La madre de las investigaciones sobre los bancos

Alejandra Palacios ha decidido hurgar entre los archivos de uno de los sectores más poderosos del país. Y lo ha hecho no sólo porque presume que directivos y ejecutivos de los grupos financieros esconden delitos por prácticas que violan las leyes de competencia económica, sino porque hay evidencias que así lo muestran. De otra manera, la joven presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) no iniciaría una cruzada de este tamaño con las complicaciones que implican estas investigaciones y presiones de todo orden sobre ella y sobre los funcionarios involucrados de Cofece.

Aunque la investigación inició el 28 de octubre pasado, fue hasta el miércoles 19 de abril que Cofece publicó en el Diario Oficial de la Federación el extracto de acuerdo del inicio de la investigación por posibles prácticas monopólicas absolutas en la compra y venta de títulos de deuda del gobierno federal, principalmente por parte de casas de bolsa, bancos y diversos fondos de inversión que participan en este mercado. Así que, en suma, son los grupos financieros del país los que están bajo la lupa de los investigadores de Alejandra Palacios en un asunto que era, desde hace años, un secreto a voces en los corrillos financieros.

El cuestionamiento inicial de Cofece apunta a prácticas ilegales entre los intermediarios financieros para pactar precios en la compra de bonos del gobierno que, vía subastas, vende semanalmente el Banco de México y que habría perjudicado al gobierno federal al obligarlo a pagar tasas más elevadas. El asunto es de grandes proporciones. Los bonos del gobierno federal que circulan en el mercado ascienden a 6.1 billones de pesos y una gran cantidad de intermediarios financieros participan en las subastas, principalmente los mayores grupos del país.

Pero la investigación sobre prácticas anticompetitivas se extiende más allá de las subastas que cada martes realiza el banco central a cuenta de la secretaría de Hacienda. Es decir, que también Cofece investiga las operaciones de compra y venta de bonos entre intermediarios y particulares —el llamado “mercado secundario”— y en el que participan todos los grupos financieros del país.

De confirmarse que estos intermediarios financieros realizaron actos ilegales en contra de la competencia, las consecuencias serán de gran calado. No sólo por las sanciones que impone la Ley Federal de Competencia Económica y que incluye multas de hasta 10% de los ingresos a los intermediarios financieros, así como diversas sanciones económicas a las personas involucradas incluyendo la cárcel hasta por 10 años, sino también por el precedente que sentaría en el sistema financiero y por los cambios que impulsaría sobre la actuación de los propios reguladores, como la Secretaría de Hacienda.

Ya los banqueros se habían opuesto a ser sancionados al parejo que el resto de las empresas durante las discusiones sobre la Ley Federal de Competencia Económica que aprobó el Congreso y que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014. En aquellos días de negociaciones y cabildeos que precedieron a la aprobación de la ley, los presidentes en turno del gremio de los banqueros —Javier Arrigunaga, presidente de Banamex, y Luis Robles, presidente de BBVA Bancomer, ambos abogados— apelaron a un trato especial para los bancos en materia de sanciones argumentando el tamaño de los recursos que manejan y los riesgos para la estabilidad del sistema financiero.

Sin embargo, los argumentos no fueron suficientes y ahora estas sanciones amenazan a bancos, casas de bolsa y fondos de inversión —así como a docenas de directivos y ejecutivos— de encontrarse culpables de violar la ley de competencia.

Pero hay un asunto adicional en todo esto que los investigadores de Cofece encontrarán, pero que —muy posiblemente— no formarán parte de sus conclusiones. Y me refiero al trato preferencial que tiene la Secretaría de Hacienda con algunos grandes intermediarios financieros, lo que —se puede suponer— derivaría en información privilegiada particularmente entre los llamados “formadores de mercado” como BBVA Bancomer, Banamex, HSBC, Santander, JP Morgan, Bank of America y Barclays. Ello también supone alteraciones al comportamiento del mercado de deuda, según lo refieren operadores y analistas involucrados.

Se pudo observar este comportamiento el 25 de enero pasado —aquí lo publicamos el lunes 30 de enero— en la subasta de permuta de bonos que hizo el gobierno federal en la que retiró bonos de mediano plazo y los reemplazó por otros de largo plazo (26 años) con tasas superiores al 8% y que unos cuantos aprovecharon.

Como dije, es probable que sobre estos comportamientos que también alteran el mercado de deuda y en la que participa la autoridad hacendaria Cofece no se pronuncie, porque iría más allá de su competencia. Pero el solo hecho de que Cofece anuncie una investigación en marcha sobre todos los bancos y casas de bolsa por presuntas violaciones a la ley en el mayor mercado financiero del país abre una puerta que tiene en vilo a los poderosos banqueros.

Veremos hasta dónde llega Alejandra Palacios en esta delicada tarea. Pero, por lo pronto, la valiente presidenta de Cofece está demostrando que se pueden construir instituciones en México, a contrapelo de lo que está ocurriendo en Inegi, en el INE o ya no digamos en el naciente Sistema Nacional Anticorrupción, recientemente asaltado por el propio gobierno federal.

La valiente presidenta de Cofece está demostrando que se pueden construir instituciones en México