La aprobación de una ley general contra ese delito marca un antes y un después en derechos humanos, afirma relatora
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destacó los “avances importantes” que México ha realizado para eliminar la tortura en el país, en parte por la aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o degradantes, el pasado 26 de junio.
“Se trata de un avance sumamente significativo”, felicitó la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, relatora de la CIDH para México.
Para la CIDH, la implementación plena de la nueva ley “histórica” podría “marcar un antes y un después” en el respeto y garantías de derechos humanos en el país con personas detenidas en el proceso y hasta que son presentados ante el juez.
Desde hace tiempo, la práctica de la tortura en México ha sido un “tema de preocupación” para la CIDH y parte fundamental de los informes sobre derechos humanos, ya que los tratos “crueles, inhumanos y degradantes” son comunes.
En un informe publicado en 2016, la CIDH recomendaba al gobierno mexicano la adopción de una ley sobre el tema, en consonancia con otras instituciones y organismos de derechos humanos como el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
“La ley establece la absoluta prohibición de la tortura, así como la prohibición del uso de pruebas obtenidas mediante torturas, sin excepciones. Esto da cumplimiento a las recomendaciones que la CIDH dio a México en su último informe de país”, felicitó Arosemena de Troitiño en un comunicado.
En ese reporte, el organismo mostraba su preocupación por la “alarmante” práctica de tortura “generalizada” en México y su impunidad, con miles de casos reportados sin sentencias establecidas. Recomendaba “adoptar todas las medidas necesarias” para que se cumpliera la ley a todos los niveles de poder —federal, estatal y local— y ajustándose a las mejores prácticas internacionales y estándares establecidos en la materia.
La aprobación de la ley responde a esta petición. La CIDH, en ese sentido, exhortó al gobierno mexicano a “invertir los recursos financieros necesarios” para que la legislación se implemente en toda su amplitud y efectividad, de manera “integral”, en todo el país.
La CIDH se congratuló de que la redacción del texto legislativo se realizara de forma conjunta con colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil, universidades y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
“La puesta en vigencia de esta legislación es un mensaje contundente del Estado mexicano contra la impunidad, en cumplimiento con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, concluye.