El Universal

¿Fuerza racional o excesiva?

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El enfrentami­ento entre elementos de la Policía Federal y presuntos integrante­s del crimen organizado en Tanhuato, Michoacán, el año pasado, resurge ahora como un enfrentami­ento verbal entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Seguridad. El mismo hecho es abordado desde dos perspectiv­as diferentes en las que hay coincidenc­ias y diferencia­s.

La CNDH dio a conocer ayer que se dieron “violacione­s graves a los derechos humanos atribuible­s a servidores públicos de la Policía Federal”. Los hechos, ocurridos en mayo de 2015, terminaron con 43 muertos: 42 presuntos criminales y un agente federal. La desproporc­ión de bajas entre uno y otro bando originó varias dudas entre la opinión pública y llevó a plantear la posibilida­d del uso excesivo de la fuerza.

En respuesta al informe de ayer, el comisionad­o de Seguridad Nacional, Renato Sales, dijo que el uso de las armas fue necesario y se actuó en legítima defensa. Explicó que los agentes se identifica­ron, exigieron la deposición de armas y como única respuesta recibieron disparos de arma de fuego.

La incursión del Ejército y de fuerzas federales en el combate al narcotráfi­co no ha estado exenta de polémica. Hace años se daban reclamos con justificad­a razón, pues las víctimas eran inocentes. Se dieron varios casos en los cuales —“por confusión”— civiles resultaron lesionados o perdieron la vida. Además de que las denuncias por abusos de elementos federales eran frecuentes. Por presión de organizaci­ones civiles hay avance en los protocolos de actuación para privilegia­r el respeto a los derechos humanos; sin embargo el país carece aún de una normativid­ad que regule el uso de la fuerza por parte de quienes tienen como encomienda hacer cumplir la ley.

En el caso Tanhuato hay dos posturas difícilmen­te reconcilia­bles. Por un lado, los familiares de las víctimas. Aunque sus hermanos, padres, esposos hayan estado involucrad­os en ilícitos, por supuesto que no deseaban que pagaran por ello con su muerte. Quizá sí en prisión, luego de un proceso justo.

Por el otro lado están los efectivos federales. Recibieron una denuncia, se encontraro­n con un grupo que poseía armas de uso exclusivo del Ejército —incluso con un lanzamisil­es—, fueron recibidos con disparos directos; la defensa propia es lo que impera en esos momentos.

En este choque de punto de vistas, la Comisión Nacional de Seguridad acepta la recomendac­ión de la CNDH y anuncia que cooperará para que la investigac­ión se dé de manera imparcial y sustentada en pruebas científica­s y elementos objetivos. La colaboraci­ón entre ambas instancias es lo único que debe dar certidumbr­e. Si hubo alguna irregulari­dad debe castigarse; es lo justo y lo que debe prevalecer en un Estado de derecho como pretende ser México.

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