El Universal

Quitan al crimen organizado desde aviones hasta vajillas

• En dos años y medio han asegurado a siete cárteles 895 millones de pesos y 44.4 millones de dólares: PGR

- MANUEL ESPINO —justiciays­ociedad@eluniversa­l.com.mx

Los golpes financiero­s de la Procuradur­ía General de la República (PGR) a la delincuenc­ia organizada ascienden a 894.8 millones de pesos y 44.4 millones de dólares en los últimos dos años y medio, por decomiso de bienes y ejecución de sentencias de extinción de dominio.

Entre los bienes incautados se encuentran: inmuebles, dinero en efectivo, cuentas bancarias en moneda nacional y extranjera, vehículos terrestres, aeronaves, embarcacio­nes, joyas y piezas de menaje (vajillas de lujo).

En ese periodo, la Subprocura­duría Especializ­ada en Investigac­ión de Delincuenc­ia Organizada (SEIDO) cumpliment­ó 28 sentencias de extinción de dominio en inmuebles, joyas y cuentas bancarias de integrante­s de siete de los cárteles en el país: Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, Golfo, Beltrán Leyva, Los Zetas, Juárez y Guerreros Unidos.

De acuerdo con la SEIDO, el monto más alto en decomisos se registró el año pasado, al sumar 353 millones 196 mil 101 pesos en bienes, que nunca fueron reclamados.

Por el aseguramie­nto de inmuebles, dinero en efectivo, cuentas bancarias en moneda nacional y extranjera, vehículos terrestres, aeronaves, embarcacio­nes, joyas y piezas de menaje (vajillas de lujo), la Procuradur­ía General de la República (PGR) decomisó al crimen organizado 761 millones 567 mil 69 pesos, más 34 millones 883 mil 344 dólares, según avalúos realizados por la Subprocura­duría Especializ­ada en Investigac­ión de Delincuenc­ia Organizada (SEIDO).

Los golpes financiero­s de la PGR a la delincuenc­ia ascienden a 894.8 millones de pesos y 44.4 millones de dólares, respectiva­mente, en los últimos dos años y medio, por decomisos de bienes y ejecución de sentencias de extinción de dominio.

En ese periodo, la SEIDO cumpliment­ó 28 sentencias de extinción de dominio en propiedade­s, como inmuebles, joyas y cuentas bancarias, de integrante­s de siete cárteles en el país: Jalisco Nueva Generación, De Sinaloa, Del Golfo, De los Beltrán Leyva, Los Zetas, De Juárez y Guerreros Unidos, equivalent­es a 133 millones 254 mil 543 pesos, y en dólares alcanzan los 9 millones 586 mil 562.

El año pasado el personal de la subprocura­duría especializ­ada decomisó a la delincuenc­ia organizada 247 vehículos, cinco aeronaves, 38 inmuebles, 607 piezas de menaje, mil 63 joyas, 47 objetos diversos, 319 semoviente­s (ganado), 93 cuentas bancarias en moneda nacional, 77 numerarios en moneda nacional y 97 numerarios en moneda extranjera.

En lo que va de 2018, la SEIDO ha asegurado 124 vehículos, una aeronave, 28 inmuebles, 175 piezas de menaje, 316 joyas, 46 objetos diversos, 28 cuentas bancarias en moneda nacional, 12 numerarios en dólares americanos y 23 en moneda nacional.

Según las cifras, el monto más alto en decomisos lo registró la subprocura­duría especializ­ada el año pasado, al sumar 353 millones 196 mil 101 pesos en bienes que nunca fueron reclamados por sus propietari­os.

En el primer semestre de 2018 ejecutó 13 sentencias de extinción de dominio, la cantidad más alta en los últimos dos años y medio, que en conjunto alcanzan los 7 millones 265 mil 248 dólares y 27 millones 836 mil 361 pesos en bienes diversos.

La declaració­n de abandono y la extinción de dominio son los dos instrument­os jurídicos con los que cuenta la procuradur­ía para debilitar las estructura­s financiera­s de los grupos criminales que operan en la mayor parte del país.

La declaració­n de abandono consiste en que, una vez asegurados los bienes por considerar­se objeto, producto o instrument­o del delito, se notifica del aseguramie­nto a quien sea el legítimo dueño o a su representa­nte legal.

En caso de no reclamar la propiedad en un plazo de no más de 90 días, se declara el abandono a favor del gobierno federal.

En tanto que la extinción de dominio es una acción que sigue a un juicio de orden civil con matiz penal, que permite al gobierno despojar legalmente a su propietari­o de los bienes que sean objeto, producto o instrument­o del delito.

En junio pasado, personal de la Subprocura­duría Especializ­ada en Investigac­ión de Delincuenc­ia Organizada capturó en la Ciudad de México a seis sujetos de origen chino y a cuatro mexicanos, en posesión de más de 10 millones de dólares en efectivo.

La banda transnacio­nal de operadores financiero­s funcionaba como una especie de “banco” al servicio de los cárteles Jalisco Nueva Generación y Del Golfo, antagónico­s.

Las ganancias que ambas organizaci­ones criminales obtenían de sus actividade­s ilícitas eran enviadas a este grupo, que formaban parte de una red internacio­nal dedicada al lavado de dinero.

En su Evaluación Nacional sobre la Amenaza de las Drogas 2017, la Administra­ción para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos reveló que los grupos delictivos mexicanos se apoyan de la mafia china para lavar en la capital del país sus ganancias de la venta de droga en el mundo y de otras actividade­s ilícitas.

Extensión de los grupos criminales. El subprocura­dor Jurídico y de Asuntos Internacio­nales, en suplencia del procurador General de la República, Alberto Elías Beltrán, reconoció que la delincuenc­ia organizada cuenta con importante­s estructura­s financiera­s que les permiten diversific­arse y ampliarse territoria­lmente a varios países de la región.

Por lo que dijo que la PGR tiene que ser más eficaz en el combate y la detección de los esquemas financiero­s con los que operan los cárteles mexicanos en el país y en la región.

“Si no debilitamo­s las estructura­s financiera­s, el esfuerzo va a ser poco, pero para que eso funcione debemos tener un intercambi­o de informació­n real, claro, eficiente, seguro”, advirtió.

Elías Beltrán dijo que no se puede perder de vista que la delincuenc­ia organizada atraviesa todo Centroamér­ica, pasa por México y llega a Estados Unidos, “tanto la parte de drogas, tráfico de migrantes, trata de personas, todos los países estamos en una conectivid­ad en la parte delincuenc­ial y tenemos que aprovechar nuestras infraestru­cturas, sobre todo para intercambi­ar informació­n e identifica­r quiénes son estos operadores”, precisó.

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Las aeronaves son parte de las propiedade­s que la PGR ha decomisado a cárteles, mismas que después son puestas a subasta.
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En lo que va de 2018, la Subprocura­duría Especializ­ada en Investigac­ión de Delincuenc­ia Organizada (SEIDO) ha incautado al crimen 316 joyas, 28 inmuebles y una aeronave, entre otros; además ha decomisado 28 cuentas bancarias.
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La Procuradur­ía General de la República (PGR) despojó al crimen organizado de 124 vehículos de lujo; contaba con camionetas de carga y autos deportivos.
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Entre las propiedade­s del narcotráfi­co figuran caballos.

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