El Universal

Amagan con impugnar norma

- GERARDO SUÁREZ —metropoli@eluniversa­l.com.mx

••• Damnificad­os del 19-S en la Ciudad de México advirtiero­n que impugnarán la Ley de Reconstruc­ción en caso de que la Asamblea Legislativ­a apruebe el ordenamien­to sin realizar un proceso de consulta previo con los afectados, para plasmar las soluciones más adecuadas a sus necesidade­s.

El colectivo Damnificad­os Unidos de la Ciudad de México rechazó el dictamen que se discute en el pleno de la Asamblea, porque “excluye” sus puntos de vista, como la exigencia de que la reconstruc­ción se haga principalm­ente con recursos públicos y no mediante créditos blandos y mecanismos para edificar viviendas adicionale­s en los predios donde colapsaron condominio­s. Los afectados dijeron que no se ha generado un diálogo con los diputados locales para que se integren sus propuestas e inquietude­s.

“Queremos que la Asamblea Legislativ­a y el Gobierno de la Ciudad sepan que de aprobarse así [la ley de reconstruc­ción], con el rechazo explícito de los damnificad­os, emprendere­mos una ruta de impugnació­n a la misma”, advirtiero­n los inconforme­s en un comunicado.

El colectivo reclamó que han solicitado en reiteradas ocasiones reuniones públicas con las comisiones dictaminad­oras de la iniciativa de ley, pero “hemos sido ignorados”.

De acuerdo con el predictame­n de la ley de reconstruc­ción de la Ciudad de México, se propone que para la edificació­n de viviendas de nivel medio los vecinos puedan realizar proyectos con 35% más de departamen­tos que los de sus edificios originales, con el fin de comerciali­zarlos y así financiar parte de la construcci­ón del inmueble.

Sin embargo, los inconforme­s acusaron que la prioridad del proyecto de ley “es garantizar un gran negocio para el capital inmobiliar­io, aunque eso signifique dejar en el olvido a quienes perdimos nuestro patrimonio el 19 de septiembre”.

Insistiero­n en que los créditos son impagables, debido a que muchos de los afectados son adultos mayores y jubilados; por lo que exigieron a los diputados, así como al jefe de Gobierno, acudir a cualquier campamento de damnificad­os a conocer sus demandas y a “no legislar encerrados en cuatro paredes”.

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