Buena y mala en outsourcing
Denunciado en la última ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte celebrada en Canadá por la poderosa central obrera estadounidense AFL–CIO la existencia de una iniciativa para abrir el abanico del outsourcing o subcontratación en todos los campos de las empresas, el gobierno la descalificó
La Secretaría del Trabajo calificó la propuesta, encerrada en el marco de justicia laboral, incluida la creación del Instituto Laboral de Conciliación y Registros Laborales, como inaceptable.
Colocado el pie en la puerta para incluir el tema de las asimetrías salariales en la mesa del acuerdo mercantil para la central de allende El Bravo, la posibilidad debilitaría la acción de los sindicatos, dada la mala fama de las tercerias de no cumplir con las leyes laborales en materia de prestaciones, además de pagar salarios simbólicos. Ninguna de ellas tiene sindicato. La paradoja del caso es que la cuña la habían colocado en la mesa del Congreso dos líderes obreros con credencial de senadores: Isaías González y Tereso Medina Ramírez, ambos priístas.
El primero es el dirigente de la Confederación Regional de Obreros y Campesinos; el segundo del Sindicato de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos afiliado a la CTM.
El documento de 234 hojas, decíamos tenía como marco la sustitución de la Junta de Conciliación y Arbitraje a nivel federal y local.
Textualmente la Exposición de Motivos hablaba de promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano a una tutela judicial efectiva.
Colocada la propuesta en comisiones del Senado, hete aquí que el propio dirigente de la Confederación de Trabajadores de México, Carlos Aceves del Olmo, había marcado. La iniciativa, dijo, no es buena ni para la Secretaría del Trabajo ni para nosotros.
Aunque el documento apuntaba en su artículo 119 a imponer una sanción a quienes utilizaran el régimen de subcontratación en forma dolosa, cuyo monto sería de 250 a cinco mil veces la unidad de medida que sustituyó el salario mínimo, a la par se planteaba abrir el abanico para ejercerla.
Se calificaba de doloso, por ejemplo el que se transfiera de manera deliberada trabajadores de la empresa contratante a la subcontratada.
Lo cierto es que la posibilidad de meter en cintura a las outsourcing omisas en sus obligaciones laborales lleva tres años atorada en la Secretaría de Economía.
La intención era establecer una Norma Oficial Mexicana que fijara parámetros para la contratación de capital humano, además de cumplir con las obligaciones de inscripción al IMSS, al Infonavit y al SAR.
Modificada la Ley Federal del Trabajo para corresponsabilizar a las empresas contratantes de las irregularidades de los subcontratadas, el Servicio de Administración Tributaria emitió una Miscelánea Fiscal el año pasado en la que se exige enterar la nómina de las empresas outsourcing, con acuse de recibo de los trabajadores, en paralelo a la comprobación del entero del Impuesto sobre la Renta y la declaración de IVA.
De no cumplirse el requisito por parte de las contratantes, se cancela su derecho a deducción de los gastos que generen las subcontratadas.
La buena nueva es que el propio SAT acaba de simplificar el papeleo, colocando como simple requisito el registro del contrato con las outsourcing y los datos de los trabajadores.
La batalla del outsourcing.
Balance general. Si usted viaja por tierra a la zona costera de Jalisco y se le está bajando el indicador de gasolina, podría consultar en su tableta Google Maps para ubicar el abasto más cercano encontrándose con diversos puntos en los que se señalan “estaciones itinerantes”.
Se trata de pequeños puestos improvisados con techos de Tejamanin que exhiben tambos coloridos de de 15 a 20 litros al 60% del costo normal del combustible.
Los huachicoleros en acción.
La paradoja del caso es que se habla de un combate frontal a la práctica de extraer el combustible de los ductos de Pemex, con la novedad de que el año pasado el volumen extraído aumentó 50%.
La medalla de oro se la llevaron los huachicoleros de Guanajuato; la de plata los de Puebla, y la de bronce los de Tamaulipas.
Además, Veracruz e Hidalgo dieron feroz pelea. En el ináudito, en la propia Ciudad de México se detectaron 91 la tomas clandestinas.
Y aunque Pemex alega haber clausurado 70 gasolineras que no pudieron comprobar la compra lícita de los combustibles, además de recuperarse 15 millones de litros robados, las tuercas siguen flojas.
Mundo raro. Por aquellas cosas raras de la vida, en la parte final para aflorar un convenio de reestructura de la deuda de Oceanografía con el visto bueno de más de la mitad de los acreedores, aparecieron nuevos en escena.
Uno de ellos fue Wilmingder Saving Ronde Society, a quien se le contabilizó un adeudo de 475 mil 304 millones de UDIS, es decir unidades de medida calcadas del modelo chileno. Anexado éste a los acreedores San Miguel Shipping y Caballo Frizo Arrendadora, la deuda total creció exponencialmente.
Si embargo, aun así el porcentaje de acreedores que le dieron el sí al convenio sería de 33%, lejos pues del porcentaje requerido.
Ahora que se metió a la condición de acreedores a la Naviera Naranja antes Caballo Frion y Osa proveedora que son propiedad de la contratista de Pemex por lo que debieron estar a la masa concursal.
Como usted sabe el convenio que se aprobó por el juez Felipe Consuelo Soto el 12 de enero pasado, fue objetado por Banamex, el Instituto Mexicano del Seguro Social, Candick México, Investments, Máquinas Diesel, Banorte y Shanara Marina International.
Perdió México. Finalmente se cerró el capítulo de la expropiación de cuatro grupos de ingenios en 2001, al dictaminar la Suprema Corte de Justicia la legalidad a la venta de las que pertenecían al Grupo Azucarero de Enrique Molina.
Caze había mantenido por años un litigio para revertir la expropiación alegando el mismo causal que les dio cauce para regresar a manos privadas a los grupos México, Santos y Machado.
Fibra E. Bajo la intermediación de Bancomer se lograron colocar ayer en el mercado certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión de Energía por un monto de 16 mil 382 millones de pesos.
La emisión la colocó la Comisión Federal de Electricidad.
La intención es utilizar los recursos para fortalecer la red de transmisión del fluido eléctrico conforme al Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional.
Actualmente existen 170 mil kilómetros de transmisión.