CENTROAMÉRICA Y LA FALLIDA MILITARIZACIÓN
• Triángulo Norte registra altos niveles de violencia y gasto castrense • Dar más poder al ejército “puede afectar” derechos humanos, alertan
• Una década después de que en Guatemala, Honduras y El Salvador se sacó al ejército a las calles para tareas de seguridad pública, los índices de violencia no han bajado y subió el gasto castrense.
San José.— Casi 10 años después de que decidieron sacar a los ejércitos de sus cuarteles y militarizaron la seguridad pública, Guatemala, Honduras y El Salvador registran altos índices de violencia, al tiempo que se incrementó su gasto castrense.
“En varios países la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico ha abierto la puerta a la militarización en aras de la seguridad ciudadana”, alertó un informe regional de 2016 del Programa Estado de la Nación de las universidades estatales costarricenses y de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica.
“La revitalización de las fuerzas armadas y su creciente participación en actividades civiles, aunadas a la crónica debilidad de los sistemas de administración de justicia y la detección de nuevos y graves casos de corrupción en varios países, plantean riesgos para el ejercicio democrático del poder”, advirtió, al subrayar que “el aumento” del tamaño y capacidad de los ejércitos “puede afectar” la tutela efectiva de los derechos humanos.
De acuerdo con cifras del Instituto Internacional de Estudios para la Paz (Sipri, por sus siglas en inglés), centro de monitoreo de gastos militares, con sede en Suecia, los presupuestos combinados de los ejércitos de Guatemala, El Salvador y Honduras aumentaron de 569 millones de dólares en 2008 a 847 millones en 2016.
El coronel Óscar Pérez Figueroa, vocero del Ministerio de Defensa de Guatemala, recordó que, en una decisión política, el ejército “se retiró de las calles” en abril de este año y de tener presencia en 30 municipios, ahora sólo tiene en 11, porque la Policía Nacional Civil reforzó su capacidad.
El ejército “no actúa unilateralmente” en seguridad pública y sólo protege el trabajo policial en los lugares más violentos, precisó, al informar a EL UNIVERSAL que desde que los militares iniciaron su repliegue en abril pasado, 74 policías murieron en choques con delincuentes.
La militarización ganó notoriedad en los últimos días, por la aprobación en México de una Ley de Seguridad Interior. Los ejércitos de Honduras, El Salvador y Guatemala alegan repetidamente que su trabajo en ayudar a combatir la delincuencia es exitoso.
Gasto inútil. Sólo en el caso de El Salvador, que de 2008 a 2016 consumió 2 mil 21 millones de dólares en gasto militar, los homicidios se incrementaron de 2 mil 594 casos en 2012, a 6 mil 656 en 2015 y a 5 mil 280, en 2016, según cifras del Sipri y el estatal Instituto de Medicina Legal de ese país. Un recuento preliminar estima en 3 mil 113 el número de víctimas de enero a octubre de 2017.
En tanto, el presupuesto militar en el país subió de 191 millones de dólares en 2008, a 271 millones de dólares en 2016.
En Honduras, aunque hay mayor presencia militar en las calles, los homicidios tampoco se redujeron significativamente. Según el Observatorio de la Violencia de la estatal Universidad Autónoma de Honduras, de 5 mil 265 asesinatos en 2009 y 6 mil 239 en 2010, pasaron a 5 mil 148 en 2015, y a 5 mil 150 en 2016. De enero a junio de este año se contaban mil 117.
El presupuesto de las Fuerzas Armadas de Honduras fue de 2 mil 259 millones de dólares de 2008 a 2016. El gasto subió de 166 millones de dólares en 2008, a 342 millones de dólares en 2016, precisó Sipri.
Guatemala, por su parte, registró gastos castrenses por 2 mil 212 millones de dólares en el periodo de 2008 a 2016. En tanto, el estatal Instituto de Ciencias Forenses de Guatemala reporta 5 mil 924 homicidios en 2014, 5 mil 718 en 2015 y 5 mil 459 en 2016.
El rubro militar creció de 212 millones de dólares en 2008, a 271 millones de dólares en 2016.
Guatemala, Honduras y El Salvador conforman la región conocida como el Triángulo Norte de Centroamérica, la zona sin guerra catalogada por la Organización de Naciones Unidas como la más violenta del mundo.
“La militarización de la seguridad pública es un fracaso”, dijo a este diario Lina Barrantes, directora ejecutiva de la no estatal Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, de esta ciudad.
“Si el objetivo era reducir la violencia y mejorar la seguridad, el resultado es otro: la violencia y la inseguridad se agravaron con la militarización”, adujo.
“En varios países la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico ha abierto la puerta a la militarización en aras de la seguridad ciudadana”
“La revitalización de las fuerzas armadas y su participación en actividades civiles, plantean riesgos para el ejercicio democrático del poder” INFORME ESTATAL