El estado catastrófico de nuestras policías
Nuestras policías son un desastre. O al menos así lo suponemos, así lo intuimos, así lo vemos, así lo dicen algunos datos sueltos y así lo grita nuestra experiencia cotidiana.
Pero una cosa es suponer y otra es saber. Para saber, hay que investigar, rascar y medir. Y eso, para fortuna de todos, es lo que acaba de hacer el equipo de la organización Causa en Común (Nota: soy asesor externo de esa institución).
El lunes, presentaron dos instrumentos cruciales para evaluar a las policías estatales. En primer lugar, un Índice de Desarrollo Policial (Indepol), diseñado para medir la distancia entre la realidad y la norma. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP), aprobada en 2009, obliga a todas las corporaciones policiales a adoptar ciertos mínimos institucionales en cinco dimensiones: profesionalización, carrera policial, certificación, seguridad social y régimen disciplinario.
La obligación no parece muy obligatoria. La mayoría de las policías estatales no llega a esos mínimos. La Policía Federal tampoco ¿Qué tan lejos se encuentran? Esa es la virtud del Indepol: nos dice la magnitud del rezago. Y no es trivial. En una escala de 0 a -100, siendo 0 la mejor calificación posible, el promedio en las cinco dimensiones de todas las policías estatales más la PF es de -41.
Y en algunos temas, el asunto es mucho peor: en lo que se refiere a la certificación policial, el promedio nacional es de -57. En materia de seguridad social, el promedio es -52. Es decir, nuestras policías salen más que reprobadas.
Hay, por supuesto, de corporaciones a corporaciones. En Baja California, Morelos o Puebla, las policías estatales no salen tan mal paradas. Hay allí evidencia de esfuerzos de construcción institucional. Pero, en otros estados, en Nayarit o Baja California Sur, por ejemplo, el asunto es zona de desastre.
En Nayarit, por ejemplo, su academia de policía no cuenta con dormitorios, comedor, servicio médico, gimnasio o pista de manejo. Sabrá Dios que le enseñan allí a los reclutas.
En Baja California Sur, la unidad de asuntos internos de la policía estatal no tiene mecanismos para recibir denuncias anónimas, no realiza investigación de campo y no tiene protocolo de investigación. Es decir, no sirve de gran cosa.
Esta distancia frente a la norma es sólo una de las caras del desastre. Otra, más dramática, es lo que refieren los propios policías en una encuesta conducida por Causa en Común. Los resultados paran los pelos de punta.
Casi la mitad refiere que su salario mensual es inferior a 10 mil pesos. Nueve de cada diez afirmaron que nunca han recibido una promoción o reconocimiento. Dos de cada tres nunca han tenido un ascenso.
Y además de estar mal pagados y no recibir reconocimiento alguno, los policías tienen que poner de su bolsillo: 41% señaló que tuvo que pagar por sus botas, 38% por su uniforme, 26% por reparaciones de las patrullas, 12% por la gasolina de las mismas, 20% por los cartuchos, y 11% por sus chalecos antibalas.
De remate, los policías son objetos constantes de maltrato dentro de sus corporaciones: 30% afirmó haber sido objeto de humillaciones, 28% de discriminación, 16% de acoso sexual y 15% de abuso físico.
Esos policías —esos que deben subsistir en instituciones contrahechas, que medio sobreviven con malos sueldos, que no reciben prestaciones ni recompensas, que deben pagar por su equipo esencial, que son víctimas constantes de malos tratos— tienen la encomienda de protegernos.
¿A alguien le sorprende que no lo hagan o que lo hagan a medias? ¿Por qué nos cuidarían si no los cuidamos nosotros primero?