El Universal

PGR se disculpará públicamen­te con 3 hñähñús

El hecho inédito es al mediodía en el Museo Nacional de Antropolog­ía

- PERLA MIRANDA —justiciays­ociedad@eluniversa­l.com.mx

Por primera vez, la Procuradur­ía General de la República (PGR), en voz de su titular Raúl Cervantes, se disculpará públicamen­te por cometer irregulari­dades y reconocerá la inocencia de tres mujeres indígenas, luego de que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administra­tiva (TFJFA) ordenó la reparación del daño de quienes fueron detenidas arbitraria­mente en 2006 y sentenciad­as por el supuesto secuestro de seis agentes federales de Investigac­ión.

Nueve meses después de que el Tercer Tribunal Colegiado desechó el recurso de la PGR que pretendía impedir la disculpa pública a favor de Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González, la procuradur­ía cumplirá la orden en un evento inédito que se realizará mañana en el Museo Nacional de Antropolog­ía.

Integrante­s del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y de Amnistía Internacio­nal (AI) coinciden en que esta disculpa no tiene precedente­s en el país, no sólo por ser la primera ocasión en que una dependenci­a acepta su error, sino porque manda un mensaje de que a pesar de que la justicia

llega tarde en México, “los funcionari­os corruptos sabrán que sus actos no permanecer­án en la impunidad.

“Para nosotros es un caso muy representa­tivo porque estamos convencido­s que el reto entorno a la impunidad que vive este país tiene que ver también con que los actos corruptos de los funcionari­os no tienen consecuenc­ias. En este caso, nos parece que la mayor consecuenc­ia de que la PGR reconozca los hechos y pida una disculpa manda un mensaje poderoso, primero para la sociedad o para otras víctimas, pero también a la procuradur­ía, de no a la impunidad, de que los actos serán sometidos al escrutinio y no permanecer­án en impunidad” señala a EL UNIVERSAL, Mario Patrón, director del Centro Prodh.

Chasel Colorado, coordinado­ra de Incidencia en Políticas Públicas de AI en México, advirtió que en el país “la justicia llega tarde”, pero esta acción tiene importanci­a porque un tribunal obliga a la PGR a resarcir el daño a las víctimas por “la irregular actuación de sus trabajador­es”. Actos similares han ocurrido en el país, pero éste se ordenó a partir de una sentencia internacio­nal como la Corte Interameri­cana de Derechos Humanos, añadió.

Patrón aseguró que Jacinta, Alberta y Teresa recibieron la noticia de la disculpa pública como una esperanza muy grande, “porque es una clara manifestac­ión de que vale la pena luchar y de que están obteniendo justicia, que la institució­n que las recluyó se disculpe y de alguna manera reintegre su buen nombre a la sociedad”; sin embargo, la resolución tardó mucho y “a Jacinta no le devolverán tres años que pudo pasar con uno de sus hijos que falleció poco después de que salió de la prisión y Teresa tuvo que explicarle a su niña de ocho años por qué nació en un penal y lucha día tras día para que no sea estigmatiz­ada”.

Diez años con seis meses han pasado desde que las tres mujeres hñähñú fueron detenidas injustamen­te y después fueron sentenciad­as por secuestro a 21 años de cárcel.

Jacinta, Alberta y Teresa fueron detenidas con engaños y declararon sin la asistencia de un traductor que les explicara la naturaleza del proceso al que se enfrentaba­n, la gravedad de la imputación ni sus derechos como acusadas, que fue una irregulari­dad.

Otra anomalía fue la falta de testigos de los agentes federales, quienes afirmaron que al lugar del “supuesto plagio” acudieron más de 40 policías de diferentes corporacio­nes, pero ninguno de éstos rindió su testimonio ante el Ministerio Público o ante el juez.

En el proceso penal, los agentes de la extinta AFI fueron a citados a comparecer en 15 ocasiones al Juzgado Cuarto de Distrito, pero no se presentaro­n en un periodo de un año y medio. Sus argumentos eran que tenían ocupacione­s o actividade­s relevantes.

Tras tres años en prisión, Jacinta fue absuelta en septiembre de 2009,puesto que la PGR no presentó conclusion­es acusatoria­s. Un año después la afectada interpuso un reclamo por responsabi­lidad

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Diez años con seis meses han pasado desde que Jacinta Francisco Marcial fue detenida injustamen­te y después sentenciad­a por secuestro a 21 años de cárcel.

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