¿Quién parará a la aplanadora Morena?
La décima primera encuesta de la Presidencia, titulada Fase Final, establece que, al 23 de mayo, las preferencias favorecen a AMLO (39.48%), seguido de Ricardo Anaya (27.45%), José Antonio Meade (17.59%) y Jaime Rodríguez El Bronco( 3.21%). Los indecisos alcanzan 12.27%.
La encuestadora Massive Caller concluyó que el ganador del segundo debate fue el candidato de la coalición PAN-PRD-MC (35.17%), seguido del de Morena-PT-PES (33.47%), del PRI-Verde-Panal (24.95%) y del independiente (6.41%).
Sin embargo, el sondeo telefónico realizado por Eje Central e Indicadores SC, revela que fue Anaya el que resintió el mayor impacto en las preferencias electorales, al perder cuatro puntos porcentuales, tras el segundo debate presidencial del domingo pasado, mientras que El Bronco fue el que más se benefició al ganar 3 puntos, seguido de Meade al sumar 1.7 puntos y de AMLO quien ganó 0.2 puntos.
Massive Caller, por otra parte, proyecta el triunfo de Morena-PT-PS en cuatro de las nueve gubernaturas en disputa (Chiapas, CDMX, Morelos y Tabasco); el del PAN-PRD-MC en otras cuatro (Guanajuato, Puebla, Veracruz y Yucatán); y del MC en una (Jalisco).
Y Consulta Mitofsky hace una proyección de cómo quedaría integrado el Congreso de acuerdo con las preferencias electorales captadas en mayo:
Morena-PT-PES tendrían entre 236 y 298 asientos en la Cámara de Diputados (mayoría absoluta si alcanzan el extremo); PAN-PRD-MC entre 120 y 176; PRI-Verde-Panal entre 62 y 105; y entre cero y un independiente.
Mientras que, en el Senado, Morena-PT-PES tendrían entre 51 y 73 escaños (mayoría absoluta si alcanzan el máximo); PAN-PRD-MC entre 28 y 50; PRI-Verde-Panal entre 18 y 40; y los independientes entre cero y dos.
Ante este escenario abrumador y la generalizada opinión de los expertos de que revertir esta tendencia es prácticamente imposible en los 36 días que restan para la jornada electoral, es que se fortalece la opinión de que el sistema ya afina lo que algunos llaman operación electoral y otros de plano fraude. Eso ha ocurrido históricamente aun en esta etapa democrática del país.
Hay datos, dados a conocer por el colectivo “Acción Ciudadana contra la Pobreza”, que podrían ser evidencia de una estrategia electoral basada en la compra masiva de votos, el uso faccioso de programas sociales y el sabotaje de los contrapoderes institucionales.
De acuerdo con esa organización, el gobierno aumentó 71% durante el primer trimestre del año el presupuesto asignado a las delegaciones estatales de nueve dependencias federales (Sedesol, Sagarpa y Sedatu, entre otras), y añadió cinco mil 251 millones de pesos (36% más) al gasto del programa Prospera, sin que aumentara el padrón de beneficiarios. Además, incrementó en poco más de mil por ciento, los fondos del Programa de Empleo Temporal.
“Acción Ciudadana contra la Pobreza” sostiene que el gobierno federal desembolsó 38% más a la partida de “materiales y suministros”, que discrecionalmente se ha usado para la compra de votos; mientras que recortó en 81% el presupuesto asignado a la observación electoral y el TEPJF avaló la entrega de tarjetas y mantener en la opacidad la operación de los programas sociales.
El objetivo de estas estrategias se centra en las casillas rurales, donde la decisión de co- mer o no comer puede incidir en la decisión de vender el voto.
Por otra parte, el gobierno propició una grave inestabilidad institucional al mantener vacantes las cabezas de los llamados contrapoderes. No hay fiscal general, ni fiscal anticorrupción, ni los magistrados encargados de castigar esos actos. No hubo durante varios meses ni fiscal electoral ni auditor superior de la Federación y, según “Acción Ciudadana contra la Pobreza”, están “capturados” los órganos internos de control de la Sedesol y el Inai.
Por eso la pregunta: ¿van a frenar así a la aplanadora Morena?
INSTANTÁNEAS: 1. RESPUESTA. En relación con lo escrito aquí en la entrega pasada, la Corte acordó desechar por “notoriamente improcedente” la petición de la Consejería Jurídica de Chihuahua de dar entrada y pronunciarse sobre la decisión de un juez y un magistrado federales de trasladar a la Ciudad de México al ex secretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, procesado en aquella entidad por el presunto desvío de 250 millones de pesos a campañas del tricolor y fijó un plazo de tres días hábiles al gobierno que encabeza Javier Corral para que informe sobre el avance del acatamiento de esa disposición judicial. El Consejo de la Judicatura Federal anunció, por su parte, el cambio a Tapachula del juez federal que se ocupaba del caso, Gerardo Moreno García. Explicó que la remoción forma parte de la rotación de jueces que periódicamente realiza la Judicatura.