Tribunal niega aclarar sentencia para crear comisión de la verdad
• Resoluciones están claramente definidas, responden al Presidente y a los diputados
El Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito propinó un nuevo revés al gobierno federal y negó aclarar la sentencia de amparo en la que ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia para indagar los hechos del caso Iguala.
Durante la sesión, los magistrados consideraron que su resolución es lo suficientemente precisa y no requiere ser aclarada, como solicitaron el Presidente de la República y la Cámara de Diputados.
La solicitud había sido adoptada por el magistrado Mauricio Fernández de la Mora, debido a que ni el titular del Ejecutivo ni los legisladores son parte en los juicios de amparo 203 al 206/2017, promovidos por algunos de los implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Al hacer suya la solicitud, el magistrado sometió a consideración del pleno del colegiado la posibilidad de analizar nuevamente la resolución y aclarar los puntos relativos a la creación de la comisión de la verdad y la forma en que se le asignará presupuesto para funcionar, tal como requirieron los diputados y el Presidente.
Los magistrados consideraron que los alcances de las sentencias emitidas en los amparos están claramente definidos.
Las sentencias de los amparos concedidos a Miguel Ángel Landa Bahena, El Chequel, presunto integrante de Guerreros Unidos; Gildardo López Astudillo, El Cabo
Gil, lugarteniente de dicha organización; Felipe Rodríguez Salgado,
El Cepillo, y Salvador Reza Jacobo,
El Wereke, ordenaron la creación de una comisión de la verdad para la investigación del caso Iguala.
La resolución establece que la comisión deberá quedar integrada por los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, personal de la CNDH y ministerios públicos federales distintos a los que ya han intervenido en la investigación.
Por otra parte la Comisión Nacional de los Derechos Humanos autorizó un representante legal para poder intervenir en los juicios de amparo en los que el primer tribunal federal ordenó la creación de la comisión de la verdad para investigar el caso de los normalistas desaparecidos.