México requiere una autoridad electoral fuerte
Uno de los cambios más importantes de la reforma política de 2013 fue la desaparición del Instituto Federal Electoral, luego de 23 años de existencia, para dar forma al nacimiento del Instituto Nacional Electoral (INE). Dicha reforma tuvo como principal objetivo que nuestra máxima autoridad electoral fuera un organismo con la autonomía y la fortaleza necesarias para garantizar la certeza, imparcialidad y objetividad en la celebración de comicios, tanto a nivel federal como local, con el objeto de avanzar en la consolidación de una democracia más responsiva, en la que las instituciones deben garantizar la efectividad del voto y blindar los procesos electorales de intereses ajenos al ciudadano. Para que esto suceda, es fundamental que el Instituto Nacional Electoral demuestre fortaleza e independencia, que pongan más allá de toda duda su imparcialidad política y su capacidad para organizar las elecciones de 2018, que como todos sabemos serán muy competidas. La tarea que tiene por delante representa para el INE un reto de grandes dimensiones. Pero se requiere también que todos los actores políticos asuman el compromiso de respetar a la autoridad electoral.
En los últimos meses hemos visto cómo actores políticos destacados tratan de minar la capacidad del INE para acometer tareas muy importantes que tienen que ver con el buen desarrollo del proceso electoral. Ejemplo muy claro de ello son los ataques que ha recibido dicho instituto en relación con el acuerdo que tomó para la distribución del financiamiento público a los partidos políticos en el que, por cierto, sólo cumplió a cabalidad su obligación, de acuerdo con lo que establece la Constitución General de la República. Es de todos sabido que la responsabilidad, en todo caso, de las cantidades exorbitantes de recursos económicos que se asigna a los partidos, es de los propios partidos políticos representados en el Congreso, pues son ellos quienes establecieron en la Constitución la fórmula de la que se desprenden los montos a distribuir.
El proceso electoral de 2018 trae consigo nuevos e importantes retos, por lo que se requiere de árbitros fuertes, creíbles, respetados, obedecidos. Exige que sus decisiones se asuman como mandatos; que sus determinaciones sean vinculatorias aún sin la anuencia de los destinatarios. Esto de ninguna manera excluye la crítica: en democracia todos los actos que tienen relevancia política deben ser objeto de discusión. Lo que hace diferente a la crítica democrática del ataque mezquino es la apuesta a revertir la decisión por los cauces institucionales que, afortunadamente en el caso mexicano, están al alcance de cualquier ciudadano.
Estoy convencido de que nuestra democracia, con todos sus problemas y todos sus defectos, sigue siendo el sistema político que los mexicanos queremos darnos para construir nuestros gobiernos, para exigirles cuentas y para reemplazarlos cuando defraudan las expectativas de la ciudadanía. Para ello, es indispensable que exista credibilidad en los procesos electorales y, ésta sólo se puede dar con una autoridad electoral fuerte, confiable y respetada.
El Instituto Nacional Electoral es, ante todo, una institución al servicio de la ciudadanía y al servicio de la democracia. Cuidar al INE equivale a cuidar a la democracia que mucho tiempo, dinero y esfuerzo ha costado construir. La tarea de la construcción de la democracia aún no está terminada. La realidad nacional exige dar justa respuesta a las demandas de la ciudadanía. Para que las elecciones de 2018 se lleven a cabo en un ambiente de normalidad democrática, es absolutamente indispensable que tanto el INE como la sociedad y la clase política, estén a la altura de lo que México requiere.