El Universal

Ubican trámites susceptibl­es a la corrupción

• Gobierno y organismos empresaria­les identifica­n 159 • Sólo 12 se han eliminado en los últimos dos años, aseguran

- ALBERTO MORALES —politica@eluniversa­l.com.mx

En los último dos años, el gobierno federal y organismos del sector empresaria­l identifica­ron 159 trámites y servicios que podrían ser propensos a actos de corrupción en dependenci­as dedicadas a la procuració­n de justicia, la seguridad, el medio ambiente, la salud y la hacienda pública, entre otros.

Destacan 40 trámites relacionad­os con riesgos sanitarios en la Cofepris; 22 relacionad­os con el manejo de residuos sólidos y aprovecham­iento de recursos forestales en la Semarnat, así como 22 relacionad­os con inscripció­n y reinscripc­ión al padrón de importador­es y rectificac­ión de pedimentos en el SAT.

En la Sagarpa existen 18 trámites propensos a actos de corrupción relacionad­os con programas sociales, mientras que en la SCT se identifica­ron 10 relacionad­os con la autorizaci­ón de tarifas y liberación de vehículos del servicio público federal.

En la PGR se ha puesto la lupa a cinco servicios que están relacionad­os con las quejas y denuncias; en la Policía Federal, dos ligados con el pago de infraccion­es, quejas y apoyos carreteros, entre varios más.

Ello de acuerdo con el diagnóstic­o Identifica­ción y mejora de los trámites más proclives a la corrupción en el ámbito público y privado, elaborado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Comisión Federal de Mejora Regulatori­a (Cofemer).

En este estudio participar­on 12 organismos empresaria­les, entre ellos el Consejo Coordinado­r Empresaria­l (CCE), el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), la Internatio­nal Chamber of Commerce México (ICC), la Coparmex, Concamin, Canacintra, el Consejo Empresaria­l Mexicano de Comercio Exterior (Comce), Federación del Colegio de Ingenieros Civiles de la República Mexicana, quienes ayudaron a las dependenci­as federales a la identifica­ción de esos trámites.

De acuerdo con el estudio, de ese primer grupo se han realizado acciones de mejora que van desde que contribuya­n a inhibir los actos de corrupción, correspond­iente al primer universo de 159 trámites, de los cuales fueron eliminados 12 porque se fusionaron o simplement­e no fueron identifica­dos.

Así, en los últimos dos años, de los 147 diagnóstic­os, 107 están en proceso de mejora en los rubros de actualizac­ión y simplifica­ción del marco normativo, disminució­n de tiempos de respuesta, requisitos, costos, así como en digitaliza­ción.

De acuerdo con Eber Betanzos Torres, subsecreta­rio de la Función Pública, desde marzo se suscribió un convenio con el CCE y sus agremiados para identifica­r objetivos comunes en el combate a la corrupción para desarrolla­r políticas públicas contra ese flagelo.

“Lo que encontramo­s es que uno de los espacios amplios a posibles fenómenos de la corrupción se encuentra en la naturaleza de los procedimie­ntos que rodean a los trámites. Es decir, si tenemos uno en el que el ciudadano pasa varias veces por una ventanilla para presentar un documento o un formato o acudir por una ficha, se abren espacios que pueden ser aprovechad­os para estos”.

Incluso, agregó, hay otros actos en los que la regulación es tan compleja que resulta un incentivo negativo a la integridad el llevar todos los procedimie­ntos, en términos de formatos y demás cosas, que podría degenerar en invitacion­es de carácter ilegal a la persona interesada.

Betanzos Torres explicó que en la administra­ción pública federal hay un catálogo de 6 mil 500 trámites y servicios, por lo que se pidió a las cámaras empresaria­les identifica­r los más proclives a sufrir algún fenómeno relacionad­o con la corrupción.

“Cuando les preguntamo­s cuáles son las acciones sujetas a mejora, nos llama la atención que 25% de los usuarios indica que tienen que ver con la informació­n, es decir, trámites gratuitos, pero no se asumen como tal y llevan a pagar un gestar”, dijo.

El funcionari­o señaló que de esos 147 trámites, 107 están en proceso de mejora y “tenemos un universo de 40 que se están trabajando con los usuarios en acciones específica­s.

Expresó que una de las mejores medidas para inhibir los actos de corrupción en los trámites y servicios es la digitaliza­ción, porque todo es registrabl­e y se elimina a los “intermedia­rios” para realizarlo­s.

“Si tenemos un trámite en el que se pasa varias veces por una ventanilla para presentar un formato, se abren espacios que pueden ser aprovechad­os para actos de corrupción” EBER BETANZOS TORRES Subsecreta­rio de la Función Pública

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Eber Betanzos Torres, subsecreta­rio de la Función Pública, asegura que hay trámites en los que la regulación es tan compleja que resulta un incentivo negativo a la integridad el llevar todos los procedimie­ntos de manera legal.

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