Acorralan a Pensionissste
En la cumbre del absurdo, la respuesta del ISSSTE a un reclamo de información del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales sobre la ruinosa inversión realizada por su administradora de fondos para el retiro en acciones de la constructora ICA, fue que la transparencia perjudicaría a la firma.
Haga de cuenta que nadie sabía que la empresa pública estaba en el tobogán, lo que obligaba a los tenedores de sus papeles a lanzarse del barco antes de sobrevivir el naufragio.
La paradoja del caso es que en la misma ruta insostenible, dado que la constructora cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, el organismo la demandó alegando ¡falta de transparencia!
La política del avestruz.
Como usted sabe en marzo pasado estalló el escándalo al descubrirse que el Pensionissste, vía su Siefore Básica II, había perdido 400 millones de pesos al adquirir papeles de la constructora en un lapso de 2015 al 15 de ese mes.
La merma, naturalmente, fue con cargo a los trabajadores.
El periodo de compra coincide con el cuesta abajo en la rodada de la constructora fundada por Bernardo Quintana Arrioja como cooperativa de ingenieros, cuyo desenlace fue el ingreso a un concurso mercantil y su salida vía una reestructura de deuda en cuyo marco cambió la posición accionaria, quedando como mayoritario un fondo del inversionista de Monterrey, David Martínez.
Cuando los tenedores de papeles del conglomerado buscaban en bola la puerta de salida, el Fovissste se abría paso a empujones para entrar.
La paradoja del caso es que el escenario colocaba en vía de choque a dos protegidos del canciller Luis Videgaray: el director de la afore, José María de la Torre Verea y el entonces presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jaime González Aguadé.
La lógica es simple: si ICA no informó sobre su situación de cara a los inversionistas, la responsabilidad era de la instancia de supervisión.
Lo cierto es en que la batalla por evitar desnudar su incompetencia o su juego peligroso de entrar y salir del mercado de cara a los vaivenes en la cotización de la acción, el ISSSTE recurrió a los argumentos más absurdos, desde minimizar la apuesta fallida al señalar que sólo representaba 0.2% de los capitales de la intermediaria en juego, hasta señalar que la transparencia violaría la Ley del Mercado de Valores.
Sin embargo, el INAI mantiene firme el dedo en el renglón, aduciendo desde un ángulo, que el escenario genera sospechas entre los usuarios del Sistema de Ahorro para el Retiro, y desde otro el que el Fovissste carece de capacidad para calcular el riesgo.
Como usted sabe, en este momento están bailando en la cuerda floja recursos del ahorro de los trabajadores por 5 mil millones de pesos inyectados a la empresa petrolera Oro Negro en riesgo de quiebra.
La exigencia de multiplicar los recursos ahorrados frente a la posibilidad de fiasco ha propiciado inversiones con mayores posibilidades de rendimiento pero al mismo tiempo de mayor riesgo, así los Certificados de Capital de Desarrollo, los Certificados Bursátiles Fiduciarios de Proyectos de Inversión, los fideicomisos de Infraestructura en Bienes Raíces y los Fideicomisos de Inversión de Energía e Infraestructura.
Se vale, sí… pero con precisión milimétrica del riesgo.
Balance general. Colocado el futuro jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo Garza, como una suerte de muro de lamentaciones de cara al desayuno del viernes pasado al que lo invitó el pleno al Consejo Coordinador Empresarial, a su turno el presidente de la Concamin, Francisco Cervantes, se quejó del alza permanente en las tarifas eléctricas para la clientela de mayor consumo.
El escenario, se dijo, le resta un punto más a la competitividad del país.
Y aunque Romo habló de revisar el escenario en que se fijan los costos, y la extraña reversa de la Comisión Federal de Electricidad en materia de generación, para dejarle la cancha a los privados, dejó en claro que si fuera el caso no habría subsidios para bajar artificialmente las tarifas.
La respuesta inhibió a quienes estaban en fila para plantear estímulos fiscales hacia actividades productivas consideradas estratégicas; la reducción de la tasa máxima del Impuesto Sobre la Renta, y la deducción total para programas sociales a favor de los trabajadores como comedores, vales de despensa o ayuda de renta.
¿TLCAN habemus? A unos cuando días de vencerse el plazo para que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte modernizado pueda entrar en vigor el año próximo, dados los tiempos del Congreso de Estados Unidos para su aprobación, el escenario sigue siendo incierto.
Aunque se habla de un inminente arreglo en el espinoso capítulo de la regla de origen automotriz, lo que a juicio de los analistas de CI Casa de Bolsa podría servir como catalizador para destrabar los otros temas, para seguir adelante se requeriría que Estados Unidos flexibilizara sus posturas.
Aparentemente una vez cerrado el capítulo automotriz se reincorporaría Canadá a la mesa, quien comparte con México el rechazo a la propuesta de muerte súbita del acuerdo para abrir una nueva negociación en el paréntesis, lo que no abona a las grandes inversiones.
Tampoco hay empatía en la propuesta de colocar en paréntesis las exportaciones agrícolas en periodos de cosecha del país del norte.
El volado, pues, sigue en el aire
Duelo de argumentos. Planteado por el abogado Paulo Diez Gargari como elemento de su defensa frente a la acusación de haber provocado un daño patrimonial a OHL al difundir información falsa respecto a su situación financiera, económica y jurídica, la libertad de expresión consagrada en los artículos sexto y séptimo de la Constitución, del otro lado de la mesa se alude que el argumento es falaz.
De acuerdo con el despacho de abogados Zinser, Esponda y Gómez Mont, habiendo sido el acusado asesor de diversas empresas emisoras del Sistema Bancario y de Valores, como el caso del concurso mercantil de Tribasa, y habiendo colaborado en instituciones como el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario y el Banco Nacional de Comercio Exterior, no puede alegar desconocimiento de la Ley de Mercado de Valores.
La denuncia presume una violación al artículo 383 de ésta, en el que se plantea una pena de cárcel de uno a cinco años a quienes difundan información falsa sobre valores o la situación financiera, administrativa, económica o jurídica de una emisora.
La intención de Diez Gargari es que el proceso se haga público.
Compra a ciegas. Por aquellas cosas raras de la vida, hete aquí que en una junta de aclaraciones con los interesados en participar en una licitación para la compra de tóner por parte de la Delegación Estatal de Quintana Roo del Instituto Mexicano del Seguro Social, se planteó que no era causal de desechamiento de alguna postura el que no presentara muestra del producto.
Pago, pues, sin ver. Naturalmente, la rareza despertó la suspicacia de los concursantes en el sentido de que se estaba preparado un traje a la medida para alguno de ellos.