Prestanombres de Duarte, expulsado; venció su visa
• Trámite del gobierno español, sin relación con demanda de extradición
La repentina expulsión de España de Javier Nava, contable y presunto prestanombres del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, respondió a un procedimiento administrativo que nada tuvo que ver con la petición de extradición del gobierno mexicano.
El Ministerio del Interior español confirmó ayer a EL UNIVERSAL que un juzgado de Barcelona (donde residía Nava cuando fue detenido el pasado 19 de abril) decretó la expulsión porque el ex funcionario de Veracruz había rebasado los 90 días de residencia en España a los que da derecho el visado de turista.
Agentes de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras detuvieron a Nava el lunes en Madrid, en donde se había tramitado su fallida extradición por delitos de colaboración con organización delictiva y blanqueo.
Al día siguiente embarcó a un vuelo comercial con dirección a México, donde fue puesto a disposición judicial para responder a las acusaciones de haber actuado como prestanombres de la red dedicada a blanquear dinero que Duarte de Ochoa presuntamente obtuvo de forma ilícita.
El procedimiento le fue comunicado a la representación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Madrid para que coordinara la recepción de Nava en México, puesto que éste salió de España sin cargos en su contra.
Portavoces del Ministerio de Justicia y de la Audiencia Nacional confirmaron a este diario que la deportación de Nava no tuvo nada que ver con su anterior proceso de extradición, que le fue denegada por jueces españoles a la PGR en dos ocasiones, alegando defectos formales en los trámites.
La última vez que se negó repatriar a Nava fue el 25 de enero, hecho que supuso una importante fricción entre las autoridades judiciales de México y España. La PGR acusó a España de haber extraviado unos documentos, a lo que esta nación respondió que simplemente los retiró de la causa porque no eran los requeridos por el tratado bilateral para las extradiciones entre los dos países.
Tras ese revés, la Audiencia Nacional dictaminó que las autoridades debían empezar a tramitar de nuevo toda la extradición, que en la ocasión anterior tomó nueve meses.
Antes de que este nuevo proceso comenzase, España expulsó a Nava con el argumento de que, tras su puesta en libertad sin cargos, habían transcurrido cuatro meses, rebasando los tres de estancia a los que da derecho el visado de turista para visitantes mexicanos.
“Estas actuaciones son más comunes de lo que parece”, explica una abogada experta en deportaciones que prefiere no dar su nombre: “En ocasiones España aprovecha este límite de tiempo de los visados para expulsar a ciudadanos extranjeros con los que no quiere tener relación o que le causan conflictos internacionales, sin que existan más argumentos legales para devolverlos a su país.
“Muchas veces, personas que han cumplido su condena de cárcel salen de prisión pensando que van a ser libres y en la misma puerta del centro penitenciario los espera la policía para expulsarlos con el argumento, totalmente válido ateniéndose a la Ley de Extranjería, de que han rebasado el tiempo de estancia máximo al que les da derecho su visado”, explica la misma fuente.
A pesar de que la expulsión de Nava fue por razones formalmente administrativas, la PGR en su comunicado del martes la celebró como el resultado de la cooperación bilateral.