Palos de ciego en salud
Acusado el gobierno actual por el entrante de utilizar el presupuesto del sector salud como elemento de ajuste del gasto público ante la exigencia de las calificadoras de congelar o disminuir el crecimiento de la deuda pública, se plantea una herencia des
De acuerdo con el documento denominado Plan de transición al sistema único y público de salud 2019-2024, la Secretaría de Hacienda integró el presupuesto ignorando las leyes que fijan el monto de los recursos requeridos.
En el contexto se ha disminuido la posibilidad de contratar personal; se han congelado los salarios; se encarecen los insumos y medicamentos, y se ha descuidado el mantenimiento de las instalaciones.
La inversión en materia de infraestructura, naturalmente, ha sido mínima, y la puesta en operación de la nueva ha sido precaria, para no hablar de obras inconclusas, en un escenario en que la capacidad instalada contrasta con una población que crece y envejece con mayores necesidades de atención.
Frente a lo que se califica de violación del derecho a la salud, se plantea, como lo comentábamos ayer, una sacudida general en la mira de transformar el modelo de atención.
La meta sería llegar a un Sistema Único y Público de Salud.
El problema, sin embargo, a juicio de los expertos, es que el tratamiento está equivocado, confuso o parte de un escenario que ya no prevalece.
Así, aunque se habla de unificación de servicios de las instancias de salud como primera fase, se reconoce de entrada que el intercambio es muy restringido ante la sobrecarga de pacientes.
Y aunque se habla también de mayor participación privada, se reconoce desde un ángulo que ésta se ha concentrado en servicios como la hemodiálisis, pero desde otro se habla de revisar la subrogación de la práctica por parte del IMSS e ISSSTE.
Adicionalmente, se habla de revisar la subrogación con instituciones privadas en la prestación parcial de servicios y del régimen de reversión de cuotas con énfasis en quién presta los servicios, si se trata de la empresa o prestadores privados.
El marco, para entendernos, se da fundamentalmente en empresas instaladas en Monterrey a quienes, dado que ofrecen servicios médicos a sus trabajadores y pagan además las cuotas del IMSS, éste les devuelve la parte de lo que sería la protección de salud.
Así, aunque se habla de transformar el Seguro Popular, la infraestructura seguirá siendo la de las instancias de salud pública de las entidades federativas y la capital del país, y se mantendrá la transferencia de recursos a los gobiernos estatales, sin garantía de que éstos, como ha ocurrido, sean desviados a causas distintas.
El nuevo escenario disminuye el peso de los directores generales del IMSS y el ISSSTE para concentrar las decisiones y directrices en la Secretaría de Salud, sólo que se plantea que la infraestructura física pase a la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Hacienda.
La ruta habla de un nuevo mecanismo fiscal para lograr un presupuesto conjunto, es decir que no exista un mecanismo para el IMSS e ISSSTE, y otro para la población sin seguridad social laboral.
Se habla de un impuesto a la nómina, además de tributos sobre el tabaco, bebidas azucaradas, comida chatarra, alcohol y demás etcéteras, que se etiquetarían para salud.
La polémica está en la mesa.
Balance general. La llegada del ex titular de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo, a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda representa una bocanada de oxígeno en una oficina que pasó de noche en el sexenio.
Aunque la instancia se ahogaba en un mar de reportes de “operaciones sospechosas” por parte de los bancos, los distribuidores de automóviles, las joyerías y en general los comercios de artículos de gran lujo, el resultado final fue pírrico.
A la instancia, por ejemplo, le pasó de noche el escándalo desatado en Estados Unidos al descubrirse que el banco HSBC lavaba dinero del Cártel de Sinaloa, cuyos cargos finalmente fueron desestimados, aunque procedió una multa de 2 mil millones de dólares.
La tarea de la Unidad de Inteligencia Financiera apunta al descubrimiento de empresas fantasma, la vía por la cual se facilitó el saqueo del erario público por parte de gobiernos estatales y dependencias públicas.
Como usted sabe, Nieto Castillo fue despedido del cargo bajo acusación de infidencia justo cuando preparaba la consignación del expediente Odebrecht con el índice colocado en el uso electoral de los sobornos y el nombre de Emilio Lozoya incluido.
Favorito del rey. Involucrada en la protesta de Grupo Carso, del magnate Carlos Slim Helú, por el resultado de la licitación para el “Servicio de Comunicación Segura para el Acceso a Internet”, hete aquí que la Dirección de Tecnología de la Información de Petróleos Mexicanos ha favorecido a una de las empresas participantes en la licitación de la discordia.
Estamos hablando de Tecnologías de Información en América, que encabeza Oliver Fernández Mena.
La instancia, cuyo titular es Rodrigo Becerra Mizuno, le ha entregado contratos millonarios a los consorcios que encabeza.
Así, se le otorgó el número 4200133148 por 524 millones 590 mil pesos para la adquisición de equipos de comunicación, básicamente conmutadores telefónicos, de la marca Huawei. El documento se otorgó por la vía directa, sin justificación técnica alguna.
Cualquier fabricante habría cumplido los requisitos.
Lo curioso del caso es que la firma no tiene experiencia, dado que ha cumplido sólo pequeños contratos de red inalámbrica, por ejemplo para casas de la desarrolladora Geo, entre otros.
Marcas emblemáticas. En las celebraciones del centenario de la Concamin se realiza esta semana un seminario para analizar el uso del símbolos tradicionales del país como marcas comerciales.
El título es más que explícito: “lo relevante de los signos distintivos a nivel nacional e internacional”.
En el marco se abordarán resoluciones de la Suprema Corte como la relacionada con la frase-marca “Virgencita Plis”, la Virgen de Guadalupe como marca mercantil.
En la bitácora está el escudo nacional, el de la Ciudad de México, los colores patrios…
El evento alcanza también el marco de lo negociado en la materia el marco del “entendimiento comercial” bilateral de México y Estados Unidos con expertos del país del norte, aunque también de Canadá.
Certificación. Colocado por Petróleos Mexicanos como requisito para participar en licitaciones que las firmas interesadas estén certificadas nacional e internacionalmente en materia de cumplimiento de normas, una de las primeras en obtener el papelito es Blue Marine. La firma mexicana fundada hace 20 años por los hermanos Alfredo y Juan Reynoso Durand, integrada hoy al grupo Durandco, logró el reconocimiento como “Sistema Integrado de Gestión”, que abarca estándares en materia económica, social y ambiental.