Corrupción genera que reos hagan posgrado en criminalidad

Tres prisiones que se ubican en el Estado de México y una de la CDMX presentan los mayores índices: encuesta

En el país cuatro prisiones son las más corruptas, que separan en menor medida a los procesados de los sentenciados, donde más de la mitad de los internos comparte cama y en una misma celda viven 15 o más, donde es más difícil conseguir comida, atención médica, medicinas o tener acceso en las celdas a servicios básicos como agua, luz y drenaje.

Se trata de los Centros de Prevención y Readaptación Social de Ecatepec, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla, en el Estado de México, y el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en la Ciudad de México, de acuerdo con un análisis de datos de la Primera Encuesta de Población Privada de la Libertad (Enpol) que aplicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La corrupción, coincidieron especialistas, es lo que tiene al sistema penitenciario en el país, al borde de la “implosión”.

René Jiménez Ornelas, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que las prisiones mexicanas no están cumpliendo con su función de reinsertar a la sociedad a las personas que han cometido un delito. Mencionó que para lograrlo habría que atacar directamente la corrupción que se vive al interior de ellas.

“En blanco y negro, las prisiones están diseñadas para la reinserción social. En la realidad, las cárceles mexicanas, unas más que otras, son verdaderas escuelas de posgrado en la delincuencia, donde la corrupción llega a niveles en donde los delincuentes son quienes administran y dirigen las prisiones. El elemento fundamental es la corrupción y la presencia del crimen organizado como una fuerza que lleva el dominio de estos centros”, expresó.

Para Pedro Isnardo de la Cruz, de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, el sistema penitenciario en el país se encuentra en su “máximo punto de implosión”, que se alimenta de la corrupción y gracias a ella, incrementa los niveles de violencia que se viven al interior y afecta a las familias de los internos, quienes tienen que encontrar la manera de mantener a sus reclusos y de tener los medios para mantenerse a ellas mismas en el exterior.

“La gente recluida ingresa en un proceso de mayor violencia y olvido, aprende a generar otras dinámicas, a intensificar su proceso de sobrevivencia y exige a las familias nuevas respuestas. Para sobrevivir, es necesario que las familias den otras respuestas económicas a la que de por sí se les exige fuera de la reclusión. Ésta es una economía de desprecio social, olvido y sobrevivencia que queda a manos del crimen y el desamparo”, comentó.

Sofía Cobo Téllez, investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), dijo que es necesario diseñar una política penitenciaria que cumpla con las expectativas de la Constitución y permita generar programas sustentados en la educación y la participación de las familias, que permitan a los internos reinsertarse efectivamente en la sociedad una vez que terminen su periodo de reclusión.

“Se tiene que diseñar una política penitenciaria a nivel nacional que cumpla con las expec-