AMLO y los burócratas plebeyos
En este caso no se trata de buscar el prietito en el arroz sino de reclamar que haya quedado fuera una pieza principal de la lucha contra la corrupción: la profesionalización de la función pública federal.
El día de ayer, domingo, el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, presentó un listado de 50 puntos para garantizar honestidad y austeridad en el nuevo gobierno.
Las medidas atienden al sentido común y responden al enojo que traemos los mexicanos por el abuso con que los gobernantes, de todos los colores, han administrado recursos que no eran suyos.
AMLO promete acabar con fueros y privilegios: no más vehículos nuevos, ni choferes, ni secretarios particulares —excepto los titulares del gabinete—, no habrá bonos, los viáticos se limitarán al mínimo, adiós a los seguros médicos privados, se terminaron los viajes injustificados al extranjero, lo mismo que los guaruras, nada de usar aeronaves rentadas, ni de remodelar oficinas.
¿Quién podría estar en contra de estos planteamientos? Nadie que tenga un mínimo de sensibilidad frente al estado de ánimo imperante: los abusos están encontrando una oposición de su misma proporción y tamaño.
Y, sin embargo, el anuncio de ayer fue omiso con respecto a la crisis que enfrenta la función pública mexicana. La corrupción y la opulencia son ciertas, pero se trata de la punta del iceberg de una crisis de proporciones muy graves cuyo origen no parece haber rozado aún el interés del futuro presidente de México.
La administración pública federal atraviesa por uno de sus peores momentos. No importa dónde se ponga el dedo, si en el sistema penal, en la gestión del territorio, en las políticas de desarrollo, en la salud o la educación, en las comunicaciones o la cultura: por todas partes la nave hace agua.
Tiene razón López Obrador cuando apunta a que parte del problema se encuentra en la mezcla de indolencia y suntuosidad que han caracterizado a las cabezas, pero más allá de esa evidencia —debajo de esos mandos— hay una burocracia maltratada, desprotegida, vejada, humillada y sin ningún estímulo o ánimo que le permita desempeñarse con dignidad y decoro.
Pongamos por ejemplo la cantidad de personas dedicadas a la enfermería en los hospitales públicos, cuyo número es muy inferior al que se requeriría; muchas de ellas han sido empleadas mediante contratos irregulares, sin prestaciones de ley, sin seguridad en el empleo, ni medios de defensa laboral para cambiar su situación.
Ellas son parte del Estado mexicano y para que los servicios médicos se transformen, no bastará con que se recorten los gastos, se eliminen los secretarios particulares o se prohíban los guaruras: sólo una reforma profunda a la estructura de recursos humanos que atiende al sector salud haría que las cosas realmente cambiaran.
Otro ejemplo de las muchas hebras que apremian son los custodios de las prisiones, quienes viven sus derechos humanos violados en permanencia por razones no muy distintas a las que experimentan las enfermeras: no tienen prestaciones, no se respetan sus horarios, no hay presupuesto para que coman, la carga de trabajo es excesiva, son insuficientes en número, etcétera, etcétera.
La burocracia baja y la intermedia, que laboran en las secretarías de Gobernación, Agricultura, Comunicaciones, Turismo, Cultura, Educación, la PGR, Sedesol y el resto del gobierno federal, son víctimas de una prolongada negligencia política de los gobernantes que, hasta ahora, habían estado preocupados, en efecto, por el penthouse, pero desentendidos de los primeros pisos —los más próximos al ciudadano— de la función pública, donde los burócratas plebeyos trabajan todos los días.
Han sido desde siempre los funcionarios plebeyos el hilo más delgado, el punto justo donde se rompe la relación con la ciudadanía. Mientras no se reforme a fondo y sinceramente la estructura humana que da sustancia al gobierno, mientras la discusión solo sea capaz de atender los problemas (o las deficiencias) de la alta función pública, el gobierno mexicano continuará siendo un gigante con pies de barro.
ZOOM: La profesionalización de las personas que laboran en el gobierno federal es pieza fundante de la lucha contra la corrupción. Para asegurar una función pública honesta se requiere, como mínimo, un servicio profesional que defina con honestidad cómo se ingresa, se avanza, se cobra, se obtienen prestaciones y se logra una jubilación suficiente dentro de la burocracia mexicana.