EVITAR UN BAÑO DE SANGRE EN VENEZUELA: VIVANCO
Cada vez parece más probable que el gobierno autoritario del presidente Nicolás Maduro termine antes de lo que él quisiera. Pero es difícil prever cómo terminará. Es de esperar que haya una transición pacífica hacia un sistema democrático. Pero también podría correr mucha sangre.
Hoy en Cancún los cancilleres del hemisferio se reunirán para definir una respuesta común a las prácticas represivas del gobierno venezolano. Dada la intransigencia de Maduro, deberían centrar su atención en los responsables de la represión. Que haya una transición pacífica podría depender de hasta dónde están dispuestos a llegar los funcionarios del régimen para mantener a Maduro en el poder.
El mes pasado, varios medios de comunicación difundieron una grabación secreta, en la cual un grupo de generales venezolanos discutían sobre el uso eventual de francotiradores contra manifestantes. Un general dice que estaría dispuesto a cumplir con las ordenes que reciba. Pero luego expresa su temor que en el futuro el Ministerio Público no los vaya a “amparar”. “Mañana puede caer cualquiera de nosotros presos”.
Hasta hace poco, estos oficiales no tenían motivos para preocuparse. La última vez que el gobierno de Maduro reprimió fuertemente manifestaciones opositoras, en 2014, la fiscal general, Luisa Ortega, no impulsó mayores investigaciones sobre los abusos generalizados cometidos por las fuerzas de seguridad. Por el contrario, los fiscales bajo su autoridad fueron cómplices de la represión, e incluso manipularon causas penales contra víctimas.
Sin embargo, la misma fiscal general ahora ha empezado a pronunciarse en defensa de los derechos de
Un inmenso incendio forestal dejó al menos 61 muertos, muchos de ellos calcinados en el interior de sus vehículos, y más de medio centenar de heridos en el centro de Portugal, donde ayer los bomberos seguían luchando contra las llamas.
Cerca de 800 bomberos y 250 vehículos combatían el fuego que se declaró el sábado en la localidad de Pedrogao Grande, a unos 50 km de Coimbra, en la región de Leira, y se extendió rápidamente por varios frentes. Según un nuevo balance anunciado por el primer ministro Antonio Costa, la cifra de muertos fue corregida de 62 a 61 porque un fallecido había sido contabilizado dos veces, pero “seguramente encontraremos más víctimas”, añadió el jefe de gobierno, visiblemente conmovido por la tragedia luego de una visita al sitio del incendio.
Muchas de las víctimas se vieron atrapadas por las llamas en el interior de sus coches cuando circulaban por una carretera cercana. “Es difícil decir si estaban huyendo del fuego o fueron sorprendidos por él”, de acuerdo con João Gomes, secretario de Estado de Administración Interna, encargado de informar de la evolución del suceso.
La mezcla de vientos cruzados, altas temperaturas y tormentas secas estuvieron detrás del devastador incendio. Las imágenes más dantescas eran las de la carretera que une los municipios de Figueiró dos Vinhos y Castanheira de Pera, con numerosos los manifestantes. En el último mes, repudió detenciones arbitrarias llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad, pidió que la justicia libere a decenas de detenidos, anunció que imputaría a funcionarios de seguridad responsables de abusos e incluso cuestionó la reforma constitucional que impulsa Maduro.
¿A qué se debe este repentino interés de la fiscal Ortega por el Estado de derecho? Muchas cosas han cambiado. Primero y principal, el rechazo de los venezolanos al gobierno actual es cada vez más abrumador.
Además, los gobiernos de la región finalmente han comenzado a alzar la voz contra Maduro. Tras la represión de 2014, el presidente Obama aplicó sanciones a ciertos funcionarios venezolanos implicados en violaciones de derechos humanos. En marzo pasado, 14 gobiernos firmaron una declaración conjunta instando al gobierno de Maduro a adoptar tres medidas para restaurar el orden democrático: liberar a los presos políticos, celebrar elecciones y restablecer la separación de poderes.
Este nuevo contexto regional aparentemente ha afectado el cálculo costo-beneficio de ciertos funcionarios que podrían terminar siendo cómplices de violaciones de derechos humanos. No sorprende, entonces, que la fiscal general haya empezado a distanciarse de la represión, ni que los generales teman terminar en la cárcel.
En Cancún, los gobiernos que firmaron la reciente declaración conjunta intentarán persuadir al resto de que apoyen sus tres demandas. Para evitar un baño de sangre, deberían añadir una nueva: que los funcionarios militares o civiles responsables de graves abusos tarde o temprano serán llevados a la justicia. Un mensaje contundente de la comunidad internacional advirtiendo que los responsables de abusos deberán rendir cuentas podría intensificar la preocupación de los generales que podrían ser castigados eventualmente si se involucran en hechos atroces.
En pasadas crisis políticas en América Latina, era usual que algunos abogaran por amnistías sosteniendo que las demandas por justicia dificultan la transición democrática. Dado que Maduro parece estar resuelto a aferrarse al poder a cualquier costo, la máxima prioridad para la comunidad internacional debería ser impedir que Maduro intensifique la represión. Cualquier gobierno que necesite recurrir a francotiradores para contener el descontento popular acabará el día que sus oficiales desobedezcan la orden de disparar. vehículos totalmente calcinados. Medios lusos la bautizaron como la “carretera de la muerte”. “Se quedaron atrapados en una ratonera de humo”, dijo a la prensa el presidente de la Liga de los Bomberos de Portugal, Jaime Marta Soares, quien explicó que “cuando las personas entraron en esas carreteras, el incendio podría estar a kilómetros de distancia”.
Las llamas avanzaron más rápido de lo que pensaban, avivadas por los fuertes vientos y las altas temperaturas (más de 40 grados), y se propagaron de forma “que no tiene explicación”, llegó a decir Gomes.
El director nacional adjunto de la Policía Judicial (PJ), Pedro do Carmo, dijo que “la información recogida hasta el momento en el lugar del suceso nos permite pensar que, con un alto grado de certeza, la causa del fuego sea un rayo que alcanzó un árbol”.
El presidente portugués Marcelo Rebelo de Sousa apeló a la unidad de los portugueses, a la solidaridad y a “proseguir el combate en curso” contra el incendio. El gobierno decretó tres días de duelo por esta tragedia, la peor de su tipo, por el número de muertos, en dos décadas.
Italia envió ya dos aviones de bomberos para colaborar en la extinción del incendio portugués.
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, expresó su “profunda tristeza” y sus condolencias al gobierno y ciudadanos de Portugal. “Estoy conmocionado y horrorizado por la cantidad de vidas que se cobraron los devastadores fuegos”, dijo quien fuera primer ministro portugués. “Naciones Unidas está lista para prestar asistencia de cualquier manera posible”, añadió. Desde el Vaticano, el papa Francisco expresó su “cercanía con el querido pueblo portugués”.