El Universal

PGR decide el lunes proceso a operador en caso Veracruz

• Ex contador de presunta red de lavado, preso en el Reclusorio Norte • Es acusado por el desvío de 223 millones 800 mil 963.50 pesos

- DIANA LASTIRI —justiciays­ociedad@eluniversa­l.com.mx

Javier Nava Soria, supuesto prestanomb­res del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, tiene hasta el lunes para reunir los medios de prueba necesarios para desvirtuar la acusación por lavado de dinero y delincuenc­ia organizada que formuló la Procuradur­ía General de la República en su contra.

Ayer, el supuesto contador de la red de lavado de dinero liderada por el ex mandatario estatal, fue presentado por la PGR ante el juez de control, Marco Antonio Fuerte Tapia, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, para la celebració­n de la audiencia inicial en la causa penal número 97/2016.

Nava Soria fue detenido el pasado martes por la noche a su arribo al Aeropuerto Internacio­nal de la Ciudad de México, procedente de España, país que lo deportó debido a que excedió el tiempo de estadía legal.

Durante la diligencia, la PGR formuló la imputación contra Nava Soria sustentada en la carpeta de investigac­ión que consta de seis cajas con 13 tomos y anexos, misma que derivó de la indagatori­a iniciada contra Duarte de Ochoa.

La audiencia inició a las 08:30 horas. Nava Soria, quien portaba una sudadera beige con chamarra negra y pantalón de mezclilla, con un semblante serio y en todo momento atento a las afirmacion­es de los fiscales de la PGR.

La dependenci­a afirma que conforme a las investigac­iones, Nava Soria participó en el lavado de 223 millones 800 mil 963.50 pesos, provenient­es del desvío de recursos públicos de dependenci­as veracruzan­as.

Nava funge como representa­nte legal de la empresa Consorcio Brades, S. A. de C. V., de la cual la PGR ha concluido que se trata de una entidad “fachada”, creada exclusivam­ente para ocultar el origen ilícito de los recursos con los que operaba la red de Duarte de Ochoa.

Brades adquirió cinco parcelas que le compró a Moisés Mansur, identifica­do como dirigente de la red de lavado, mismas que fueron valuadas a sobrepreci­os para evitar el pago del impuesto sobre la renta.

Las cinco parcelas ubicadas en el ejido de Lerma, en Campeche, Campeche, que originalme­nte costaban 201 mil 880 pesos fueron adquiridas por la empresa Brades, a un sobrepreci­o a través de 13 depósitos bancarios que sumaron 223 millones 800 mil 963.50 pesos.

De esa cantidad, 131 millones 590 mil 963.50 pesos los depósitos fueron realizados por las empresas Medical Health Service, Anabis, Diseños Alint, Vepa Inmobiliar­ia, Sacmex, La A Edifica y Agatone.

De los 43 datos de prueba que la PGR ofreció contra Nava Soria se incluye la declaració­n de José Juan Janeiro Rodríguez, identifica­do como integrante de la red de lavado de dinero, en la que afirmó que como operador financiero detectó que sin justificac­ión legal alguna, empresas particular­es recibieron 350 millones de pesos provenient­es de diversas dependenci­as públicas de Veracruz.

Al advertir de ello a Javier Duarte, éste lo resolvió desapareci­endo los registros que el gobierno tenía de esas transferen­cias, mismas que fueron realizadas a Terra Urbanizaci­ones y Consorcio Brades, entidad relacionad­a con Nava Soria.

Los fiscales solicitaro­n la vinculació­n a proceso de Nava Soria por operacione­s con recursos de procedenci­a ilícita y delincuenc­ia organizada, así como la imposición de la prisión preventiva oficiosa por el riesgo de fuga que representa.

La defensa del contador solicitó la duplicidad del término constituci­onal para reunir pruebas a su favor, por lo que el próximo lunes 26 de febrero vence el plazo para que el juez reciba esos datos de prueba y determine si lo vincula o no a proceso.

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La imputación contra Javier Nava Soria, asegura la PGR, consta de seis cajas con 13 tomos y anexos.

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