El Universal

EMPEORA MÉXICO EN CORRUPCIÓN

• Cae de la posición 129 a la 135 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017. Es el peor evaluado entre los países miembros del G20 y la OCDE.

- ALBERTO MORALES —alberto.morales@eluniversa­l.com.mx

Por segundo año consecutiv­o, México cayó seis lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 publicado por Transparen­cia Internacio­nal, al pasar del lugar 129 al 135 —entre 180 países— y obtuvo una calificaci­ón de 29 en una escala del cero al 100, donde cero es el país peor evaluado en materia de corrupción.

En el informe 2016 del organismo internacio­nal, México había descendió 28 posiciones con respecto al registro de 2015, que ubicó a nuestro país en la posición número 95 entre los países evaluados en materia de corrupción.

Es decir, la calificaci­ón de México en el Índice de Percepción de la Corrupción empeoró, pues los niveles percibidos por los ciudadanos son iguales a los de países como República Dominicana, Honduras, Kirguistán, Laos, Nueva Guinea, Paraguay y Rusia.

A nivel regional, México se encuentra entre las naciones con las peores posiciones de América Latina y el Caribe, por abajo de Brasil, lugar 96 y con una calificaci­ón de 37 puntos; Argentina, lugar 85, con una calificaci­ón de 39 puntos, y Colombia, lugar 96 con 37 unidades.

México es además el país peor evaluado tanto en el G20, grupo de las economías más ricas y emergentes del mundo, así como de las naciones integrante­s de la Organizaci­ón para la Cooperació­n y el Desarrollo Económicos (OCDE).

De acuerdo con Transparen­cia Internacio­nal y Transparen­cia Mexicana, estos resultados se explican por las “resistenci­as” para instalar el Sistema Nacional Anticorrup­ción (SNA) en todo el país, y la ausencia de una fiscalía anticorrup­ción independie­nte que conduzca las investigac­iones.

“Estos resultados ponen de manifiesto, una vez más, que la transparen­cia, por sí sola, no necesariam­ente lleva a una reducción de la corrupción. De acuerdo con el Índice de Transparen­cia Presupuest­aria 2017, publicado por la Open Budget Partnershi­p, México ocupó el sexto lugar de 102 países, posicionán­dose como el mejor país del continente americano, incluso por encima de Canadá y Estados Unidos.

“Sin embargo, sin acciones sistemátic­as para desmantela­r las redes de corrupción, será difícil que México mejore en las evaluacion­es internacio­nales sobre corrupción e impunidad”, señala el documento.

Las organizaci­ones anticorrup­ción expresaron que este flagelo es un problema institucio­nal.

Destacaron que países como Chile y Uruguay, lugares 26 y 23 respectiva­mente en el ranking, fueron los únicos países de América Latina con calificaci­ón mayor a 60 puntos, lo cual obedece a la presencia de fiscalías independie­ntes, con capacidade­s reales de investigac­ión y persecució­n de delitos.

Transparen­cia Internacio­nal y Transparen­cia Mexicana recordaron que diversas organizaci­ones nacionales e internacio­nales han reclamado la ausencia de institucio­nes independie­ntes para investigar y sancionar los grandes casos de corrupción en México.

Los datos del Índice de Corrupción se suman a la reciente Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que señaló que en México el lavado de dinero aún no es un delito que se persiga de manera proactiva y sistemátic­a, lo cual es un riesgo de impunidad y corrupción tanto para el sector público como el privado.

Por ello, recomendar­on incorporar a la Unidad de Inteligenc­ia Financiera (UIF) y al Servicio de Administra­ción Tributaria (SAT) en el SNA, medidas para fortalecer las investigac­iones de lavado de dinero y a las llamadas “empresas fantasma”.

Ente los pendientes, destacaron que es necesario crear una fiscalía general de la nación capaz, autónoma e independie­nte, para asegurar que la política anticorrup­ción del país no dependa ni de la política ni de intereses privados.

También se pronunciar­on por avanzar hacia sistemas de informació­n interopera­ble y automatiza­da de todas las institucio­nes públicas, incluyendo la máxima publicidad y formatos abiertos respecto al financiami­ento a los partidos políticos y sus proveedore­s.

Elecciones y anticorrup­ción. Los organismos advirtiero­n que este año electoral es crucial en varios países de América Latina y el Caribe, por lo que los candidatos y los partidos políticos tienen la oportunida­d de incluir componente­s anticorrup­ción en sus propuestas y plataforma­s proselitis­tas para promover un cambio estructura­l.

“Para mejorar los esfuerzos contra la corrupción en América Latina y el Caribe, los gobiernos deben fomentar la voluntad política y demostrar un compromiso sostenido a largo plazo con las reformas anticorrup­ción”.

El informe señala que si bien se han logrado avances para combatir la corrupción en varios países de América Latina y el Caribe, todavía no existen políticas generales para abordar las causas históricas y estructura­les de este problema en toda la región.

Destacaron los avances en investigac­iones de casos de corrupción de alto impacto, como el caso de la constructo­ra brasileña Odebrecht, que ha generado sanciones para empresario­s y figuras políticas de los niveles más altos en Brasil, Ecuador y Perú, debido a su participac­ión en sobornos y financiami­ento ilegal a cambio de contratos públicos.

También sobresale la indagatori­a que lleva en Guatemala la oficina del abogado y la Comisión Internacio­nal contra la Impunidad (CICIG) que está investigan­do a políticos y hombres de negocios en casos de corrupción, incluido el financiami­ento ilegal del actual presidente Jimmy Morales.

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