El laberinto tamaulipeco
Hace año y medio, escribí lo siguiente: “En Tamaulipas coexisten al menos 21 células criminales con origen en el Cártel del Golfo y al menos ocho surgidas de Los Zetas. Esos grupos operan de manera básicamente independiente y no se sienten restringidos por su afiliación original. Dicho de otro modo, hay Zetas peleando contra Zetas y Golfos contra Golfos. Y por momentos, algunos Golfos, aliados con algunos Zetas, entran en guerra contra otros Golfos u otros Zetas o alguna combinación. En buen mexicano, el asunto es un desmadre”.
Ese desmadre persiste. El domingo pasado se armaron sendas balaceras en Nuevo Laredo y Reynosa.
En el primer caso, según reportes oficiales, se libra una batalla entre dos grupos de Zetas: unos que se hacen llamar Vieja Escuela y otros que se autodenominan el Cártel del Noreste (CDN). Y los segundos habrían tenido una serie de enfrentamientos con personal de la Marina que, entre otras cosas, dejaron como saldo la muerte de un marino, así como la de una familia entera, incluyendo a dos niñas (los detalles de ese hecho terrible son materia de controversia).
Por su parte, en Reynosa, hay una confrontación entre facciones distintas del Cártel del Golfo, una de las cuales se agarró a tiros con elementos de la Policía Estatal, dejando cinco muertos, entre ellos una señora que viajaba con sus hijos, perdió el control del vehículo y chocó contra un poste.
Los tres párrafos anteriores podrían haber sido escritos en casi cualquier momento desde 2005. Las marcas habituales de la violencia en ese estado siguen presentes: fragmentación de grupos criminales, enfrentamientos entre bandas fuertemente armadas en zonas urbanas, uso intenso de las fuerzas armadas en tareas que corresponden más a la policía.
Sin embargo, hay algunas piezas nuevas del rompecabezas. En primer lugar, la transición política en el estado en 2016 alteró las relaciones con el gobierno federal. Para mal. El costo y tamaño del despliegue federal en Tamaulipas se volvió sujeto de agrias discusiones. También la distribución de responsabilidades y el intercambio de inteligencia.
En segundo término, los gobiernos municipales se han salido del problema de la seguridad. Tamaulipas es un estado de mando único donde ya no existen policías municipales (salvo policías de tránsito en algunas localidades). Se pueden discutir las ventajas, pero hay una desventaja obvia: los alcaldes tienden a lavarse las manos, aún en las tareas que todavía les tocan (justicia cívica, prevención del delito, etc). Eso significa que hay poco esfuerzo de contención desde lo local.
Lo anterior implica que crecientemente la responsabilidad por la seguridad está recayendo en el gobierno estatal. Pero allí los recursos son escasos: no hay más de 3000 policías estatales para todo Tamaulipas. Ha habido esfuerzos de incrementar el tamaño de la policía estatal, pero no se puede cubrir el déficit de policías en el corto plazo.
Tenemos entonces una situación complicada: una multiplicidad de bandas y conflictos, una administración federal que va de salida, autoridades municipales que poco hacen y un gobierno estatal que algo intenta, pero con recursos muy limitados.
A menudo se llama a Tamaulipas un estado fallido. Esa descripción no fue adecuada ni en los peores tiempos del conflicto CDG-Zetas.
Pero un hecho es indudable: Tamaulipas no acaba de salir del laberinto.
Nota: Desde mediados del año pasado, pertenezco, junto a otros especialistas en la materia, a un Consejo Consultivo de Seguridad Pública de Tamaulipas. No tenemos ninguna capacidad de decisión. Sólo damos nuestra opinión sobre la situación del estado, en reuniones periódicas, a distintos funcionarios estatales.