La fiscalía acusa a Lula de exhibir recibos falsos
B Exige hacer peritaje a notas de alquiler que entregó el ex mandatario para probar la no propiedad de un inmueble
Curitiba, Brasil.— Los investigadores de la megacausa de corrupción Lava Jato en Brasil sostienen que los recibos de pago de alquiler presentados por el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva para probar que no es propietario de un inmueble son falsos, según publicaron ayer medios locales.
De acuerdo con la prensa, la fiscalía notificó al juez a cargo de la causa, Sergio Moro, que los recibos presentados por los abogados de defensa “son papeles creados para disfrazar la real titularidad del inmueble utilizado por el ex presidente, que fue comprobado que fue comprado con recursos de Odebrecht”, la constructora contratista del Estado que está en el centro de las investigaciones de Lava Jato.
La defensa del líder histórico del PT (Partido de los Trabajadores, izquierda) presentó el 25 de septiembre ante la Justicia una serie de recibos de pago de alquiler que probarían que el ex mandatario no sería el titular de un apartamento contiguo al que vive en la ciudad de Sao Bernardo, en la región metropolitana de Sao Paulo.
La fiscalía también le pidió al juez Moro que los recibos presentados sean peritados para “identificar cuándo fue firmado cada uno, cuándo fueron confeccionados y para verificar si hubo alteraciones y montaje de esos documentos”.
La fiscalía señaló como prueba de la falsedad de los recibos que algunos de estos tienen fechas que no corresponden al calendario, mientras que otros presentan errores de ortografía similares.
El pedido presentado por la Fiscalía corresponde a un proceso de Lava Jato, la causa que investiga desde hace más de tres años tramas de corrupción entre empresarios y políticos en Brasil, en el que Lula es acusado por los cargos de corrupción pasiva y lavado de dinero.
Según la fiscalía, Odebrecht adquirió el inmueble en cuestión para Lula, pero lo registró a nombre de terceros, a cambio de que el ex mandatario beneficiara a la empresa en sus contratos con el Estado en el periodo en que fue presidente del país (2003-2010).
Además, la fiscalía acusa al ex presidente en esta causa de haber otorgado a la constructora “ventajas indebidas” a cambio de la entrega de un terreno en Sao Paulo, donde fue construida la sede del Instituto Lula, la fundación ligada al ex jefe de Estado dedicada la cooperación internacional entre Brasil, África y Sudamérica.
Lula ya fue condenado en julio por el juez Moro a nueve años y medio de prisión por corrupción en uno de los cinco procesos abiertos en su contra en Lava Jato. Sin embargo, como la sentencia fue en primera instancia, aguarda la confirmación o revocación del fallo en segunda instancia en libertad.
La fiscalía solicitó ayer mismo el aumento de esta pena impuesta en primera instancia, por considerar que Lula incurrió tres veces diferentes en el mismo delito, y no sólo una vez, aunque no especificó cuántos años pide.
“En cada contrato firmado entre las contratistas y Petrobras, que en el caso de la constructora OAS fueron tres, se renueva la oferta de ventajas, por lo que cada uno constituye un crimen autónomo”, afirmó el fiscal Mauricio Gotardo Gerum.
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