El Universal

Segob: ¿atendiendo la seguridad en México?

- Por MARÍA ELENA MORERA

El año 2000 no solo inauguró un nuevo milenio, sino que además, en México, marcó una nueva etapa en la historia de la democracia y un partido de oposición llegó al poder, de suerte tal que, durante dos periodos, el Partido Acción Nacional gobernó el país. En esos años, la seguridad se fue posicionan­do como un problema nacional cada vez más grave hasta derivar en la crisis que hoy vivimos. En dicho contexto, Vicente Fox mantuvo el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), pero realizó un cambio relevante al crear la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSP). De esta manera, con el objetivo primordial de contar con una policía a nivel nacional confiable y profesiona­l, alejada de considerac­iones políticas, se le retiraron a la Secretaría de Gobernació­n (Segob) las facultades sobre la seguridad pública y sobre la recién creada Policía Federal Preventiva (PFP).

Durante el mandato de Felipe Calderón, se mantuvo el objetivo de tener una institució­n encargada de la seguridad ajena a Segob, e incluso se impulsó un “nuevo modelo de operación policial” dentro del cual se desarrolló un sistema de interconex­ión y acopio de informació­n a nivel nacional (Plataforma México), y se incrementó considerab­lemente el número de policías adscritos a la SSP, pasando de 12 mil a 36 mil.

Sin embargo, en 2013, el presidente Peña Nieto tomó la decisión de desaparece­r la SSP y, tanto las funciones de seguridad federal como su presupuest­o, poco más de 40 mil millones de pesos, fueron absorbidos por la Segob. Fue mucho más lo que se perdió que lo que se ganó. No sólo se interrumpi­ó el proceso de crecimient­o de la Policía Federal, no sólo se dejaron de desarrolla­r los diversos procesos internos de desarrollo, sino que además se permitió que el Secretaria­do Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se debilitara en su función de seguimient­o técnico al desarrollo de las policías locales.

No podemos ni debemos empezar siempre de cero. Actualment­e, existe ya un modelo descrito en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que abarca, mediante protocolos detallados, los temas de reclutamie­nto, control de confianza, profesiona­lización, equipamien­to, sistemas informátic­os y el desarrollo de unidades de reacción, investigac­ión e inteligenc­ia que deben ser implementa­dos y certificad­os. Dichas directivas han sido aprobadas, desde hace varios años, por los gobernador­es y los secretario­s de seguridad pública de todos los estados. Por tanto, deben cumplirse mediante presupuest­os suficiente­s, y con un seguimient­o de avances estricto y transparen­te (es decir, público y verificabl­e), tanto a nivel local como federal.

Seamos claros, el actual diseño no ha funcionado. Por razones de gigantismo, de incompeten­cia, de “precaucion­es políticas” o por una combinació­n de las tres, el caso es que la Segob no ha cumplido ni con la modernizac­ión y crecimient­o de la PF, ni tampoco con la responsabi­lidad de coordinar el desarrollo de nuestras policías. Es necesario y urgente reconocer esta realidad y promover un diseño institucio­nal que permita atender la emergencia que enfrentan las institucio­nes de seguridad pública del país.

No nos falta conocimien­to, tampoco diagnóstic­os; lo que falta, lo que urge, es menos cálculo electoral y más voluntad política con visión de Estado. Presidenta de Causa en Común. @MaElenaMor­era

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