Juan Manuel Santos
El gobierno firmó con las FARC un pacto que puso fin a décadas de guerra, pero las heridas abiertas y las próximas elecciones generan zozobra
En un texto exclusivo, el presidente colombiano evalúa el primer año del Acuerdo de Paz en su país.
USan José n año después de que el gobierno colombiano y las entonces guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron un acuerdo de paz modificado tras la derrota que el pacto original sufrió en un plebiscito en octubre de 2016, la realidad es que los ex rebeldes entregaron sus armas y tratan de reintegrarse a la sociedad y que los fusiles callaron, aunque las heridas de la guerra todavía abiertas generan zozobra por el futuro del proceso de pacificación.
En un histórico acto el 24 de noviembre en Bogotá, el presidente de Colombia y ya Premio Nobel de la Paz 2016, Juan Manuel Santos Calderón, y el comandante Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timoleón Jiménez o Timochenko y jefe de lo que todavía era la guerrilla de las FARC, firmaron el acuerdo que, luego de la pérdida electoral del sí frente al no en el plebiscito, debió ser renegociado por ambas partes en Cuba, sede de las negociaciones de paz iniciadas en noviembre de 2012.
Un año después de aquel nuevo momento trascendental que puso fin a más de 52 años de guerra, las dudas persisten sobre las expectativas de la paz, en una mezcla de optimismo por los avances logrados y de pesimismo por los retrocesos sufridos. El acuerdo contiene múltiples elementos políticos, legislativos, judiciales, sociales, económicos, agrarios, militares, policiales y un largo listado de complicados y diversos factores, como reparación a las víctimas y justicia con verdad sin repetición, para sepultar la guerra y edificar la paz.
“En el primer año se ha desmontado toda la violencia y el daño que se generaba en esta confrontación con las FARC”, dijo el Alto Comisionado para la Paz de Colombia, Rodrigo Rivera. “Se ha producido completamente el desarme de las FARC y [los ex combatientes] han entregado nueve mil armas y 70 toneladas de material de guerra, han hecho el tránsito hacia la vida civil, económica, social, política”, afirmó.
Tras recordar en una entrevista con EL UNIVERSAL que la guerrilla ahora es la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), subrayó que son un partido político “ya reconocido por las autoridades colombianas y están haciendo política”.
Al advertir que, por su cronograma, “este es un proceso que por lo menos va a tomar diez años y en el primero no se podían cumplir todas las cosas”, Rivera adujo que “simultáneamente está comenzando, y lleva un par de meses, el proceso de reincorporación de esta población” de unos 7 mil combatientes y familias, con un total de 12 mil 356 personas.
“El gobierno está cumpliendo sus compromisos de proveerles sumas de dinero para la normalización y el sostenimiento y acompañar los primeros proyectos de reincorporación productiva para seguridad alimentaria y autosostenimiento”, añadió, tras alegar que en el primer año “se podían construir los cimientos pero evidentemente, cuando uno mira la totalidad de los compromisos del acuerdo, hay muchas cosas que se van a cumplir en el segundo, tercero, cuarto y siguientes años”.
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El panorama se turbó al entrar Colombia al ciclo electoral de 2018 —legislativas en marzo y presidenciales en mayo— con los partidos, incluida la FARC, en campaña.
“En un año hemos cumplido todo lo pactado y hemos honrado la palabra empeñada”, proclamó en su cuenta de Twitter el ex comandante guerrillero Pablo Catatumbo, uno de los delegados de las FARC en la negociación del acuerdo y ahora candidato a senador y miembro de la dirección del nuevo partido. “Dijimos que nuestra única arma sería la palabra, y seguimos honrando ese compromiso. ¡Las adversidades nunca nos han detenido y no lo harán!”, prometió.
Londoño, candidato presidencial de la FARC, reiteró también en Twitter su compromiso “con una Colombia reconciliada” e insistió en que “hemos cumplido a cabalidad lo pactado, pese a incumplimientos, asesinatos de nuestros militantes y modificaciones malversadas” a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), aparato de justicia transicional para dirimir graves infracciones y violaciones al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos.
Un retroceso del primer año fue que “se desvertebró” el concepto de la JEP pactado en Cuba “para todos los actores del conflicto” aunque en su versión aprobada este mes por el Congreso de Colombia “en sentido estricto quedó como una justicia concebida exclusivamente para las FARC”, reclamó.
Al denunciar “impunidad”, acusó que se restablecieron derechos a personajes del paramilitarismo político “condenados e investigados”, con protección a empresarios que “financiaron y se beneficiaron” de la guerra y con que se restringió que defensores de derechos humanos sean magistrados de la JEP.
Con una deuda que fue germen de guerra —la pobreza que hoy abate a 8.7 millones de los más de 49 millones de colombianos— aún sin saldar, la paz llegará en los próximos meses a un cruce electoral de duda: en caso de que partidos y políticos opuestos al proceso ganen los comicios, ¿frenarán el acuerdo o mermarán su velocidad, con el riesgo de arriesgar el futuro de Colombia?