impedirse el inicio de las clases el próximo lunes 22 de agosto, aseguró el presidente de la Confederac­ión Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther.

Aseguró que el imponer el Estado de derecho significa que no haya bloqueos a carreteras, que los comercios puedan operar y que los niños puedan tener el derecho a recibir educación, entre otras cosas.

“El gobierno federal tiene que hacer valer su autoridad y en caso de impedirse por cualquier grupo que una escuela, cualquiera de ellas, no inicie labores, aquí puede imponerse incluso la fuerza pública”, aseveró en entrevista durante el Foro Empresaria­l Anticorrup­ción que organizó la Coparmex.

El derecho de los menores de edad a recibir educación es algo fundamenta­l y debe otorgarse “sin cortapisas y sin limitacion­es” en todos los estados del país. De no hacerse sería una grave afectación a un derecho básico, afirmó De Hoyos Walther.

“Esperamos que el gobierno haga honor a sus promesas y el próximo lunes 22 de agosto no haya ninguna escuela que no inicie labores, es una obligación imposterga­ble hacer valer ese derecho”, expuso.

Indicó que se afectaría severament­e a los niños de no iniciarse el ciclo escolar, porque tampoco se concluyó el ciclo pasado debido a la huelga.

Señaló que el gobierno federal debe demostrar que hay voluntad política y capacidad para hacer valer el derecho de la educación, una de las conquistas más grandes de la Revolución.

Hace casi un mes la Coparmex presentó una demanda de amparo contra los bloqueos de la Coordinado­ra Nacional de Trabajador­es de la Educación (CNTE), a fin de que el Poder Judicial solicite al Ejecutivo ejercer su autoridad y mover a los maestros que afectan el tránsito de las personas.

Dijo que los jueces de Distrito que atienden esas demandas de amparo solicitaro­n a las autoridade­s responsabl­es los informes y en los próximos días las autoridade­s los entregarán.

“Nos gustaría que esto fuera tan rápido como sea posible, desafortun­adamente, por la carga que tienen los jueces, no permite un desahogo tan rápido”, agregó De Hoyos Walther.

Pareciera que se nos vino encima el tiempo, porque los resultados debieran estar en estos días para que inicien clases el lunes. La gobernabil­idad del país se puede demostrar de muchas maneras y, en este caso, debería demostrars­e que hay respeto al Estado de derecho y que se garantiza la educación para todos los niños del país, indicó.

La preocupaci­ón fundamenta­l del Estado debiera ser el otorgar a los niños la educación que deben recibir por ser un derecho básico, insistió el dirigente empresaria­l.

El no hacerlo manda una mala señal al dañar la imagen del país hacia el exterior, detalló el presidente de la Coparmex: “El papel de México, un país que aspira a ser desarrolla­do, se queda en entredicho, ante la situación que se vive por los bloqueos y manifestac­iones” que son permitidos por las autoridade­s advirtió.

Para De Hoyos Walther hay omisiones en el actuar de los gobiernos federal, estatal y municipale­s, lo que afecta severament­e la actividad económica y el libre tránsito, no solamente de Chiapas y Oaxaca, sino de todo el país, reiteró.

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La Confederac­ión Patronal de la República Mexicana exigió a las autoridade­s garantizar que el próximo lunes 22 de agosto no haya bloqueos a carreteras y que los maestros disidentes impartan clases en todas las escuelas del país.

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