Algo sobre el CISEN
El Cisen se va, pero se queda.
Según declaraciones de Andrés Manuel López Obrador y su probable secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, el órgano de inteligencia civil del Estado mexicano cambiará de nombre y ubicación administrativa. Se llamará ahora la Agencia Nacional de Inteligencia y pasará de la Secretaría de Gobernación a la Secretaría de Seguridad Pública.
Lo primero es un cambio cosmético sin mayor relevancia. Lo segundo es un error serio.
El equívoco parte de confundir la inteligencia policial con la inteligencia civil.
La primera tiene como objetivo obtener evidencia que pueda presentarse en un tribunal como parte de un proceso judicial. Eso significa que tiene un espectro amplio de acción (se puede desplegar para atender cualquier delito), pero está sujeta a reglas estrictas de obtención de evidencia. De otra forma, todo lo que recabe puede ser desechado por un juez.
La segunda es distinta. La inteligencia civil no tiene como destino un expediente judicial. Se recaba información no para meter a alguien a la cárcel, sino para dotar a tomadores de decisión ubicados en el ápice de la estructura gubernamental, de elementos que les permitan conjurar amenazas a la estabilidad, integridad y permanencia del Estado.
Su ámbito de acción es estrecho, pero está sujeta a reglas de evidencia menos estrictas. Tiene que dar información útil, no probar más allá de una duda razonable.
Para que se entienda la distinción: dar seguimiento a una banda de secuestradores es inteligencia policial; infiltrar a un grupo armado que quiere derrocar violentamente al Estado es inteligencia civil.
Por supuesto, hay terrenos grises donde no es fácil hacer la distinción: por ejemplo, el financiamiento al terrorismo puede incluir un componente de narcotráfico.
Pero esos temas ambiguos son los menos. En términos generales, es necesaria una línea roja entre la inteligencia civil y la inteligencia policial. De otro modo, los métodos expansivos de la primera acaban siendo utilizados en tareas policiales y los temas específicos de la inteligencia civil quedan relegados en el espacio inmenso del combate al delito.
¿Qué pasa cuando eso sucede? Pues solo hay que ver nuestro pasado: la Dirección Federal de Seguridad (DFS) se involucró en temas de narcotráfico y acabó infiltrada por las bandas criminales, obligando a su desaparición en 1985 tras el caso Camarena.
El Cisen surgió a raíz de esa experiencia. Durante 17 años, no se involucró en asuntos de delincuencia organizada. Eso empezó a cambiar en 2006, durante la administración de Felipe Calderón, cuando se le encomendaron al Cisen algunas tareas de inteligencia estratégica en la materia. Ese cambio se aceleró en la actual administración, cuando, según declaraciones de Miguel Ángel Osorio Chong, el Cisen se involucró directamente en la búsqueda de cabecillas del crimen organizado, además de vigilar a reos en penales.
Mandar al Cisen, ahora llamado ANI, a la Secretaría de Seguridad Pública completaría esa transición y acabaría de borrar la línea que divide a la inteligencia civil de la inteligencia policial. Pondría al nuevo organismo en riesgo de correr la suerte de la DFS y dejaría desatendida la agenda de inteligencia civil.
¿Qué hacer entonces con el Cisen? Va una propuesta: ubicar administrativamente a su órgano sucesor en la Presidencia de la República, dotarlo de un mandato interno muy limitado (terrorismo, grupos armados y contrainteligencia) y fortalecer sus tareas de inteligencia exterior, además de robustecer sus controles internos y su supervisión externa.
Eso sería digno de una Cuarta Transformación. Lo propuesto este fin de semana es, con todo respeto, una reversión a los setenta.