Óscar M. Beteta

“Dejar la revisión de personas y vehículos a juicio de la policía es liberar total y legalmente la permisividad que ésta ha tenido en el cumplimiento de su deber”.

México va en retroceso en materia de garantías individuales. De la democracia que muchos creen que somos, caminamos a un Estado cuasi policía, en el que los derechos y las libertades no existen.

Del principio jurídico de que todos somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario, pasamos, por una absurda decisión de la Corte, al que establece la “constitucionalidad” de que todos somos sospechosos —aunque “fundadamente”— a los ojos de la policía, a la que le confiere poder para inspeccionar a personas y vehículos de acuerdo con su “criterio”.

De golpe y de la manera más irracional y absurda, algunos ministros del tribunal constitucional del país, desinstitucionalizan la justicia, la individualizan y la ponen en las peores manos, con la falacia de que lo que han hecho es algo que prevalece en todo el mundo.

Las razones que esgrimen la mayoría de ellos al dar validez en el Código Nacional de Procedimientos Penales a los excesos que ahora podrán cometer los agentes policiales, no tienen fundamento en la realidad.

Pasan por alto lo que somos como sociedad. Soslayan la tradición, los usos, las costumbres y las prácticas de los cuerpos policíacos. La corrupción que ha imperado en ellos desde siempre alcanza hoy dimensiones extraordinarias por la acción del crimen organizado y por sus vínculos con ese monstruo. Hay casos en que son una y la misma cosa.

Dejar la revisión de personas y vehículos a juicio de la policía, es liberar total y legalmente la permisividad que invariablemente ha tenido en el cumplimiento de su deber. Establecer en un rango de constitucionalidad las atribuciones que se ha tomado motu proprio, la convierte en un peligro enorme y constante para cualquier ciudadano.

Quienes deberían salvaguardar la integridad de las personas, se convertirán en su peor pesadilla. Hoy, menos que nunca, nadie puede sentirse seguro en ningún lugar ni momento. Esa es la defensa que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación de las garantías ciudadanas. La institución que se suponía aliada de la sociedad pasa hoy, en este caso, por ser su enemiga.

Con las atribuciones desproporcionadas e ilimitadas que se les han dado, con absoluta certeza innumerables grupos de uniformados que deberían preservar el orden y hacer observar la ley, pondrán bajo sospecha a personas inocentes en la comisión de cualquier delito, las detendrán, las involucrarán en hechos de los que son ajenas y seguirá el intento de extorsión.

¿Qué suerte pueden correr quienes se nieguen a pagar por su inocencia o por su libertad?

En esa línea, la “impartición de justicia” ya no correrá por las vías establecidas. Los policías se erigirán en agentes del Ministerio Público y en jueces. Dictarán sentencia in situ, con la respectiva mordida de por medio. No se necesitarán cuerpos defensores de los derechos ciudadanos. Las cárceles saldrán sobrando. A éstas, quizás ni siquiera lleguen muchos auténticos infractores de la ley.

Con tantas facilidades y oportunidades para los excesos, los abusos y maneras rápidas de hacer dinero, muchos querrán ser policías. O se harán pasar por ellos.

La “justicia”, ejercida como facultad individual, de cada policía, acaso de grupos que se repartan cotos y plazas, se dará en cada esquina. Si hoy se paga derecho de piso por doquier al crimen organizado, pronto se empezará a pagar derecho de tránsito con policías abusivos, arbitrarios y proclives a la comisión del delito. Pero eso sí, “constitucionalizados”.

Tan sólo con esos razonamientos, ¿serán conscientes los ministros de la Corte que aprobaron ese ordenamiento, de lo que han hecho?

¿Pueden estar seguros de que, incluso ellos y sus familias, que gozan de todo tipo de protección, están a salvo de la avidez, la insensatez y la locura del Frankenstein que acaban de liberar?

Si los niveles que ha alcanzado la criminalidad en los últimos años han generado un hondo temor entre la población porque se siente expuesta a sus garras, el horror al que se acaba de dar paso la hundirá en un desaliento y la desmovilización totales, pues queda a merced de quien piensa en todo, menos en hacer cumplir la ley.

Todas las explicaciones que se puedan dar en pro de esa aberrante decisión, todos los límites legales que se refieran para argumentar que es en favor de la población, salen sobrando.

Si es esto lo que realmente quiere la Corte, debe dar marcha atrás al yerro que acaba de cometer. Tendría un reconocimiento social amplio, donde se cumpliría la máxima de que es de sabios rectificar.

SOTTO VOCE… A pasos agigantados, Michoacán se descompone. La violencia es el pan de todos los días en esa entidad. ¿Dónde está, se preguntan muchos, el gobernador Silvano Aureoles? Sus “gobernados”, arrepentidos de haberlo llevado al poder, se dan cuenta todos los días de que les mintió en todo lo que les ofreció cuando buscaba su apoyo. Cualquier promesa de Silvano es garantía de fraude, incumplimiento y decepción e incluso traición. ¡Pobres michoacanos!... Arturo Núñez, quien llegó a la gubernatura de Tabasco hace seis años por obra y gracia de AMLO, seguramente no concilia el sueño porque, con toda certeza, el candidato presidencial de Morena hará que Augusto Adán López lo releve en el cargo. Lleva una amplia ventaja. El “traidor”, como lo conocen, previsiblemente, tendrá que pagar la factura de su desgobierno, la inseguridad en la que ha hundido al estado y la corrupción que, a decir de los tabasqueños, ni siquiera esconde. Una gran incógnita que ha contribuido al deterioro económico, político y social es la confusión de la sociedad por no saber si la manda un gobernador o una gobernadora.