Alto a la inseguridad
Colocada en el común denominador de las promesas de los candidatos a la Presidencia de la República, acabar con la impunidad; la tarea parece titánica de cara al arraigo: México está colocado en el cuarto escalón de los 10 países con mayor incidencia. Nos
En la ruta del nada para nadie, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, en 2016 se cometieron 31.1 millones de delitos asociados a 24.2 millones de víctimas.
La tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes fue de 37 mil 17, frente a la de 2015, que alcanzó 35 mil 492.
Y aunque la constante en el país es omitir denuncias ante la falta de resultados o el temor de represalias, en 2017 llegaron al Ministerio Público 1.8 millones.
El costo de la inseguridad alcanzó 224 mil millones de pesos, equivalentes a 1.1% del Producto Interno Bruto.
Las cifras se inscriben en un volumen de título sugestivo: Cómo poner un alto a la inseguridad en México. Cinco propuestas para tranquilidad de la ciudadanía. Su autor, Alejandro Desfassiaux, es presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, con una trayectoria de más de 30 años en la materia.
Las recetas oscilan desde revivir la Secretaría de Seguridad Pública, desmantelada en el actual sexenio, lo que automáticamente desaparecería la Comisión Nacional de Seguridad y dejaría sin tutela en el tema a la Secretaría de Gobernación, hasta la creación de un Colegio Nacional de Oficiales y Mandos de la Policía Federal.
Además, se plantea abrir una estadística de costo-beneficio, es decir cuantificar el monto presupuestal de apoyo frente a los resultados de cada entidad federativa, en paralelo a implementar una política de cero tolerancia y de ubicar vías efectivas para la reinserción de la delincuencia a la sociedad.
En el desglose de los puntos, en el regreso de la Secretaría de Seguridad Pública se deslindaría al Ejército y la Marina de funciones ajenas a las previstas en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea.
Mientras la actual estrategia habla de revisar la compatibilidad moral de los cuerpos policiacos, la alternativa sugiere capacitarlos en consonancia, por ejemplo, con el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. El entrenamiento sería uniforme.
En el caso de la evaluación de “rentabilidad”, se habla de un costo actual equivalente al 4% del PIB. Reducirlo obligaría a premiar o castigar a los mandos en relación con determinadas metas.
El capítulo de cero tolerancia habla de involucrar el combate al lavado de dinero. Así, en la Plataforma México se colocaría un software ligado al Servicio de Administración Tributaria, Sistema Financiero y aun el IMSS y el ISSSTE, para ubicar un retrato integral de algún infractor.
Bajo el esquema se llevaría un registro de todos los movimientos financieros de las personas.
La alternativa apunta también a crear un Sistema Nacional de Prevención y Reinserción Social con cárceles sustentables, es decir, que los reos realicen tareas desde producir sus propios alimentos hasta mantenimiento de la infraestructura.
De acuerdo con el autor, de aplicarse la fórmula, a partir del segundo año bajaría el costo de la inseguridad, alcanzando en el quinto sólo el equivalente a 0.5% del PIB. La pesadilla del gobierno que llegue al relevo.
Balance general. Aunque algunos le apuestan a una finta más del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para presionar la claudicación de México y Canadá frente a sus propuestas ventajosas para cerrar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la orden de revisar de cara a la seguridad nacional las importacio- nes de vehículos podría ir en serio, dada la fijación sobre el tema.
¿Se acuerda que al inicio de su mandato Trump hablaba de un arancel e impuesto de ingreso de 35%, sacado de la manga? Pues ahora tendría sustento para aplicar uno de 25%. Naturalmente, la medida sería impugnable de cara a las leyes internacionales, lo que abriría la posibilidad de aplicar represalias.
Ahora que el jaque le pega en el centro del sistema de flotación al país, dada la enorme dependencia del mercado de Estados Unidos, desmantelando de pasadita el principal atractivo para la instalación de armadoras extranjeras en el territorio. La era de los sustos.
Sí, pero no. El crecimiento económico registrado en el primer trimestre del año de 2.15%, que anualizado alcanzaría un nivel de 4.59% comparado con el mismo lapso de 2017, representa un signo más de desaceleración.
En ese lapso el crecimiento fue de 2.68%. De acuerdo con la calificadora HR Ratings, en el escenario se arrastran las caídas del sector secundario en el tercer y cuarto trimestres del año pasado, derivadas de los sismos de septiembre, en paralelo a la desaceleración del sector servicios.
Ahora que, pese al 2.15% en promedio, el principal sector de la producción industrial, el manufacturero, registró una caída de 6.16%, frente al crecimiento de 1.74% en el cuarto trimestre del año pasado. El soporte mayor lo representó la construcción, con un espectacular salto de 11.66%.
Contubernio. Abierta por la Comisión Federal de Competencia una investigación de oficio sobre posible colusión entre constructoras para turnarse o repartirse contratos de mantenimiento, estabilización y protección de derrumbes y terraplenes en la carretera Cuernavaca-Acapulco, hay que recordar que el escenario ha sido conflictivo desde hace años.
Como recordará usted, a la constructora Gutsa se le suspendió por incumplir las tareas, aunque reapareció con otra razón social para involucrarse a la tarea del libramiento de Cuernavaca, donde se abrió el famoso socavón.
Figura emblemática. Colocado por su consuegro, Alfonso Romo Garza, como director general de Seguros Comercial América, Adrián Páez Martínez sobrevivió por su capacidad a la venta de la empresa a la holandesa ING. Fallecido ayer, Páez fue un ícono en el ramo.
Seguridad cibernética. Al escándalo del hackeo al sistema de transferencias electrónicas de los bancos está creciendo la participación de empresas de seguridad cibernética. Una de ellas, eNomina, que dirige Gustavo Boletig, tiene una plataforma que, además de ofrecer seguridad en los datos, asegura una gestión eficiente de los créditos, previendo el sobreendeudamiento a los acreditados y, de pasadita, evitando fraudes y descuentos no autorizados por los usuarios.
Tecnología biométrica, dicen.
Demanda colectiva. Rechazada por un juez hasta en tres escenarios, finalmente el juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil y del Trabajo de Nuevo León aceptó dar cauce a una demanda de acción colectiva presentada por usuarios contra Viva Aerobus.
Patrocinada por la Procuraduría Federal del Consumidor, la queja prosperó gracias a una apelación ante el Cuarto Tribunal Unitario del Cuarto Circuito. El reclamo habla de incumplimientos de la línea aérea.