La corrupción se adueñó de la economía
La revista Time presentó en Twitter lo que será su portada de la edición del 27 de febrero en la que retrata el caos en la que está sumergida la Casa Blanca desde que Trump asumió la presidencia hace apenas cuatro semanas. En la ilustración de Tim O’Brien, que ha sido compartida miles de veces en las redes sociales, se observa a un Donald Trump indiferente mientras que una tormenta azota la Oficina Oval bajo el título “Aquí no hay nada que ver”.
A la distancia, una indiferencia parecida observamos en Los Pinos ante la vorágine de corrupción que envuelve al gobierno del presidente Peña Nieto y al sector público en general. Después del informe de la cuenta pública de la Auditoría Superior de la Federación y sus revelaciones sobre el manejo del gasto presupuestal en 2015, el retrato de la oficina presidencial sería muy similar a la ilustración de la portada de Time. La Auditoría ha cuestionado el uso y destino de más de 165 mil millones de pesos en ese año, de los que alrededor de 100 mil millones está aún pendiente de ser justificados y demostrados por el gobierno federal y otros 65 mil millones por los gobiernos estatales y municipales. Pero lo que no queda duda es que —como se presumía desde hace tiempo— miles de millones de pesos de recursos públicos fueron desviados en ese año hacia propósitos turbios, muchos de los cuales nunca nos enteraremos los ciudadanos.
Una de las modalidades más conocidas de desvío de recursos públicos son los contratos inflados que firman con sus proveedores las distintas dependencias del gobierno federal y de los gobiernos locales para cobrar suculentas ‘comisiones’ que van a parar a los bolsillos de los propios funcionarios o a fondos triangulados para sustentar campañas electorales. Estas ‘comisiones’ subieron de porcentaje en este gobierno hasta pedirnos 30% del monto de los contratos, me decía un alto ejecutivo de una empresa transnacional hace un par de meses.
Estas prácticas fraudulentas y criminales, avaladas por los altos funcionarios del sector público hasta la misma cabeza en Los Pinos, han sido parte de las revelaciones que dio a conocer la Auditoría Superior de la Federación. El sábado pasado Reforma publicó que la Secretaría de Desarrollo Social desvió en 2015, por lo menos, 923 millones de pesos a un grupo de empresas “presuntamente coludidas con funcionarios de la dependencia”, dinero asignado para los programas de baños ecológicos, recolección de agua pluvial, así como convenios con tres universidades del Estado de México para financiar proyectos con recursos federales.
Hay graves cuestionamientos de la Auditoría sobre cómo Sedesol repartió miles de millones de pesos en subsidios y apoyos a 184 programas sociales en 2015; por lo menos 9 mil 500 millones de pesos están cuestionados porque se entregaron de forma duplicada en programas de pensiones de adultos mayores, de becas para bachillerato y del Seguro Popular.
Pero estos son sólo botones de muestra de cientos —o quizá miles— de casos de corrupción, de tráfico de influencias y de conflictos de interés en los que está envuelto el sector público y el gobierno federal que hacen palidecer el caso de corrupción de la brasileña Odebrecht. La diferencia aquí en México, de lo que está ocurriendo en Sudamérica, es que la impunidad reina y la gran mayoría de ciudadanos indignados saben que nunca verán que la fiscalía y el Poder Judicial acusen y condenen por estos hechos de corrupción a altos funcionarios públicos involucrados en los casos denunciados por la Auditoría Superior de la Federación. No ha ocurrido en el pasado y nadie cree que ocurrirá con la cuenta pública de 2015.
A la rampante corrupción que la Auditoría ha exhibido en su más reciente informe, se unió el despilfarro, el desorden y la prepotencia con la que se manejaron los recursos públicos en aquel año, como en los anteriores, y que no ha cambiado sustancialmente en 2016. Buena parte de esa factura está contenida en la depreciación del peso, en la inflación galopante que hoy debemos pagar los ciudadanos con nuestro devaluado poder de compra, en el alza de precios a los combustibles o en una deuda pública que no ha parado de crecer.
Hay que advertir que el horizonte para 2017 luce peor aún en este terreno. Con una elecciones en el Estado de México en la que los priístas, con el presidente Peña Nieto por delante, se juegan prácticamente la elección presidencial, no tendrán reparo en meter mano a los recursos públicos. El reciente anuncio de Hacienda sobre los precios de las gasolinas, es parte del paquete político-electoral rumbo a la elecciones en el último gran bastión del presidente Peña Nieto.
Con todo y la indignación ciudadana, la corrupción se adueñó de la economía en este gobierno. El caos de la corrupción en Los Pinos.
Es probable que Tim O’Brien hubiera retratado una analogía similar de caos e indiferencia en Los Pinos, a la que hizo para la Casa Blanca.
El reciente anuncio de Hacienda sobre los precios de las gasolinas, es parte del paquete político-electoral rumbo a la elecciones