Iguala: resolución urgente
¿Pueden desaparecer 43 jóvenes que se transportaban en autobuses y nunca más conocerse de ellos? La respuesta lógica sería “no”, pero en México hace exactamente dos años se dieron los trágicos hechos de Iguala, donde estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa detenidos por presuntos grupos criminales desaparecieron sin que hasta ahora se conozca su paradero. La gravedad de lo sucedido trascendió de manera nacional e internacional y dejó al descubierto, en este caso, la colusión de autoridades y corporaciones policiacas municipales con la delincuencia.
La narrativa de lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del 27 se ha ido elaborando con testimonios de la población, de testigos y de algunas declaraciones que las autoridades obtuvieron de los más de 100 detenidos, pero el punto central (¿dónde quedaron los restos de los 43?) es todavía un asunto de polémica.
Aunque expertos de varios países han participado en la investigación, a pesar de que el caso cuenta con el mayor número de detenidos que se tenga registro y de que el expediente contiene más de 130 mil fojas en 201 tomos, aún no hay un conocimiento preciso de lo que sucedió hace dos años. Los padres de los jóvenes siguen sin aceptar la versión oficial de que los cuerpos fueron incinerados y lanzados a un río.
El esclarecimiento del secuestro de los 43 representa una prueba para todo el sistema que tiene que ver con la impartición de justicia. Ante las preguntas sin respuesta que surgen de las propias indagatorias que ha hecho públicas la PGR, los resultados finales seguramente no dejarán satisfechos a todos, pero debe contener elementos convincentes que no dejen cabos sueltos.
La resolución del caso es una necesidad apremiante en un país que necesita erradicar la impunidad y requiere de tener certeza jurídica en todos los casos que son investigados. El Poder Judicial tiene ahora el desafío de decidir si las pruebas aportadas son suficientes y si fueron obtenidas de manera legal. La sanción para los culpables y la indemnización a familiares de las víctimas son tema urgente.
Al país le conviene saber la verdad sobre lo que ocurrió en Iguala para cerrar un negro capítulo y avanzar en la mejora de sus instituciones. El tiempo apremia y no se puede apostar al olvido.