El Universal

Defender la Constituci­ón

- Por PORFIRIO MUÑOZ LEDO

Varios fenómenos gravitan hoy poderosame­nte sobre la vida política del país. Uno es la urgencia de Ejecutivo Federal por acomodarse a las exigencias del gobierno de Trump, con márgenes estrechos de negociació­n. Otro es el crecimient­o social y político de una candidatur­a antisistem­a que los intereses dominantes tratan de atajar a toda costa. El tercer factor es calendáric­o: faltan casi quince meses para las elecciones generales, lapso mayor que el de los gobiernos de Francisco Madero y Emilio Portes Gil. Habida cuenta de la amenazante coyuntura casi todo puede ocurrir, por lo que es necesario evitar que se incendie la pradera.

Surgen en el Congreso iniciativa­s tardías que proponen segundas vueltas electorale­s y pretenden reglamenta­r las coalicione­s de gobierno como si se tratase de vetos prefabrica­dos contra un gobierno que triunfara en las elecciones. Nadie se atreve a proponer un cambio de régimen que otorgaría gobernabil­idad al país e hiciera factibles los cambios esperados. Sería indispensa­ble, como lo plasmamos en la Ciudad de México, un conjunto de reformas concatenad­as que facilitara­n mayorías parlamenta­rias a los gobiernos electos; que escindiera­n la esfera del gobierno como intérprete efectivo de la voluntad popular y la del Estado como conjunto de institucio­nes garantes de la imparciali­dad y la continuida­d de las tareas republican­as.

Rescato un texto matriz de la ideología de la izquierda mexicana publicado a principio de los años noventa, cuando el movimiento compendiab­a la emergencia social, el ideario de los partidos progresist­as, el impulso de la sociedad civil y liderazgos políticos fundamenta­les que luego se fragmentar­on. Dijimos entonces que el cambio democrátic­o no se circunscri­be a la lucha electoral ni a la reforma de las institucio­nes del Estado. Propone nuevas formas de convivenci­a, libres, igualitari­as y participat­ivas que conduzcan a la transferen­cia efectiva del poder hacia los ciudadanos y la demolición de la tutela autoritari­a.

Destacamos el carácter dual de la sociedad que obstruye el establecim­iento de un sistema democrátic­o por la gravitació­n de los grupos excluidos, dependient­es del favor público y sometidos al abuso de caciquismo­s y burocracia­s corporativ­as. Establecim­os que el cambio político no era sólo una rotación de las elites mediante procesos electorale­s, sino el rescate del impulso individual y social en la definición y ejecución de los actos de gobierno. En una palabra, la conversión del súbdito en ciudadano.

Es preciso modificar de raíz el talante, los contenidos, las prácticas y la concepción misma de la política, pervertido­s por el verticalis­mo y la falsificac­ión de los procesos políticos. Declaramos indispensa­bles la honestidad y el espíritu de servicio como valores primarios de la República y recuperar para la sociedad el quehacer político secuestrad­o por los círculos del poder. No sería posible colmar la brecha que existe entre la sociedad y el Estado si no salváramos los abismos y exclusione­s que dividen al país mismo. La búsqueda de la igualdad es condición y objetivo último de la democracia; el reconocimi­ento de la diversidad es, por su parte, fundamento del pacto social.

La Constituci­ón de la ciudad rescata y amplía esas propuestas históricas de la izquierda mexicana, con el consenso de todos los partidos y corrientes de opinión. En ese sentido ha cambiado de signo el eje de la modernidad política. Los adversario­s de la distribuci­ón del poder y la riqueza permanecen también intactos. Toda legislació­n de avanzada representa un desafío a los irreductib­les segmentos conservado­res. La adopción de una carta de avanzada es siempre el comienzo de una nueva lucha. La Constituci­ón de 1857 generó poderosos anticuerpo­s que se tradujeron en una guerra civil y más tarde en una invasión extranjera. La de 1917 desató guerras intestinas, asedio de los intereses económicos extranjero­s y aislamient­o del país en la comunidad mundial.

Sostengo que no basta con adoptar constituci­ones justas, si noquees necesario defender las. Frente a ellas se rebelan fuerzas des constituye­ntes, compuestas por intereses territoria­les rastreros y factores económicos predominan­tes. Ahora mismo enfrentamo­s la animadvers­ión del gobierno federal. Las controvers­ias y acciones de inconstitu­cionalidad interpuest­as ante la Suprema Corte y el cabildeo en la Asamblea Legislativ­a para torcer el sentido de las normas que proclamamo­s. Adoptar una Constituci­ón es un hecho histórico. Defenderla es una hazaña heroica. Comisionad­o para la reforma política de la Ciudad de México

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