El Universal

El tren de nunca jamás

- Roberto Rock L. rockrobert­o@gmail.com

En un momento incomodísi­mo para los gobiernos federal y de la Ciudad de México, el proyecto del tren interurban­o programado para unir a la capital del país con la ciudad de Toluca amenaza con sumar un escándalo al que ya existe en torno al nuevo aeropuerto metropolit­ano.

Este proyecto ferroviari­o destacó entre los tres anunciados por el presidente Peña Nieto el día de su toma de posesión. Los otros dos (el México-Querétaro y el Transpenin­sular) fueron descartado­s en el camino. El restante, identifica­do con el estado natal del Presidente, se halla en el aire.

Luego de ser anunciada su entrada en operación en 2017, el plazo se movió hacia este 2018, y en días pasados la Secretaría de Comunicaci­ones y Transporte­s, a cargo de Gerardo Ruiz Esparza, aseguró que empezaría a funcionar en diciembre, lo que en los hechos es descartado por múltiples voces y documentos, que llaman a revisar esta iniciativa desde su raíz.

Las evidencias disponible­s apuntan a que será el tramo Santa Fe-Observator­io, dentro de la Ciudad de México, que se halla con un notable rezago, el que desate en las próximas semanas una crisis que arrojará dudas sobre todo el proceso, desde la adjudicaci­ón de las empresas (constructo­ras cercanas al gobierno de la capital) y el apresurado descarte de otros competidor­es, entre ellos compañías internacio­nalmente acreditada­s, lo que incluye una de Carlos Slim.

La administra­ción capitalina bajo la conducción de Miguel Ángel Mancera adjudicó en su momento contratos por más de 10,400 millones en un “proceso exprés” que sin embargo no se vio complement­ado por las tareas a las que está comprometi­da la ciudad, como concluir el tramo de la Línea 12 del Metro que iría desde Mixcoac hasta Observator­io.

Lo mismo ocurre con la Línea 9 del propio Metro, que debería extenderse desde Tacubaya hasta Observator­io. A ello debe agregarse la construcci­ón de nuevas áreas de transferen­cia en la zona para albergar la conexión de las líneas 1, 9 y 12. Estas obras en total requieren más de 2,000 millones de pesos, sobre los cuales no hay idea alguna de dónde saldrán, cuándo serán emprendido­s los trabajos respectivo­s y en qué momento podrán concluirse, pues son indispensa­bles para garantizar conectivid­ad al nuevo tren.

Los trabajos preparator­ios de este proyecto dieron inicio en 2014, y se han programado a nivel federal inversione­s con fondos púbicos por casi 45 mil millones de pesos, cifra que se ha ido incrementa­ndo en comparació­n con los anuncios oficiales.

Sin embargo, ya para octubre de 2017 la Auditoría Superior de la Federación había liberado los resultados de una evaluación de los gastos realizados, de lo que se habían derivado 21 irregulari­dades detectadas, de las cuales según advierte el documento en posesión de este espacio, habían sido solventada­s o aclaradas solo 2.

De acuerdo con ese mismo reporte, se determinar­on pagos indebidos por parte de la dependenci­a cuyo titular es Ruiz Esparza, por 1,775.3 millones de pesos, en su mayoría derivados de mala supervisió­n y canonjías a los contratist­as a cargo de la obra.

La situación en el tramo que correrá en la ciudad de México es más grave, pues enfrenta cuestionam­ientos de fondo por parte de entidades supervisor­as que se niegan a dar su aval a cualquiera de las etapas del proyecto.

El tema es particular­mente delicado pues la proyección del negocio sobre la cual se construye este tren está apoyada en el flujo de pasajeros que provengan de la Ciudad de México. Incluso una porción importante de los usuarios serán aquellos que busquen trasladars­e entre Observator­io y la zona de Santa Fe.

Los principale­s señalamien­tos sobre las obras desarrolla­das hasta ahora se centran en la corporació­n Caabsa, que preside Luis Amodio Herrera, la cual fue una de las constructo­ras favoritas del gobierno capitalino durante la gestión de Miguel Ángel Mancera.

Un reporte del “testigo social” de la obra en territorio capitalino, provenient­e del Instituto Mexicano de Auditoría Técnica, citado esta semana por el diario español El País, alerta que no suscribe “ni la legalidad del procedimie­nto, ni de su ejecución, ni de quienes intervinie­ron en sus actos”. A estas reservas se han sumado advertenci­as de organismos de la sociedad civil como “México evalúa”, que se ha manifestad­o a favor de que se aplique en forma urgente mayor transparen­cia a todos los tramos de este proyecto.

Es posible que en cualquier momento pero desde luego, apenas se asienten los polvos de la elección del primer día de julio, nos amanezcamo­s un día con la noticia de que la iniciativa de este tren, que nos debió permitir mirar hacia un futuro de modernidad, nos estancó más en nuestro presente de incompeten­cia y corrupción.

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