Venganza no es mi fuerte
Acusado de traición a la Constitución de 1857, un Ignacio Comonfort, contrito humilde, se presentó ante el presidente Benito Juárez para solicitarle, a plena invasión francesa, incorporarlo a las filas del Ejército en calidad de soldado raso. El mandatario lo nombró comandante de una unidad militar en Michoacán. La justificación fue simple: “La venganza no es mi fuerte”.
La frase fue utilizada por el hoy presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ferviente juarista, cuando le preguntaron si metería a la cárcel al presidente Enrique Peña Nieto.
Aunque en el plano formal los presidentes de la República no tienen facultades para meter a la cárcel a nadie, lo que implicaría saltarse ministerios públicos y jueces, algunos interpretaron a la frase con signo de que se había alcanzado un pacto de impunidad
En la ruta se critica la cordialidad en que se han dado los encuentros protocolarios entre el presidente entrante y saliente, por más de que desde otro ángulo se levantaron las cejas cuando López Obrador anunció de cara a Peña Nieto la cancelación de la reforma educativa.
Algunos hablan, en paralelo, de lo que se ventila como luna de miel entre la élite empresarial y el presidente electo, al impacto del abrazo al presidente de Kimberly Clark México, Claudio X. González, el más activo en la campaña de 2006 en que se le ubicaba al candidato de izquierda como un peligro para México.
En las vueltas de la vida, el empresario buscaba la firma del presidente electo en uno de sus libros durante la reunión en el Club de Empresarios con el Consejo Mexicano de Negocios, mostrando lo portada para la foto, mientras la mayoría de los asistentes salían por la puerta trasera para eludir a la prensa.
Aunque a sotto voce, muchos empresarios medianos rumian aún por el video en que los grandes que habían exhortado a sus trabajadores a “razonar” su voto, ofrecían colaborar con el nuevo gobierno.
El abanico abarca desde el propio X. González hasta el presidente de FEMSA, José Antonio Fernández González, pasando por el de Lala y Aeromexico, Eduardo Tricio.
Y aunque se mantiene viva la promesa de revisar los contratos pactados por el gobierno actual de cara al nuevo aeropuerto y las concesiones otorgadas en materia de la reforma energética, la impaciencia quisiera conocer desde ya las irregularidades detectadas, cómo se empieza a hacer en torno al Congreso.
Más aún, hay prisa por saber la respuesta del nuevo gobierno frente al estado de las finanzas públicas ante los señalamientos de que la deuda está en nivel razonable y los fundamentos macroeconómicos se mantienen sólidos.
De hecho, en afán de no perder las formas en el proceso de transición, el próximo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa Macías, ha cancelado su presentación pública hasta el 1 de diciembre.
La desilusión por un posible borrón y cuenta nueva de cara a la actuación de los integrantes del actual gabinete, la alimenta el que López Obrador ha dejado fuera de la agenda los temas de corrupción e impunidad.
Sin embargo, sería temerario vaticinar que no habrá consecuencias por más que la tarea, en tal caso, la harán las instancias responsables, vía los canales adecuados.
Colocada a nivel de obsesión por el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, el fincarle delitos a su antecesor, Andrés Granier, su sexenio pasó de noche.
Así el bienio de Miguel Ángel Yunez en Veracruz, ocupado su tiempo en hundir al anterior, Javier Duarte.
La frase completa de Juárez decía: “La venganza no es mi fuerte; creo que los traidores podrían tomar el camino reivindicador”.
Balance general. Será el Colegio de México donde el ex subsecretario de Egresos de Hacienda, Santiago Levy, presente su nuevo libro Esfuerzos mal compensados en la búsqueda de prosperidad en México.
A tono con el título, el ex funcionario hace una fuerte crítica a la efectividad de los programas sociales del gobierno, en la continuación de un primer volumen denominado “Buenas intenciones; malos resultados”.
Uno de los puntos abordados apunta a que el seguro popular había fomentado informalidad dado que algunos micropatrones canjeaban la posibilidad por la inscripción de sus trabajadores al Seguro Social.
Levy termina en noviembre próximo su tarea como vicepresidente de Sectores y Crecimiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BIDI), lo que dio pauta a versiones de que se incorporaría al nuevo gobierno.
Lo cierto es que tendrá acercamientos con integrantes del equipo de transición, incluido el próximo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa Macías.
Aparece Germán. Después de un largo ayuno, a pretexto de que Andrés Manuel López Obrador no había sido declarado aún presidente electo, el martes se apareció por las oficinas del Instituto Mexicano del Segu ro Social el ex dirigente del Partido Acción Nacional, Germán Martínez, perfilado para ocupar la dirección general. La foto con el titular actual, Tuffic Miguel, circuló profesamente.
La designación había levantado críticas ante la falta de experiencia del que fuera también secretario de la Función Pública en la época del presidente Felipe Calderón.
Aunque las cifras se maquillan, el organismo presenta graves problemas financieros que reclaman una inyección multimillonaria de recursos públicos, toda vez que un posible incremento en las cuotas patronales es tabú. El escenario se agravará si, como se ha esbozado, desaparece el Seguro Popular, dado que la capacidad de atención está más que saturada.
Agenda con Romo. El pleno de ConMéxico, el organismo que aglutina a los principales fabricantes de alimentos y bebidas del país, encabezado por Manuel Martínez López, de Jumex, se reunió con el que será jefe de la oficina de la Presidencia del próximo gobierno, Alfonso Romo Garza.
De acuerdo con éste, la intención es alcanzar en alianza con las compañías y un crecimiento sostenido de la economía. El diálogo derivó en temas recurrentes como la corrupción, impunidad y desigualdad, además de lo endeble del Estado de derecho. El presidente del organismo ofreció colaboración.
Nuevos ponderadores. A partir de hoy y con cargo a los datos de la primera quincena del mes, el Inegi modifica su metodología de cálculo para medir la inflación, es decir, el Índice Nacional de Precios y Cotizaciones.
La canasta básica se incrementa de 283 a 294 productos, en paralelo a un ajuste de los ponderadores de los distintos componentes de la medición.
El escenario recoge recomendaciones de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional. Bajo el nuevo entorno se ubican como subyacentes los alimentos y bebidas y las mercancías no alimenticias además de los servicios y el rubro de educación y el de vivienda.
Como no subyacentes se colocan los productos agropecuarios, frutas y verduras, los pecuarios y los energéticos, además de las tarifas de servicios públicos.