Piden alerta migratoria contra el presunto lavador del caso Anaya
• Manuel Barreiro es señalado ante la PGR como el cerebro de la triangulación de dinero
La PGR solicitó al Instituto Nacional de Migración activar la alerta migratoria contra el empresario queretano Manuel Barreiro Castañeda, presunto cerebro financiero en la triangulación de recursos para adquirir una nave industrial por parte de Juniserra, empresa del candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, y de su familia política.
Barreiro utilizó a Alberto “N” y Daniel “N” —en proceso de convertirse en testigos colaboradores de la PGR— para mover el dinero en distintos países para la compra del inmueble en 54 millones de pesos.
Daniel “N” declaró a la PGR la forma en que alteraron documentos de la fundación de la empresa Manhattan Master Plan Development para cambiar al dueño, debido al bajo perfil que tenían los primeros propietarios, señalados como “prestanombres”.
La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM) activar la alerta migratoria contra el empresario queretano Manuel Barreiro Castañeda, presunto cerebro financiero para triangular los recursos con los que se adquirió la nave industrial del candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya y su familia.
El objetivo de esta alerta migratoria es mantener vigilados sus movimientos en caso de que intentara abandonar el país.
El martes Barreiro Castañeda fue señalado de encabezar una compleja red de lavado de dinero, según denunció el abogado Joaquín Adrián Xamán McGregor, quien afirmó que sus clientes, Alberto “N” y Daniel “N”, cuyas identidades están protegidas, fueron utilizados por Barreiro Castañeda para triangular dinero por distintos países y paraísos fiscales, para adquirir una nave industrial propiedad de la empresa Juniserra S. de R. L. de C.V., propiedad de Ricardo Anaya Cortés y su familia.
Joaquín Xamán McGregor relató que sus clientes fueron contratados por Barreiro Castañeda, empresario del ramo inmobiliario de Querétaro, para adquirir este inmueble, pero la condición era que no se conociera de dónde provenía el dinero de esta transacción.
Mediante un comunicado de prensa, la PGR informó que en octubre del año pasado recibió una denuncia sobre hechos posiblemente constitutivos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que inició una carpeta de investigación.
Derivado de esta denuncia, indicó, se han realizado diversas diligencias, como cateos en domicilios de los presuntos implicados.
Según información obtenida por EL UNIVERSAL, en uno de los cateos realizados en el domicilio de Alberto “N” se encontraron documentos y archivos que permitieron identificar a Manuel Barreiro como el líder de la compleja red de lavado de dinero.
Además, se conoció la versión de que Alberto “N” y Daniel “N” solicitaron a la PGR que les concediera alguna de las figuras jurídicas nuevas contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, similares a la de testigo colaborador.
Ante ello, la Procuraduría analiza la petición bajo el criterio de “objetividad, sin discriminación y evaluando las circunstancias especiales del caso, para estar en condiciones de resolver si son acreedores a que les sea autorizada la aplicación de la figura jurídica solicitada, de conformidad con los parámetros previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales”.
Cambio de dueños. Daniel “N”, uno de los dueños de la sociedad Tesorem, empresa que habría triangulado los 54 millones de pesos con los que adquirió la nave industrial Ricardo Anaya y su familia, reveló a la PGR cómo se alteraron los documentos de la fundación de la empresa Manhattan Master Plan Development para cambiar al dueño, debido al bajo perfil que tenían los primeros propietarios que eran unos “prestanombres”.
De acuerdo con la declaración del imputado ante la PGR, que se hizo el pasado 29 de enero y de la cual EL UNIVERSAL posee una copia, Daniel “N” relata que la empresa Manhattan Master Plan Development solamente fue constituida por el empresario queretano Manuel Barreiro “de forma premeditada” con el objetivo de hacerle llegar los recursos al ahora candidato presidencial, pero todo tenía que tener “una apariencia de legal y real”.
Detectó que los primeros dueños de la empresa Manhattan Master Plan Development, Luis Alberto López y María Amada Ramírez, carecían de un perfil empresarial, su domicilio era un terreno baldío y no habría manera de justificar el préstamo para la adquisición de la nave industrial, como informó EL UNIVERSAL el 18 de septiembre de 2017.
Daniel “N” relata que, posterior a la celebración de la compra-venta de las bodegas, al revisar los documentos de la empresa Manhattan Master Plan Development, descubrió que los socios de la misma eran Luis Alberto López López y María Amada Ramírez Vega, y al preguntarle a Manuel Barreiro, dijo que eran gente de su confianza y que ellos simplemente le firmaban lo que les pedía y que no sabían nada de la operación y, por ende, “no podían afectarnos, que todo estaba en regla”.
Sin embargo, Daniel “N” precisó que aunque Luis Alberto y María Amada no supieran nada, no era bueno para la operación, puesto que podrían cuestionar su capacidad económica y el por qué Tesorem les hubiese otorgado un crédito tan alto para adquirir una nave industrial.
A principios de septiembre de 2016, un mes después de la adquisición de la nave, Barreiro accedió y pidió que fuera el arquitecto Juan Carlos Reyes García quien, de acuerdo con su declaración, “es una persona con capacidad económica reconocida en Querétaro y gente de su entera confianza”, pero que el testigo ubica como un prestanombres de mayor nivel y confianza de Barreiro.
No ha declarado. Ricardo Anaya dijo que hasta ahora no ha sido citado a declarar o notificado por este caso y acusó una “cortina de humo” construida por el PRI.
Más tarde, el equipo de campaña de José Antonio Meade se deslindó de las acusaciones y Javier Lozano pidió una investigación, debido a que es inaudito que en este proceso electoral exista un candidato que esté en el ojo de las autoridades por actos de lavado de dinero y delincuencia organizada.