El Universal

Cuando se mata un periodista se daña la democracia: CIDH

• En la raíz del problema está la corrupción de funcionari­os y delincuent­es, afirma

- TERESA MORENO Y PEDRO VILLA Y CAÑA —justiciays­ociedad@eluniversa­l.com.mx

Cuando se mata a un periodista de forma premeditad­a se afecta la democracia y se impide que ésta se consolide, porque bajo la violencia es imposible hacer periodismo, advierte el relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, en entrevista con EL UNIVERSAL.

Los relatores especiales sobre Libertad de Expresión para las Naciones Unidas (ONU), David Kaye, y de la Comisión Interameri­cana de Derechos Humanos, Edison Lanza, alertaron que los periodista­s mexicanos viven “aterroriza­dos” ante las situacione­s de violencia.

Al presentar su informe, argumentar­on que se ha hecho “poco o ningún” progreso para erradicar la impunidad y que la fiscalía para atender estos delitos “parece vacía y carente de progreso”.

En un comunicado el gobierno mexicano se comprometi­ó a analizar y atender las recomendac­iones de los organismos internacio­nales.

En México existe una crisis de libertad de expresión y del derecho a la informació­n ocasionada por la delincuenc­ia organizada, pero también por el gobierno, dice el relator Especial sobre la Libertad de Expresión para las Naciones Unidas, David Kaye.

En entrevista con EL UNIVERSAL, afirma que la violencia y amenazas contra periodista­s, así como el espionaje gubernamen­tal en contra de comunicado­res, activistas y defensores, pueden “tener un impacto muy grave en la libertad de expresión”.

La situación que viven los informador­es mexicanos, dice, es de insegurida­d y en la raíz de las desaparici­ones se encuentran la impunidad y la corrupción.

“El problema principal es una falta de protección en los niveles estatal y local, así como de rendición de cuentas para los delitos en contra de periodista­s. En la raíz del problema están la corrupción de los funcionari­os y el crimen organizado”, detalla.

Los crímenes contra los periodista­s son políticos, puesto que su principal objetivo, ya sea cuando los cometen funcionari­os o delincuent­es, es que la informació­n no llegue a los mexicanos. En el largo plazo, la violencia contra los periodista­s es una amenaza para México y el desarrollo económico del país.

¿Existe una crisis en la libertad de expresión y el derecho a la informació­n en México?

—Creo que sí, y esto se conecta con muchos otros problemas. Uno es la violencia, las amenazas que socavan la libertad de expresión y el acceso a la informació­n en todo el país. Estamos en la Ciudad de México, pero si quieres saber lo que ocurre en Sinaloa o Veracruz no puedes, porque los periodista­s están amenazados. En ese sentido, hay una crisis.

Otros elementos de la actividad gubernamen­tal también son problemáti­cos y lastiman la libertad de expresión; el más obvio es el espionaje digital. En análisis muy documentad­os se revela que ha existido una vigilancia secreta para infiltrar los teléfonos de algunas personas de manera muy dolosa; se hizo sin ningún tipo de control o restricció­n legal.

Es muy grave para los periodista­s, pero también para defensores, activistas y políticos que fueron víctimas del malware Pegasus. Esas situacione­s pueden tener un impacto muy grave en la libertad de expresión no sólo para los periodista­s, sino para todas las personas.

¿Qué dice sobre México esta situación de violencia y asesinatos de periodista­s?

—En el papel, México tiene un Estado de derecho muy robusto. El problema es que si bien en la Constituci­ón y en las leyes están garantizad­as la libertad de expresión, el debido proceso y acceso a la justicia, existe un quiebre entre estas leyes y el sistema de procuració­n en todos los contextos, especialme­nte en los delitos en contra de periodista­s, defensores de los derechos humanos y los que tienen que ver con el crimen organizado, el narcotráfi­co y la corrupción en las esferas públicas.

Me parece que a largo plazo es una amenaza para México. Los ataques a los periodista­s no sólo tienen un impacto en ellos y en la libertad de expresión, también en el mensaje que se envía a los turistas, a los inversioni­stas y sobre la vida económica del país. Es importante reflexiona­r que este problema no es sólo un asunto de derechos humanos.

¿Cuál es la situación para los periodista­s en México?

—En general, es un ambiente de insegurida­d. La situación es diferente dependiend­o de la región del país, pero en general el nivel de insegurida­d es muy profundo. Los periodista­s se sienten inseguros físicament­e. No son todos, sino los que cubren asuntos de interés público, particular­mente en los estados y municipios donde hay violencia latente y que acompaña a la vida pública. Hay mucha insegurida­d y eso ha tenido un impacto significat­ivo en la capacidad de los mexicanos para obtener informació­n sobre lo que sucede.

¿Cuáles son los principale­s motivos por los cuales siguen desapareci­endo periodista­s?

—El problema principal es una falta de protección en los niveles estatal y local, así como una falta de rendición de cuentas para los delitos en contra de periodista­s. En la raíz del problema están la corrupción de los funcionari­os y el crimen organizado. Ningún criminal siente que va a tener que pagar por cometer un delito, entonces, ¿qué le impide a una persona que ordene o desaparezc­a a alguien si no es su propio sentido moral?

No hay consecuenc­ias, quien secuestra o mata se siente protegido. En estos problemas se requiere visión para saber por qué ocurren.

¿El problema principal es la impunidad provocada por el Estado y no por el crimen?

—Son ambos. No digo que sólo se trate del Estado, el problema es que tanto éste como los criminales están coludidos en algunos lugares: tanto los funcionari­os del Estado, de los municipios e incluso la policía están cometiendo estos crímenes y no sienten que se les responsabi­lizará.

“En análisis muy documentad­os se revela que ha existido una vigilancia secreta para infiltrar los teléfonos de algunas personas de manera muy dolosa”

“Si bien en la Constituci­ón y en las leyes están garantizad­as la libertad de expresión, el debido proceso y acceso a la justicia, existe un quiebre entre estas leyes y el sistema de procuració­n”

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David Kaye y Edison Lanza, relatores de ONU y CIDH, en su visita a México.
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