EL 68 Y EL MITO DE LA TENENCIA
El decreto surgió en 1962 y sin estar documentado, ni coincidir en tiempos, la gente decía que se había creado para pagar las Olimpiadas. Sigue siendo “botín” de políticos.
La historia del impuesto vehicular, que se creía se había originado para pagar las Olimpiadas.
Mucho se ha dicho sobre que el impuesto de la tenencia (también conocido como refrendo vehícular) se originó en 1968, para pagar los gastos que implicarían los Juegos Olímpicos en México. Sin embargo, la historia de este impuesto en la capital se remonta cinco años atrás, cuando el entonces presidente Adolfo López Mateos, a través de un decreto presidencial, informó que en enero de 1963 entraría en vigor la Ley del Impuesto sobre la Tenencia o Uso de Automóviles.
La ley estaba destinada a propietarios de automóviles y camiones (nacionales o internacionales) cuyos modelos fueran posteriores a 1950, exceptuando a aquellos que eran de uso diplomático, ambulancias de servicio público o privado, a estos vehículos se les daría una calcomanía que los distinguiría de aquellos que sí tuvieran que pagar tenencia.
En el decreto publicado el 29 de diciembre de 1962, se explicó que el impuesto sería anual y que debería “quedar cubierto dentro de los primeros meses de cada año”, tal y como ahora (este 2018 el subsidio está permitido hasta la primera semana de abril). Antes había tres categorías, la A, B y C, que clasificarían al vehículo por su modelo y su costo comercial, el primer pago quedaría de la siguiente manera: 250, 300 y 500 pesos, dependiendo la categoría.
Una vez efectuado el pago en las oficinas de Hacienda, las autoridades entregaban una calcomanía, que odo conductor estaba obligado a “fijar en el parabrisas para comprobar el pago del impuesto.
Uno de los artículos de la Ley, decía que en dado caso que el propietario no hubiese colocado la calcomanía, se le sancionaría con una multa que equivaldría al 20% del costo del impuesto para el vehículo en cuestión. Por otra parte, si la calcomanía presentaba daños o estaba destruida, el “teniente” del vehículo debía pagar 5 pesos para su reposición y, en caso de que el dueño de una calcomanía pretendiera ayudar a otro carro prestándosela y era descubierto, tendría que pagar una multa: el pago de la tenencia de su vehículo más tres veces el costo de la tenencia del automóvil que pretendía “ayudar”.
El decreto presidencial decía que la ley entraría en vigor en todo el país a partir del 1° de enero de 1963, y así fue hasta que el 31 de diciembre de 2011 fue abrogado como impuesto federal, y en 2012, fue un impuesto “opcional” para los gobiernos estatales.
Así, la primera vez que se pagó este impuesto fue meses antes a que México formalizara su candidatura como anfitrión ante el Comité Olímpico Internacional, ganando la sede el 18 de octubre de 1963 y en esa fecha “los automovilistas ya la habían pagado dos veces, primero como disposición del artículo 13 de la Ley de Ingresos de 1962, y al año siguiente, con todo el empaque de Ley del Impuesto a la Tenencia o Uso de Automóviles, que sería por dos años”.
Precisamente, en el libro "México, Solicita XIX Juegos Olímpicos" del Comité Olímpico Mexicano (1963), que el gobierno mexicano hizo a manera de solicitud para ser sede de los Juegos Olímpicos se dice que las villas olímpicas serían construídas como parte de un programa de habitación a cargo de varias dependencias gubernamentales, similar al proyecto de construcción de la Unidad Habitacional Nonoalco-Tlatelolco. No se menciona que los recursos provendrían de la recaudación de la tenencia.
Mientras, el impuesto de la tenencia se posicionó como uno de los ingresos más importantes del Estado ya que la cantidad de automóviles en el país aseguraba una importante suma de dinero que, para los años 80, ayudaría a solventar y aliviar crisis económicas. En esa década la tenencia se amplió a los propietarios de aviones, motocicletas, yates, helicópteros y otros transportes acuáticos.
El procedimiento de pago se ha ido adaptando, al principio el pago era ante Hacienda, después se empezó a cobrar en las oficinas de la Tesorería y una vez convertido en impuesto “local”, cada estado decidió a qué secretaría le correspondería tratar y optimizar el pago. Antes alguien tenía que “perder” gran parte de su día en larguísimas filas, hoy muchos lo hace a distancia” pagando online.
Y aunque se ha hablado de eliminar este impuesto, siempre se estima que la eliminación representaría una caída de ingresos; en 2007, por ejemplo, de 22 mil millones de pesos anuales y que dicho impuesto era vital para el funcionamiento de estados. Se decía, incluso, que esos recursos equivalían al subsidio total del Metro en un año. Por eso ha sido considerado un impuesto “corrupto”, debido a la falta de transparencia del destino de miles de millones de pesos. Este impuesto es, sin duda, uno de los gastos que más golpean a la la población.