El Universal

El sistema contra la corrupción nace cojo

Senado y estados incumplen con designacio­nes y nuevas leyes Hay riesgos de operativid­ad: expertos; plazo vence el 19 de julio

- ALBERTO MORALES —alberto.morales@eluniversa­l.com.mx

Sin fiscal anticorrup­ción ni magistrado­s especializ­ados y sin sistemas estatales completos existen riesgos de operativid­ad del Sistema Nacional Anticorrup­ción (SNA), advirtiero­n especialis­tas en transparen­cia.

El Senado incumplió con la designació­n del fiscal de la PGR para el tema y en la ratificaci­ón de 18 magistrado­s, para lo cual tenían como plazo el 19 de julio próximo.

La falta de nombramien­tos es un tema fundamenta­l, puesto que sin esas figuras “tendremos un SNA cojo”, advirtió la diputada Minerva Hernández (PAN), integrante del Caucus Anticorrup­ción en San Lázaro.

“Los trabajos del SNA no se pueden detener, porque hay un mandato de ley; lo que va a pasar es que operará con deficienci­as”, aseguró el investigad­or del CIDE, Mauricio Merino.

Para Fernando Nieto, ex integrante del Comité de Acompañami­ento Ciudadano para la Designació­n del Fiscal Anticorrup­ción, el gran problema es que el sistema está incompleto.

El 19 de julio vence también el plazo constituci­onal para que los estados tengan su legislació­n anticorrup­ción. Sin embargo, de las 32 entidades federativa­s, sólo Chiapas y Nayarit tienen una ley satisfacto­ria, de acuerdo con reportes de organismos civiles.

Para suplir la falta de fiscal la PGR cuenta con la Unidad Especializ­ada en Investigac­ión de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra Administra­ción de Justicia, mientras que el Tribunal Federal de Justicia Administra­tiva habilitó una sala auxiliar especializ­ada en casos de corrupción.

“Los trabajos del Sistema Nacional Anticorrup­ción no se pueden detener, porque hay un mandato de ley; lo que pasará es que va a operar con deficienci­as” MAURICIO MERINO Especialis­ta en transparen­cia

El Comité Coordinado­r del Sistema Nacional Anticorrup­ción (SNA) publicó este viernes el acuerdo por el que da a conocer las nuevas condicione­s en las que los funcionari­os se verán obligados a presentar sus declaracio­nes de situación patrimonia­l y de interés.

Los lineamient­os específico­s se darán a conocer el próximo 18 de julio, cuando sea publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley General de Responsabi­lidades Administra­tivas.

El Comité Coordinado­r del SNA emitirá las normas y los formatos bajo los cuales deberán presentars­e las declaracio­nes, mismos que estarán contenidos en la ley que entrará en vigor el 19 de julio de este año.

A partir de esa fecha, las personas que ingresen por primera vez al servicio público, reingresen o estén en calidad de obligadas deberán presentar sus declaracio­nes, mientras que quienes ya se encontraba­n obligados a presentarl­a, continuará­n haciéndolo en los términos que establece el artículo 33 de esa ley.

Los funcionari­os estarán obligados a presentar estas declaracio­nes ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), cuando sea el caso de una declaració­n inicial, ya sea ingreso o reingreso al servicio público, y deberá presentars­e dentro de los 60 días naturales siguientes a la toma de posesión del cargo.

La obligación de los servidores públicos para presentar estas declaracio­nes, que no se era obligatori­a hasta antes del 19 de julio, será exigible hasta que el Comité Coordinado­r del Sistema Nacional Anticorrup­ción dé a conocer oficialmen­te los formatos que se aplicarán y se encuentren operables.

La Ley General de Responsabi­lidades Administra­tivas señalará que los sujetos obligados antes de la entrada en vigor de esta ley seguirán presentand­o su declaració­n de modificaci­ón patrimonia­l durante el mes de mayo de cada año y la de conclusión del encargo, dentro de los 60 días naturales siguientes.

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