Otro Pemex en Yucatán
Combatida ferozmente por los tecnócratas, la calidad de Petróleos Mexicanos como monopolio tolerado por la Constitución, ahora resulta que en la magia de la reforma energética se está prohijando otro en materia de combustibles en Yucatán… sólo que privado y extranjero
Designada la empresa holandesa Trafigura como comercializadora del Estado Mexicano, en el caso de la península resulta también la operadora de la infraestructura de almacenamiento y transporte de la región.
La compañía firmó el 23 de julio de 2014, es decir un mes antes de que se aprobaran las leyes secundarias de la reforma energética, un contrato con Pemex y la firma Hidrobenz, que opera las gasolineras Hidrosina, de los hermanos William y Paul Karam, para construir dos terminales de almacenamiento y dos ductos para la importación de petrolíferos hacía la península de Yucatán.
El director de Pemex, en aquel entonces, era Emilio Lozoya.
A quién le importó poco que el marco jurídico no autorizaba en ese momento contratar instalaciones con status de privadas.
La figura con que se intentó cubrir la evidente ilegalidad era “Proyecto Productivo Desarrollado por Terceros”.
El documento lo firmó el entonces director general de Pemex Refinación, Miguel Tame Domínguez.
La información de cara a la opinión pública, se reservó por 12 años.
Uno de los ductos tenía una longitud aproximada de 350 kilómetros, y correría de Puerto Progreso a una terminal de almacenamiento cercana al aeropuerto de Cancún: otro, éste de 250 kilómetros, correría del mismo lugar hasta una terminal que al momento de la firma del contrato estaba por definirse.
El proveedor del servicio de la construcción resultó la brasileña Odebrecht, que entonces era dirigida por Luis Weyll, el mismo que señaló a Lozoya como receptor de los sobornos de 10.5 millones de dólares otorgados por la empresa.
El modelo de negocios apuntaba a que Pemex, vía su subsidiaria PMI Comercio Internacional, administraría los productos petrolíferos mediante sus diversas terminales.
El negocio para Trafigura e Hidrobenz se constreñía al pago de la logística y transportación de los productos.
El último eslabón era Pemex, como comercializadora.
En ese momento la composición accionaria del consorcio era de 35% para Trafigura y otro tanto para Hidrobenz, en tanto PMI Comercio Internacional tendría el 30% restante. La operación se sustentaría en una holding que controlaría 100% del capital.
Sin embargo, bajo el nuevo escenario, el negocio se quedó integro para los privados al autorizar la Comisión Nacional de Hidrocarburos a Trafigura como comercializadora. La firma, naturalmente, tendría control y, colocada en escena la liberación de precios, la posibilidad de fijarlo a su albedrío.
La compañía la representa Katia Marion Eschenbach Caloca, egresada del ITAM, quien firmó el contrato con Pemex al lado de William Karam Kassab.
De monopolio público a privado.
Balance general. Colocada en escena una megalicitación por parte de la Comisión Federal de Electricidad para adquirir hasta 3 millones 500 mil walthorimetros, conocidos coloquialmente como medidores, la noticia es que se han inscrito las empresas IUSA de Carlos Peralta, y Conymed, cuyo accionista formal es el cuñado de éste, Andrés Tort.
Las firmas están siendo investigadas por la Comisión Federal de Competencia Económica tras la publicación de una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que las ubicó como parte de un mismo consorcio en un marco en que se turnaban los contratos. Aunque al concurso se inscribió también una compañía encabezada por José Adolfo Murat García, sobrino del que fuera gobernador de Oaxaca y primo del actual, su propuesta se rechazó en la evaluación técnica.
El método desarrollado por Iusa y Conymed era simular, que una y otra eran entidades distintas, es decir que había competencia. La investigación de la Comisión Federal de Competencia Económica se inició en octubre del año pasado.
Guerra sucia. A espaldas del secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, desde la Procuraduría Fiscal que encabeza Max Diener se han girado instrucciones al personal para concentrarse en buscar abajo de las alfombras algo que pudiera dañar la imagen del candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador. La pesquisa incluiría no sólo al aspirante, sino a su esposa y sus hijos, y demás familiares, además de conocidos y hasta colaboradores.
El objetivo es ubicar presunta evasión de impuestos y negocios. Además de los expedientes oficiales, la fuente serían enemigos, resentidos o excolaboradores del candidato. Extraoficialmente, se habla de ascensos y privilegios para quienes aporten informes.
Objetan reforma. El secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, Julián Saldaña Morán, está solicitando congelar en el Senado de la iniciativa de justicia laboral planteada por los senadores priistas Tereso Medina e Isaías González.
Como usted sabe, en la propuesta se colaron algunos artículos que le abren de par en par la puerta al outsourcing o terceria, es decir el que las empresas subcontraten personal para determinadas actividades, lo que le colocó un nuevo obstáculo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte por la oposición de sindicatos y legisladores demócratas.
Sin embargo, la propuesta de Saldaña apunta no sólo a no irritar a la contraparte estadounidense, sino a los propios trabajadores a quienes se afectarían derechos laborales de primer orden.
Razones de Telcel. Ausente en la pelea por el segmento de la banda de 2.5 gigahercios que recuperó el gobierno, Telcel justifica su salida por lo que calificó de inequidad en el proceso.
Aunque no se habla de bloqueo por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones, se señala que las condiciones no estaban planas para todos.
La pelea será sólo entre AT&T y Telefónica México, quienes se habían opuesto a que participara Telcel por haber adquirido una parte del espectro de la propia banda, vía su compra a MVS.