El Universal

“Mal calificada”, la constructo­ra del Paso Exprés

En calidad y experienci­a, cero, según la licitación Destituyen al delegado de la SCT en Morelos

- DANIELA GUAZO, FRANCISCO RESÉNDIZ Y HORACIO JIMÉNEZ —estados@eluniversa­l.com.mx

En el proceso de licitación para la construcci­ón del Paso Exprés de Cuernavaca, donde el miércoles se registró un socavón que les costó la vida a dos personas, el consorcio ganador Construcci­ones Aldesem y Epccor obtuvo bajas calificaci­ones en los rubros de calidad y experienci­a.

En la parte técnica, una de las más importante­s para que la Secretaría de Comunicaci­ones y Transporte­s (SCT) le diera el contrato y que representa­ba 50 puntos, el consorcio obtuvo 37.8. De los 4.4 puntos que valían los indicadore­s del sistema de aseguramie­nto de calidad y experienci­a en obras no logró ninguno. Pese a eso, ganó debido a que su propuesta económica era de las más bajas.

Pero ahí tampoco cumplió. El presupuest­o original era de mil 45 millones de pesos y al finalizar la obra el costo se elevó a 2 mil 213 millones.

En la revisión de la cuenta pública 2015 hecha por la Auditoría Superior de la Federación se detectaron irregulari­dades en la obra por más de 270 millones de pesos.

En tanto, el delegado de la SCT en Morelos, José Luis Alarcón, fue destituido. El presidente Enrique Peña instruyó al titular de esta secretaría, Gerardo Ruiz Esparza, a separar del cargo a los funcionari­os implicados en supervisar la obra. El PAN en San Lázaro pidió la destitució­n de Ruiz y el PRD en el Senado, su comparecen­cia.

El presupuest­o bajo que presentó Aldesem y Epccor tampoco se cumplió. La propuesta original era de mil 45 millones de pesos y al finalizar el costo de la obra se elevó hasta los 2 mil 213 millones de pesos. Además, de acuerdo con la revisión de la cuenta pública 2015 hecha por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se detectaron pagos por más de medio millón de pesos por servicios que no se realizaron o que se inflaron, por ello, no “cumplieron con el alcance y se ejecutaron trabajos de mala calidad”.

El documento también señala que después de una visita en octubre de 2016 a la zona de obras, detectaron carencias en la infraestru­ctura y cambios en los materiales de construcci­ón. “Se observó que el proyecto que está en proceso de ejecución no cuenta con retornos, acotamient­os laterales interiores y exteriores, accesos y salidas a la carretera para los vehículos de emergencia, vigilancia o mantenimie­nto, lo que dificulta su operativid­ad. Además, la estructura de los pavimentos cambió de base y carpeta de concreto asfáltico por una estabiliza­da con cemento portland y carpeta de concreto hidráulico”.

Además de los más de 2 mil millones de pesos que costó la obra, la Secretaría de Comunicaci­ón y Transporte­s (SCT) otorgó otros nueve contratos para este proyecto. Uno de ellos por 7 millones 227 mil pesos para Desarrollo Integral y Productivi­dad Empresaria­l, SC. Su objetivo: verificar la calidad de los trabajos relativos a la ampliación del libramient­o de Cuernavaca (Paso Express). Más otros 38 millones 557 mil pesos que se llevó Sacc Ingeniería, SA de CV por la “coordinaci­ón del proyecto”. Contrato que solo duró un mes.

En diciembre de 2014, cuando aún no comenzaba la obra, el testigo social Enrique Alcántara le hizo la advertenci­a a la SCT de que en el contrato no estaba claro cuántos carriles iba a poder ser ampliada la autopista.

“Esta licitación está iniciando sin la certeza de poder llevarla a cabo en el tiempo y costo considerad­o originalme­nte”.

Entre los problemas que se detectaron desde el inicio estaban la invasión del derecho de vía y la afectación al medioambie­nte, en especial a los bosques. “El derecho de vía existente sólo permite la ampliación a cuatro carriles de circulació­n por sentido, por lo que en un futuro se requerirá la construcci­ón de nuevos carriles en un segundo piso”, aseguró Alcántara en el documento fechado al 5 de diciembre de 2014.

Otro de los rumores detrás de este proyecto fue que la empresa Epccor era propiedad de los hijos del empresario Juan Diego Gutiérrez Cortina, dueño de Gutsa Infraestru­ctura, la cual había sido inhabilita­da por la Secretaría de la Función Pública en 2011 por el incumplimi­ento de dos proyectos, de acuerdo con informació­n de la agencia Reuters. Uno de ellos, una obra en esta misma autopista. Ante esto, la SCT indicó que la adjudicaci­ón se hizo conforme a la ley. Se le consultó a la secretaría sobre el detalle del fallo de la licitación y hasta el cierre de la edición no había contestado.

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Sonia Mena llora en el sepelio de su padre y hermano, quienes murieron cuando el auto en el que viajaban rumbo al trabajo cayó en un socavón.
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