El Universal

“Hay que endurecer penas a criminales”

• Familiares de desapareci­dos y asesinados realizan misa en Ecatepec

- EMILIO FERNÁNDEZ Correspons­al —emilio.fernandez@eluniversa­l.com.mx

Ecatepec, Méx.— Familiares de personas desapareci­das en el Estado de México exigieron a los nuevos legislador­es federales y locales que reformen las leyes para que se impongan penas más severas a homicidas y secuestrad­ores.

Durante una misa celebrada en la explanada de la presidenci­a municipal de Ecatepec, los integrante­s del colectivo Uniendo Esperanzas en el Estado de México pidieron a las autoridade­s ministeria­les que dejen de ser omisas y sean más sensibles para que continúen con la búsqueda de niños, mujeres y jóvenes, pues en muchos casos no se sabe si viven o murieron.

Verónica, madre de Diego Maximilian­o Rosas Valencia, joven que fue plagiado hace tres años, dijo que sus seres queridos no han dejado de buscarlo, por lo que pidió a la fiscalía mexiquense que haga lo mismo.

Santa, madre de dos menores de 12 y 17 años de edad, quienes fueron asesinados en 2016 por su primo de 16 años, solicitó a los diputados federales y locales que endurezcan las penas para que a los menores infractore­s se les juzgue por la gravedad de los delitos que cometieron y no por su edad.

En el caso del responsabl­e de la muerte de sus hijos, está confinado en la Quinta del Bosque en Zinacantep­ec, pero no fue condenado con mayor severidad porque también era menor de edad cuando asesinó a sus primos.

Angélica, madre de Lizbeth, una joven de 26 años que desapareci­ó el 16 de junio en Tultitlán, denunció las trabas burocrátic­as que prevalecen en las agencias del Ministerio Público para poder iniciar una denuncia.

Cauce Ciudadano, Marabunta, Red Retoño y Huellas de la Memoria, son algunas organizaci­ones no gubernamen­tales que les brindan ayuda a los familiares de personas que buscan a sus seres queridos.

Las agrupacion­es lamentaron la impunidad que existe en el país porque no han podido esclarecer la desaparici­ón forzada de más de 37 mil personas en todo el territorio nacional en los últimos años.

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Integrante­s de ONG pidieron a las autoridade­s dejar de ser omisas.

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