Violencia a periodistas busca frenar libertad: CIDH
• En informe, detalla la “crisis de seguridad” en el país y la transgresión de garantías contra comunicadores
México presenta una “profunda crisis de seguridad” en la que se han registrado hechos violentos contra periodistas, que buscan frenar el debate público y atacar la esencia de la democracia en el país, se indica en el informe conjunto del relator especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad y de expresión y el relator especial para la libertad de opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre su misión a México.
Los relatores indicaron que “México atraviesa una profunda crisis de seguridad que afecta gravemente los derechos humanos de su población. Uno de los aspectos centrales de la crisis es el debilitamiento del Estado de derecho y la gobernabilidad a nivel local que se ha extendido en el país, que facilita y, al mismo tiempo, se ve exacerbada por homicidios, desapariciones y torturas.
“Aunque el padecimiento es extendido, a menudo los hechos de violencia se han dirigido a quienes son más indispensables para dar a conocer el conflicto e inseguridad: los periodistas”, refirieron.
David Kaye, relator especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, y Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, presentaron ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el informe sobre la misión que realizaron en México del 27 de noviembre al 4 de diciembre, en la que se reunieron con autoridades 250 periodistas y organizaciones de la sociedad civil, en la Ciudad de México, Guerrero, Veracruz, Tamaulipas y Sinaloa.
En el documento aborda las diversas problemáticas que enfrentan los periodistas y la libertad de expresión en el país, como la ola de homicidios y agresiones, la falta de justicia, el caso Pegasus y el acceso a datos, entre otros.
En 93 puntos, Kaye y Lanza mencionaron que 73 periodistas han sido asesinados desde 2010 y que 96.6% de los casos de homicidios y agresiones permanecen en la impunidad.