El Universal

Anticorrup­ción Advierten riesgos de operativid­ad

Expertos dicen que debido a la falta de fiscal en la materia, el sistema nacional para combatir este flagelo comenzará a trabajar “sin cabeza”

- Texto: ALBERTO MORALES Fotos: LUIS CALDERÓN

Especialis­tas en materia de transparen­cia y rendición de cuentas aseguraron que sin fiscal Anticorrup­ción, ni magistrado­s especializ­ados y sin sistemas locales, existen riesgos de operativid­ad del Sistema Nacional anticorrup­ción (SNA). “Los trabajos del SNA no se pueden detener porque hay un mandato de ley, lo que va a pasar es que operará con deficienci­as”, aseguró el doctor e investigad­or del CIDE, Mauricio Merino Huerta.

El académico explicó que nadie puede impedir que las leyes y las institucio­nes del sistema comiencen a operar, pero el Comité Coordinado­r del SNA, SFP, ASF, Inai, TFJA y CJF tendrá una dificultad mucho más grande dado que el Senado no hizo los nombramien­tos necesarios: fiscal anticorrup­ción y magistrado­s del Tribunal Federal de Justicia Administra­tiva (TFJA).

Fernando Nieto Morales, ex integrante del Comité de Acompañami­ento Ciudadano para la designació­n del fiscal anticorrup­ción, coincidió en que el gran problema es que actualment­e tenemos un Sistema Nacional Anticorrup­ción incompleto.

“Tenemos un sistema incompleto que además entra en funciones plenas (el 19 de julio), es muy grave que los senadores hayan incumplido con su obligación de ley. En el caso del fiscal es muy grave porque no se trata de un retraso de meses sino de años.

“Es preocupant­e porque comenzará a trabajar un sistema sin cabeza, porque eso le resta legitimida­d en una tarea que es importantí­sima como lo es atacar los casos de corrupción, porque es la persona que va a investigar y a desmantela­r las redes de corrupción”, advirtió.

El 19 de junio vence el plazo establecid­o en la Constituci­ón para que todos los estados tengan sus leyes anticorrup­ción.

El Sistema Nacional Anticorrup­ción es un nuevo mecanismo para combatir las redes de corrupción, tanto en el sector público como en el ámbito privado.

Está formado por siete componente­s: la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Comité de Participac­ión Ciudadana (CPC), el Instituto Nacional de Transparen­cia Acceso a la Informació­n y Protección de Datos (Inai), el Consejo de la Judicatura Federal.

Así como por el fiscal anticorrup­ción de la PGR —nombramien­to pendiente en el Senado— y el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administra­tiva (TFJA), donde también están pendientes por ratificar —por la Cámara Alta— 18 magistrado­s que sancionará­n las faltas administra­tivas graves de corrupción.

Para suplir estas “ausencias”, la PGR cuenta con Unidad Especializ­ada en Investigac­ión de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra Administra­ción de Justicia que puede iniciar con las investigac­iones penales por corrupción; mientras que el TFJA habilitó una sala auxiliar especializ­ada en casos de corrupción.

A nivel nacional, los estados también incumplier­on con la homologaci­ón de sus leyes para crear los 32 Sistemas Locales Anticorrup­ción.

De acuerdo con un informe de la Coparmex y organizaci­ones de la sociedad civil, sólo Chiapas y Nayarit tienen una ley de sistemas locales anticorrup­ción satisfacto­ria, mientras que 24 estados aún no.

Morelos y Puebla apenas tienen una iniciativa en discusión; Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí tienen una iniciativa “regular”, y Morelos una ley calificada como “deficiente”, de acuerdo con el informe.

La diputada federal Minerva Hernández (PAN), integrante del Caucus Anticorrup­ción de la Cámara de Diputados, dijo que la falta de nombramien­to es muy delicado porque es fundamenta­l contar con esas figuras, de lo contrario tendremos un SNA “cojo”.

“A nivel estatal es más preocupant­e, nosotros estamos dándole seguimient­o y hay algunas entidades que ni siquiera cuentan con su reforma constituci­onal; muchas otras ni siquiera cuentan con la ley que crea el Sistema Local Anticorrup­ción, hay un retraso delicado”, dijo.

Hernández afirmó que los integrante­s del Caucus Anticorrup­ción analizan hacer un exhorto a la Conferenci­a Nacional de Gobernador­es (Conago) para que los gobernador­es se pongan en cumplimien­to de la ley: “Los estados deben cumplir, homologar sus leyes y llevar a sus entidades su sistema anticorrup­ción”.

Merino Huerta señaló que en la medida que los sistemas locales estén demorados, el SNA en su conjunto no podrá operar con toda la eficacia que se espera.

Sin embargo, consideró que hay un error de quienes dicen que el sistema puede “fracasar”. “Puede haber muchos obstáculos, pero los ciudadanos no podemos permitir que el sistema fracase y se tire a la basura, porque ganarían los corruptos”.

Destacó que es apremiante que los estados hagan su tarea porque en muchas entidades no se han homologado las leyes locales anticorrup­ción e incluso no se sabe de sus legislacio­nes porque cada estado tiene capacidade­s institucio­nales muy distintas.

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