Aumentan delitos de empleados del SAT
• En 2017 se interpusieron 914 denuncias ante OIC y 80 en MP • Casos de corrupción, en su nivel más elevado en el sexenio
El número de empleados que actúan en contra de la administración de justicia denunciados por el Servicio de Administración Tributaria ante el Ministerio Público (MP) repuntó el año pasado.
De igual manera, el número de casos relacionados con el Sistema Nacional Anticorrupción, y que de comprobarse que son graves, le corresponderá sancionar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), llegó a un máximo de 914, el más alto en lo que va del sexenio.
Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en 2017 el SAT interpuso 914 denuncias ante el Órgano Interno de Control (OIC) y 80 ante el MP, y de esas últimas 20 fueron por actuar en contra de la administración de justicia. Este delito no se veía desde 2015.
De acuerdo con el Código Penal, hay una serie de delitos clasificados en los que un servidor va en contra de la administración de justicia.
Entre los 31 actos mencionados en el código destacan conocer de negocios para los cuales tengan impedimento legal o abstenerse de conocer de los que les corresponda, sin tener impedimento legal para ello; desempeñar algún otro empleo oficial que la ley les prohíba.
También litigar por sí o por interpósita persona, cuando la ley les prohíba el ejercicio de su profesión, dirigir o aconsejar a las personas que ante ellos litigan.
Además, ordenar o practicar cateos o visitas domiciliarias fuera de los casos autorizados por la ley, y dar a conocer a quien no tenga derecho, documentos que obren en una averiguación previa o en un proceso penal y que por disposición de la ley sean confidenciales.
Otros delitos sobre los cuales dio parte el SAT al MP fue el cohecho, así como uso de documento falso, acceso ilícito a sistemas y equipos informáticos, ejercicio ilícito del servicio público, peculado y la usurpación de profesión.
Esfuerzo anticorrupción. Las 914 denuncias que interpuso el SAT ante el OIC se refieren a faltas administrativas, según el sistema anticorrupción, por no seguir los principios rectores que rigen el servicio público de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia.
El OIC funciona en cada dependencia del gobierno federal como una instancia facultada para aplicar las leyes que se reformaron en el Sistema Nacional Anticorrupción.
Cada OIC tiene a su cargo la investigación, substanciación y calificación de las faltas administrativas cometidas por los servidores.