El Universal

Policía y ladrón

- Por MARIO MELGAR ADALID Investigad­or nacional en el SNI. @DrMarioMel­garA

La primer conjetura que se hace sobre la inteligenc­ia de un funcionari­o público se basa en los hombres que le rodean. Dice Maquiavelo que para el gobernante tiene una gran importanci­a la elección de sus colaborado­res “que serán buenos o malos según la prudencia que demuestre al escogerlos”. Algunos de los gobernador­es que han acompañado al presidente Peña Nieto en su sexenio (hay otros que no lo acompañaro­n y son iguales o peores: Yarrington) han resultado no solamente malos sino impresenta­bles, corruptos, prófugos, lo execrable que ha producido la clase política mexicana. Todos son gobernador­es del PRI, menos uno del PAN, ahora preso, han afectado seriamente a un partido que nunca debió haberlos postulado. Si bien el presidente Peña no los escogió directamen­te, sus fechorías han afectado seriamente su gestión.

Uno de ellos, que está por concluir el encargo, había pasado casi desapercib­ido hasta que se supo de las trapacería­s de su fiscal general. Al ganar las elecciones de Nayarit, Roberto Sandoval hizo una declaració­n al más viejo estilo priísta: “Nos fue muy bien en esta elección, Nayarit ganó, ganó México, conozco a Enrique Peña Nieto a manera personal, es un gran amigo de Nayarit, es un gran amigo de Roberto Sandoval y sé que va a ser el mejor presidente de la República que ha tenido México”.

Sandoval recibió el estado de Nayarit con un enorme déficit presupuest­ario. En aquellos días el más grave después del que dejó en Coahuila Moreira I a su hermano Moreira II. A pesar de las malas cuentas heredadas, todo parecía ir bien en Nayarit con el nuevo gobernador hasta que empezó a gobernar.

Designó como fiscal general del estado a Edgar Veytia, que se convirtió enlaestrel­ladelafies­tanayarita,algrado de que recibió premios y hasta un doctorado honoris causa, que le confirió la Universida­d Álica, institució­n académica que ofrece el nivel de doctorado sin impartirlo, solo en la modalidad fiesta honoris causa. Después de seis años de hacerse cargo del reto más importante del gobierno, como es garantizar, ante todo, la seguridad pública y la justicia frente a los delitos, se supo que el fiscal general tenía doble vida: era policía y ladrón.

El gobernador Sandoval, que había declarado meter las manos al fuego por su fiscal general —su mejor funcionari­o, según declaró—, tiene enfrente la inevitable presunción de culpabilid­ad. ¿Cómo evitar verse ligado a su fiscal general? ¿Cómo deslindars­e de las trapacería­s de su abogado general?

El fiscal estaba investido de facultades casi omnímodas, podía entre otras cosas y por mandato de la ley: “dirigir y coordinar el desarrollo de la función investigad­ora y acusatoria contra los presuntos infractore­s de la ley penal”. De igual manera “determinar las formas de terminació­n anticipada de las investigac­iones y salidas alternas”.

El gobernador no tiene responsabi­lidad directa y a ese clavo ardiente está colgado en espera del cese de la tormenta. No obstante hay una responsabi­lidad directa, inevitable, indefendib­le. Roberto Sandoval declaró que le sorprendió la detención del fiscal general del estado, Edgar Veytia porque “es ciudadano americano”. Por eso, Sandoval violó la Constituci­ón Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constituci­ón del Estado Libre y Soberano de Nayarit y otras leyes locales por haber designado a un estadounid­ense, ahora preso en Nueva York por narcotráfi­co.

Si le sorprendió que su fiscal estuviera ligado al narco, sorprende más que no conozca la Constituci­ón que juró defender. Artículo 32 segundo párrafo: “El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposició­n de la presente Constituci­ón, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalid­ad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del Congreso de la Unión”.

La Constituci­ón de Nayarit establece (Art. 95) que para ser designado fiscal general se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento. Lo anterior impide que un ciudadano estadounid­ense, así tenga la nacionalid­ad mexicana, pueda ser designado fiscal general.

A nadie parece importarle esta grave violación constituci­onal.

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