Moratoria a la Ley de Seguridad Interior
En un suceso inusual para nuestro país, los altos mandos de las Fuerzas Armadas, en voz del general Alejandro Ramos, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, llaman a acelerar la aprobación de la Ley de Seguridad Interior y dicen que esta pieza de legislación no puede estar sujeta a negociación política. Es decir, las Fuerzas Armadas se asumen como un actor que influye y califica la labor del Congreso. Se descalifican también las acciones para fortalecer las policías.
La primera duda que surge es, a qué iniciativa se refiere el general Ramos. Se han presentado una media docena que difieren en varios puntos cruciales. Lo que uno no encuentra en las iniciativas, ni tampoco en la entrevista, es una definición clara, acotada, de seguridad interior. De la entrevista y de las iniciativas, uno se queda con la idea de que en realidad lo que se pretende es contar con un esquema que permita en los operativos un régimen especial para incumplir con el debido proceso al que todos tenemos derecho según la Constitución.
Se dice que la ley urge debido a que existe un vacío legal. Pero ese vacío también existe en temas como uso de la fuerza, tortura o desaparición forzada, aunque no se percibe la urgencia de legislar en esos temas. Se dice que las Fuerzas Armadas llevan años en las tareas de seguridad, debido a las deficiencias de las policías, pero la ley en cuestión no ayudaría a resolver este problema. Por el contrario, puede servir de desincentivo para fortalecer a las policías.
La falta de una definición precisa de seguridad interior puede dar lugar a una presencia permanente del Ejército en tareas de seguridad pública.
No debemos, por responsabilidad, apresurar la aprobación de una Ley a la que se le han señalado tantos problemas. Más aún, parece imprudente avanzar en esta legislación sin atender los otros temas relacionados con la participación de las Fuerzas Armadas que están pendientes. Como señalaron en la páginas de EL UNIVERSAL Pedro Salazar y Sergio López Ayllón, los directores de IIJ UNAM y del CIDE, es necesario una moratoria en la aprobación legislativa de la miscelánea penal y de la ley de seguridad interior, como condición para avanzar en la discusión seria e integral de un nuevo modelo de procuración de justicia que sea eficaz, pero que respete los derechos de todos.
Me parece, sinceramente, que es lo que los mandos militares y, sobre todo, los militares encargados de las labores diarias de seguridad pretenden, pero que, me temo, no se va a lograr con el dictamen que resulte de las iniciativas presentadas en materia de seguridad interior. Por el momento se apura la aprobación de una propuesta que implica riesgos serios y que, en todo caso, tendría que ser discutida como parte de un paquete integral en materia de seguridad y procuración de justicia, que tuviera como objetivo principal garantizar seguridad y respeto a los derechos de los ciudadanos.